La querella contra Zaplana intenta evitar que prescriba el delito fiscal

Antoni Such, portavoz adjunto socialista en las Cortes, justificó ayer la querella contra Eduardo Zaplana, Julio Iglesias y el consejo del Ivex porque la vía parlamentaria está "agotada" y porque quieren evitar que prescriba el presunto delito fiscal que el PSPV ve en los pagos al cantante por su colaboración como embajador de la Comunidad Valenciana. El portavoz del Consell, Alejandro Font de Mora, dijo que está "todo explicado" en las Cortes, pero aseguró no recordar en qué numero de Diario de Sesiones se puede comprobar.

Such compareció ayer en conferencia de prensa para justificar la querella por presunta malversación, falsedad y delito fiscal presentada el pasado martes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Eduardo Zaplana, Julio Iglesias, el ex consejero de Industria Diego Such, los integrantes del consejo de administración del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en el momento de la contratación y el representante del cantante, Luis F. Esteban. El diputado explicó que desde que en 1997 se anunció la decisión de contratar a Julio Iglesias, el Grupo Socialista ha intentado conocer la cuantía exacta de los pagos a través de "innumerables" actuaciones, preguntas, solicitudes de comparecencia e interpelaciones en las Cortes Valencianas. Y añadió que la respuesta del Consell y del PP ha sido siempre "el insulto, la descalificación y el deprecio más absoluto" que achaca a una forma de hacer política presidida por el "oscurantismo deliberado, la opacidad y la falta de transparencia" inspirada por el ex presidente Zaplana, a quien Such considera el "primer responsable" de lo sucedido.

La gota que colmó el vaso fue la respuesta del Consell a las preguntas tramitadas por el Grupo Socialista tras conocerse la existencia de un contrato B que elevaba a 990 millones de pesetas, libres de impuestos, los honorarios del cantante, que oficialmente fueron de 375 millones. Such, que afirmó que ese contrato "afloró" gracias a la crisis interna del PP valenciano, dijo que el Consell contestó de nuevo diciendo que estaba "todo explicado". Por eso, el PSPV "da por agotada la vía parlamentaria" y ha optado por la judicial. Además, justificó Such, la posible prescripción del presunto delito fiscal por el pago libre de impuestos al cantante "obligaba a tomar una decisión urgente".

El consejero de Presidencia y portavoz del Consell, Alejandro Font de Mora, compareció minutos después para "salir al paso de la situación que se pretende crear con esta querella". Según Font de Mora, los socialistas valencianos tienen "complejos incurables" respecto a los anteriores gobiernos del PP en la Generalitat y "no han digerido" que en esos años la Comunidad Valenciana saliera de la situación de "atonía" en la que se encontraba cuando llegaron los populares. El portavoz dijo que estamos ante un "querellazo pantalla" frente a la "situación obvia" de que las primeras decisiones del nuevo Gobierno central han paralizado "todas las cosas importantes" para los valencianos. Además, consideró que la sociedad valenciana valoró muy positivamente la colaboración de Julio Iglesias.

Font de Mora negó que el contrato B haya aflorado debido a la crisis del PP -el PSPV "sabe muy bien de dónde sale ese contrato, tienen el cajón y la llave", dijo- y aseguró que el Consell y el PP dieron en su momento toda la información sobre el asunto en las Cortes "de forma satisfactoria". Al señalarle que ningún representante del Consell ha reconocido nunca la existencia del segundo contrato ni que los pagos sumaran 990 millones, Font de Mora insistió en que sí que está todo explicado y recomendó a los periodistas que repasen el Diario de Sesiones de las Cortes. Pero al preguntarle en qué número de esa publicación -que recoge todas las intervenciones parlamentarias- se puede encontrar una explicación oficial del Consell acerca del contrato B y de los 990 millones, Font de Mora dijo no recordarlo.