"Queremos reformar la Ley de Reproducción Asistida lo antes posible"

Elena Salgado (Ourense, 1949) lleva apenas tres semanas en el cargo, pero ya ha decidido que no quiere "ser otra cosa que ministra de Sanidad". Discreta, de aspecto frágil y palabra firme, tiene que pilotar un área en la que España gasta el 7,5% de su producto interior bruto. Un porcentaje que se mantiene, con mínimas fluctuaciones, desde 1993.

Pregunta. ¿Seguirá sin crecer el gasto sanitario?

Respuesta. Es un compromiso electoral aproximar el gasto sanitario público a la media europea, lo que significa aumentarlo en un punto. Un informe de la OMS muestra que éste ha disminuido en términos relativos desde 1997 y ha crecido el gasto privado. El propósito del Gobierno es invertir esta tendencia.

"La población ha crecido, y si además queremos que las prestaciones mejoren, hay una doble razón para que aumente el gasto en sanidad"

"La información a los médicos debe ofrecerla una entidad independiente. Queremos un acuerdo con los laboratorios, pero nuestra posición es firme"

La clonación terapéutica "no debería prohibirse por razones religiosas, sino que deben tenerse en cuenta las estrictamente científicas y éticas"

"Limitar la fecundación a tres embriones atenta contra la salud de las mujeres. Es un proceso doloroso que deberíamos facilitar al máximo"

P. ¿En qué áreas?

R. Hay un compromiso de elaborar un plan de igualdad y calidad del sistema sanitario. Se trata de que todos los españoles tengan unas prestaciones sanitarias idénticas y de mayor calidad que las que tienen ahora.

P. La consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli, asegura que en los últimos años se han dejado de hacer inversiones necesarias en grandes hospitales. ¿Es extensible a toda España esta falta de mantenimiento?

R. Se percibe que algunos hospitales necesitan una modernización. Además, a todos nos parecía razonable hace 10 años que hubiera cuatro enfermos por habitación. Pero la calidad que exigimos ahora hace que se deba hacer una inversión adicional para pasar de cuatro enfermos a dos. El óptimo sería uno, pero eso es difícilmente alcanzable.

P. Algunos consejeros se quejan de que se evaluó mal el coste de las transferencias en 2002.

R. Me sorprende que a consejeros que hace seis meses les parecía todo perfecto ahora ya no se lo parezca. Dicho esto, creo que hay cosas que habrá que revisar, pero en conjunto se transfirió más dinero del que existía anteriormente.

P. Se ha producido un fuerte aumento de población en España debido a la llegada de inmigrantes. ¿Obliga ello a replantear las inversiones en sanidad?

R. No querría culpabilizar a los inmigrantes de las tensiones del sistema. Se están incorporando a nuestro tejido social y han de tener los mismos derechos. La población ha crecido, y si además queremos que las prestaciones mejoren, hay una doble razón para el aumento. Yo me coloco a la cabeza de esa manifestación: quiero que el gasto en sanidad aumente.

P. El aumento del gasto farmacéutico ha vuelto al 9,8%. ¿Qué va a hacer para controlarlo?

R. Me gustaría racionalizar el gasto con ayuda de las comunidades. Todos debemos saber que más medicamentos no significan necesariamente más salud; que el número de especialidades farmacéuticas en España triplica la media europea; y que los genéricos suponen el 5% del gasto farmacéutico, mientras que la media europea es del 20% y en Estados Unidos, del 80%.

P. ¿Qué pasará con el pacto con Farmaindustria de 2001?

R. El programa socialista señala que se considera concluido. Queremos llegar a acuerdos con la industria, pero no bajo esa forma de pacto con contrapartidas.

P. ¿Puede precisar cómo?

R. Queremos que los españoles tengan los mejores medicamentos y que se impulse la investigación. Pero el esquema, como estaba diseñado, tenía un componente perverso. Mediante el pacto se pretendía que el gasto no creciera por encima de una cifra. Y si crecía, parte de ese crecimiento servía para financiar la investigación. Los nuevos acuerdos con la industria disociarán crecimiento e investigación.

