Coherencias e incoherencias

Una de las incoherencias de la ciudadanía señaladas más frecuentemente por los políticos es la que relaciona demanda creciente de servicios y prestaciones con reticencia al aumento de impuestos. A ese clásico se ha añadido más recientemente el querer contar con cárceles, depósitos de residuos, hospitales o tanatorios, pero rechazar totalmente su instalación en las cercanías del propio domicilio. Y podríamos ir siguiendo con ejemplos de incoherencia entre nuestra contradictoria posición de automovilistas o de peatones, o el disgusto ante la bronca nocturna que perturba el descanso y nuestra propia conducta al salir una noche de esas. Las contradicciones son frecuentes, y resultan más o menos tolerables según el tamaño de las mismas y el grado de autotolerancia con el que cada uno logra transitar.

Si hablamos de coherencias e incoherencias de nuestras instituciones públicas o privadas las cosas se parecen, pero precisarían ser colocadas en otra escala de análisis. Lo que resulta más o menos tolerable si hablamos de personas físicas, lo es mucho menos cuando nos referimos a personas jurídicas o instituciones públicas que acostumbran a operar con programas, objetivos, normativas, publicidad y declaraciones formales de intenciones. En el mundo de las empresas se habla cada vez más de ética empresarial y de responsabilidad social corporativa. Se habla de ello e incluso se crean departamentos específicos al respecto, al proliferar y extenderse la sensación social que para hacer marchar los negocios no todo vale. Sobre todo cuando la sociedad está cada vez más informada y puede ir tomando decisiones de consumo a partir de la coherencia que percibe entre mensajes de publicidad, conducta esperada y la a menudo dura realidad que exponen y denuncian algunas organizaciones preocupadas por la extensión de los derechos civiles y laborales por el mundo. Estos días están siendo señaladas notables incoherencias entre los valores que proclama el Fórum de las Culturas y las actividades de algunas de las empresas que le han brindado su apoyo financiero. Sostenibilidad, paz y diversidad cultural son conceptos suficientemente amplios y de aceptación tan generalizada que resulta difícil no estar de acuerdo con ellos. Por ello, las incoherencias entre esos valores y las prácticas directas o indirectas de esas empresas son relativamente fáciles de desenmascarar. Evidentemente, no es lo mismo financiar atletismo o baloncesto que dialogos por la paz, sobre todo si te dedicas a actividades que no casan precisamente con el tema.

La Generalitat, nuestras diputaciones y ayuntamientos y en general las instituciones públicas deberían asimismo ir afinando la sintonía entre mensajes y valores que difunden y normativas que lanzan para que el resto de los mortales cumplamos, y lo que en su interior practican. No se trata de ninguna llamada a la disciplina protestante o al ascetismo integrista. Se trata simplemente de no ir por el mundo mandando que los demás hagan cosas que la institución que lanza las consignas no toca ni por el forro. Puestos a no generalizar, centrémonos en los asuntos ambientales. ¿Cómo vamos de buenas prácticas ambientales en el interior de nuestras beneméritas instituciones representativas? La impresión no es muy buena. En la Generalitat los actuales ocupantes no llevan demasiado tiempo y disponen de una breve dispensa para ponerse las pilas, pero si hacemos caso de lo que hicieron los unioconvergentes en sus 23 años de gobierno, la distancia entre las proclamas medioambientales y las prácticas internas era y sigue siendo muy notable. De hecho, no me consta ni figura en la web institucional iniciativa alguna que trate de ambientalizar la Administración autonómica, y me temo que no hay un solo departamento, negociado o agencia de la Generalitat que pasara una de las auditorías ambientales que la misma institución alienta.

Los ayuntamientos tampoco presentan un panorama muy halagüeño. Son muy pocos los que practican lo que piden a sus ciudadanos, y así no hay quien logre hacer cambiar los hábitos de la gente. Ya podemos quejarnos de que estamos lejos de las cifras que nos comprometimos a alcanzar en recogida selectiva de residuos si los primeros que incumplen son las propias instituciones. Aquí y allá los municipios impulsan experimentos de energía alternativa, de compostaje o de reducción del consumo de agua, pero en sus dependencias o en sus políticas de compra la consistencia entre los valores que afirman sostener y sus prácticas no es nada evidente. La propia Diputación de Barcelona, si bien ha creado, junto con los ayuntamientos de su xarxa, un interesante sistema de indicadores de sostenibilidad, no ha dedicado ninguno de ellos a medir el grado de ambientalización interna de cada Administración local.

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho tímidos pero significativos avances. Después de presiones sociales para que al menos cumpliera parte de los compromisos de la Agenda 21, presentada solemnemente, se avino a comprar sólo madera certificada en sus contratas. Es asimismo destacable que al menos en un rincón de su misma página web (www.bcn.es/agenda21/oficinaverda) publiciten el nivel verde de sus dependencias y actividades. No es habitual y es de agradecer que una institución pública se retrate ante sus ciudadanos. Así puede comprobarse que si bien el uso del papel reciclado ha pasado del 7% en 2002 al 50% este año, ese avance no es ni mucho menos uniforme. Mientras que el distrito de Sants-Montjuïc, o los institutos de hacienda o educación superan el 80%, los servicios de urbanismo, el distrito de Sant Andreu o el instituto de paisaje urbano no llegan al 20%. La web nos informa también de que si bien un pleno del Ayuntamiento decidió promover el uso de productos procedentes del comercio justo, hasta ahora sólo sabemos que en 52 dependencias municipales usan café de esa procedencia.

Evidentemente, si la primera empresa de la ciudad por volumen de recursos y empleados no cuida estos aspectos, sus declaraciones institucionales seguirán gozando, para ser suaves, del beneficio de la duda. Sin ánimo de exigir la coherencia integral, admitamos al menos que deberíamos mejorar la relación entre lo que proclamamos y lo que diariamente hacemos. En eso las instituciones también deberían dar ejemplo.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.