P. ¿Qué proponen?

R. El ahorro que se pueda conseguir con la moderación del gasto puede aportar fondos a la investigación. El gasto farmacéutico seguirá creciendo, pero se ha de lograr que no aumente por encima del producto interior bruto. Que no se incremente por incorporar especialidades más caras con mínimas mejoras.

P. ¿Cómo va a impedir que los nuevos fármacos sean tan caros?

R. Me gustaría llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para definir una política de genéricos. Además, la aprobación de especialidades por parte de la Agencia de Evaluación del Medicamento tiene que ser mucho más rigurosa.

P. ¿Qué papel tendrán los médicos?

R. No quisiera mostrar ninguna desconfianza hacia ellos. Creo que prescriben el fármaco más adecuado según la información de que disponen. Y ahí tenemos otra variable. Hay que objetivar la información. Debería suministrarla una entidad independiente, cuya imparcialidad nadie ponga en duda. Hay que superar que la única información que tienen los médicos sea la proporcionada por los laboratorios.

P. ¿Será el precio del nuevo medicamento proporcional al beneficio terapéutico que aporte?

R. Más que el precio, el margen. Hay que otorgar toda la credibilidad y toda la fortaleza a la Agencia de Evaluación del Medicamento para que nadie pueda dudar de su imparcialidad.

P. ¿Habrá copago?

R. Desde luego, no.

P. ¿Para cuándo ese sistema de información del medicamento?

R. Son ideas sobre las que aún no hemos empezado a hablar con la industria farmacéutica. La industria no puede estar interesada en que el sistema quiebre o en que los plazos de pago se alarguen. En todo caso, la industria debe saber que la posición del ministerio es muy firme.

P. Tampoco hay información sobre listas de espera porque hay comunidades que no la dan. ¿Cómo resolver este problema?

R. Hay problema cuando esos datos se utilizan políticamente, cuando existe desconfianza.

P. Es que hay 17 núcleos políticos.

R. Eso es verdad. Pero hay acuerdos posibles. Todos ganamos con un buen sistema de información. Sólo se puede actuar sobre datos reales. Y eso es lo que ahora me falta. Incluso sobre algo tan básico como la salud de los españoles.

P. La ley de cohesión de 2003 prevé precisamente la creación de una agencia de información.

R. Así es. Pero si se lee la ley con atención, el número de comisiones, comités y órganos intermedios que se crean excede lo manejable. Evidentemente no es económico esperar a otra ley, y por tanto trataremos de aprovechar los elementos que ahí aparecen.

P. Pues fue una ley aprobada por unanimidad.

R. Hay normas que se aprueban por unanimidad porque suman todas las peticiones, y así es fácil llegar a un acuerdo.

P. ¿Cómo resolver el problema de las listas de espera?

R. Se puede y se debe tener un objetivo. La propuesta socialista lo cuantifica en su programa. Hay que subrayar que el sistema está ahora bastante tensionado, sobre todo en los hospitales. Mi prioridad es trabajar en colaboración con las comunidades autónomas. Yo creo que lo que se estaba haciendo, que era trabajar frente a ellas, no tenía ningún sentido. Y hemos de tener actuaciones compartidas con el Ministerio de Trabajo. Algunos programas de atención a las personas dependientes es probable que moderen algo la tensión sobre el sistema hospitalario. También se ha de mejorar la organización para que los médicos no pierdan el tiempo con tareas burocráticas, incrementar las inversiones, dotar de más medios.

P. ¿También de personal?

R. En estos momentos hay una oferta pública de empleo que incorpora al sistema a muchos profesionales, que en buena parte están ya prestando servicio bajo fórmulas jurídicas distintas, pero no cabe duda de que su incorporación al sistema va a permitir organizar mejor el trabajo.

P. Es un proceso muy lento.

R. Yo también creo que va demasiado lento, pero no sé cómo incrementar el ritmo. La directora general correspondiente ya tiene instrucciones, y va a hacerme un informe.

P. Pasemos a la Ley de Reproducción Asistida ¿Está de acuerdo con la limitación de fecundar tres embriones en cada ciclo?

R. Esa limitación atenta contra la salud de la mujer. Son procesos dolorosos, incómodos, estresantes, y por tanto deberíamos tratar de facilitarlos.

P. ¿Cambiarán este precepto?

R. La ley establece que el ministerio elabore un protocolo de excepciones con la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, lo que permitirá aumentar el número de óvulos por ciclo. Nuestra intención es hacerlo lo más amplio posible. La comisión está convocada para la segunda quincena de mayo para examinarlo.

P. La ley limita la investigación a los embriones ya existentes. ¿Cambiarán esto pronto?

R. Ya nos gustaría, pero tiene que ser mediante otra ley. Queremos plantear una reforma de la ley en el plazo más breve posible. Pero los cambios no se pueden hacer en semanas.

P. La creación de un centro nacional de investigación con células madre embrionarias ha producido enfrentamientos entre Andalucía y Cataluña.

R. Hay que decir claramente que ese problema ha sido creado por una actuación del ministerio, y que hubiera podido no existir. Es un problema artificial que hiere sensibilidades de comunidades e investigadores. En fin, un lío.

P. ¿Cuál es la solución?

R. La solución es que tendremos centros trabajando en una red en la que no van a estar sólo Andalucía y Cataluña. Podrá estar el Karolinska [de Estocolmo], y otros. Es la ventaja de las telecomunicaciones: permite investigar en red con cualquier equipo solvente. Tenemos excelentes investigadores, y no tiene sentido enfrentarlos.

P. ¿Se refiere a Bernat Soria y Juan Carlos Izpisúa?

R. Sí. Ambos podrán trabajar en España con plena comodidad.

P. ¿Va a autorizar la clonación terapéutica?

R. Yo preferiría llamarla transferencia nuclear, porque hablar de clonación produce cierto reparo. Los científicos creen que la transferencia nuclear es una vía de investigación que debe abrirse, pero que no es urgente. Lo que no debería hacerse es prohibirla por razones religiosas, sino tener en cuenta las científicas y éticas. También tenemos que demostrar a la sociedad que podemos introducir garantías para que en ningún caso se sobrepase un umbral: la implantación en el útero.

P. ¿Y el aborto en las 12 primeras semanas de gestación?

R. Ése no es un problema sanitario. Cuando la sociedad y el Parlamento decidan introducir el cuarto supuesto, el sistema sanitario estará a disposición de las ciudadanas que quieran usarlo.

P. Pero la mayoría de los abortos no se hace en centros públicos.

R. No se hacen, pero el sistema está preparado. Otra cosa es que los facultativos tienen derecho a la objeción de conciencia.

P. ¿Pero hay tanta objeción?

R. No lo sé. Cuando una examina las estadísticas ve que la mayor parte de las interrupciones se producen en el ámbito sanitario privado. A lo mejor es tan sencillo como que ahí la primera consulta con el ginecólogo se tiene al día siguiente, y en el sistema público hay que esperar.

P. ¿Y las operaciones de cambio de sexo en transexuales?

R. Sinceramente, ése es un tema que no he estudiado. No me parece que sea una componente de gasto importante. No lo ha sido en Andalucía y seguramente no lo será en otros sitios. Las comunidades deben decidir si se incorpora al sistema de prestaciones, pero no me parece que sea tan importante.

P. ¿Qué otra novedad destacaría en el ministerio?

R. El paso del Plan Nacional sobre Drogas de Interior a Sanidad. Indica un cambio de orientación importante. Lo que debemos hacer es que no haya más personas, sobre todo jóvenes, que se inicien en el consumo antes de ser responsablemente adultas. A las que ya se han iniciado, hay que ofrecerles ayuda para que puedan abandonarlo; y a las que han fracasado con otros tratamientos, hay que ofrecerles una calidad de vida para que sigan formando parte del cuerpo social y no tengan que delinquir.

P. ¿Qué le parecen los ensayos de Andalucía y Cataluña de dispensación de heroína?

R. Cuando ya no hay otra opción, a esas personas hay que proporcionarles unas condiciones en las que su dignidad no se vea disminuida día tras día. Me parece un ensayo que hay que considerar con atención.

P. ¿Alguna prioridad más?

R. Consumo. Es el gran olvidado. Ahí la sociedad civil no se ha manifestado, pero no se ha manifestado porque no le ha visto utilidad. Nuestra idea es que los consumidores puedan canalizar sus protestas a través de una organización a la que de verdad prestemos atención.