Aguirre da vía libre a Gallardón para iniciar la reforma de la M-30

Después de tres meses de incertidumbre, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, salvó ayer su principal obstáculo para iniciar las obras de reforma de la M-30: la presidenta regional, Esperanza Aguirre, decidió eximir al Ayuntamiento de la obligación de someter el proyecto a una declaración de impacto ambiental, después de estudiar el dictamen emitido por el Consejo de Estado al respecto. A cambio de librarse de ese trámite, que habría retrasado los plazos de ejecución durante varios meses, el Ayuntamiento deberá cumplir 28 "condicionantes medioambientales".

La concejal de Urbanismo de Ruiz-Gallardón, Pilar Martínez, compareció eufórica a última hora de la tarde para anunciar que acababa de recibir la comunicación del consejero de Medio Ambiente y que la obra de la M-30 ya tenía luz verde. "Los requisitos que ha puesto la Comunidad son recomendaciones, no una orden, pero estamos encantados de cumplirlos", señaló Martínez.

Esperanza Aguirre esgrimió, para justificar su decisión, el dictamen del Consejo de Estado que se hizo oficial a media mañana, y que no era vinculante. Este informe concluye que, cuando la M-30 cambió de titularidad el pasado 4 de marzo -el Ministerio de Fomento se la cedió al Ayuntamiento de Madrid- cambió también su naturaleza jurídica: dejó de ser una "carretera" para convertirse en una "vía urbana", una calle cualquiera. Y ese cambio en el nombre significa, según el dictamen, que ya "no es necesario" someter a declaración de impacto ambiental las obras que se acometan en la vía.

Ruiz-Gallardón no tiene aún el camino plenamente despejado para iniciar su proyecto más ambicioso. Falta ahora la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que debe pronunciarse sobre las obras previstas en el tramo del río: el soterramiento de seis kilómetros de la M-30 bajo el Manzanares.

El alcalde y sus concejales pasaron todo el día de ayer pendientes de la confirmación de una noticia que había sido adelantada por los principales medios de prensa escrita, y que no fue corroborada por la Comunidad de Madrid hasta pasadas las seis de la tarde: el Consejo de Estado, a quien Esperanza Aguirre había pedido opinión, daba finalmente la razón al Ayuntamiento y respaldaba sus tesis sobre la legalidad de eximir la obra de la M-30 de la evaluación ambiental.

La presidenta regional acudió a las nueve de la mañana al programa El Círculo a primera hora, de Telemadrid, cuando el dictamen aún no era oficial: "No lo hemos visto. Son filtraciones o asunciones periodísticas. Pero, sí es así, facilitaremos que el Ayuntamiento pueda empezar cuanto antes esta obra. En absoluto la Comunidad quiere paralizarla. La duda es si al cambiar la titularidad de la M-30 cambia también su naturaleza jurídica. Si es así, no hará falta el informe [de impacto ambiental], aunque sí los condicionantes medioambientales", puntualizó Aguirre.

Más tarde, con el dictamen ya en la mano, el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, comunicó verbalmente y por fax al gobierno municipal que la Comunidad había decidido eximirle del trámite de la declaración de impacto, imponiendo a cambio 28 "condicionantes medioambientales" a la obra. "Hemos determinado que, tal y como dice el Consejo de Estado, no es necesario realizar declaración de impacto en este caso, porque las obras no se hacen sobre una carretera sino sobre una vía urbana. Pero la protección del entorno estará garantizada, en la zona del río y en todo el perímetro de la M-30", aseguró Zabía.

Estudios previos

Los condicionantes que ha impuesto Medio Ambiente -nueve estudios previos al inicio de los trabajos y otros 19 requisitos durante el tiempo de ejecución de la obra- van desde la realización de informes hidrogeológicos, de contaminación acústica y atmosférica y de afección al tráfico hasta planes especiales para garantizar el mantenimiento del caudal del río, la "revegetación" de la zona y la construcción de pantallas acústicas contra el ruido.

Además, las obras tendrán que contar con un "director ambiental" y el Ayuntamiento deberá entregar cada trimestre un informe de balance de los trabajos. "Haremos un seguimiento exhaustivo de todo el proceso", aseveró el consejero Zabía. De esos "condicionantes medioambientales" ya habló Esperanza Aguirre el pasado 12 de febrero en la Asamblea de Madrid, cuando fue preguntada por IU sobre los límites que pensaba poner al proyecto del alcalde. Han hecho falta dos meses y medio para volver al mismo sitio, aunque los ocho requisitos de entonces se han convertido ahora en casi tres decenas.

Superado el fantasma de la declaración de impacto, el enemigo a batir para el gobierno municipal es ahora la Confederación Hidrográfica del Tajo, que puede paralizar, al menos durante unas semanas, la parte más emblemática del proyecto: el soterramiento de la M-30 bajo las riberas del Manzanares. El río está bajo jurisdicción de las autoridades medioambientales del Gobierno central, y la Confederación debe autorizar cualquier obra en su entorno.

Según dijo ayer el concejal socialista Félix Arias, si no hay declaración de impacto por parte de la Comunidad es la propia Confederación del Tajo la que debe iniciar un proceso garantista: pedir al Ayuntamiento estudios sobre la afección de la obra al río, sacar a información pública los proyectos correspondientes a ese tramo -durante un periodo de al menos 20 días- y presentar alegaciones. Arias confía en que el organismo estatal sea "riguroso" con este procedimiento.

Pero la concejal de Urbanismo aseguró más tarde que espera la autorización definitiva de la Confederación con "total tranquilidad". "Esta parte del procedimiento ya es un mero trámite. Lo importante era lograr la exención de la declaración de impacto, y está conseguida", afirmó Martínez sin contener su satisfacción. "Nuestros técnicos han estado trabajando durante este tiempo con los de la Confederación del Tajo, y hemos puesto a su disposición todos los detalles de la obra que nos han ido pidiendo. Sinceramente, creo que están encantados con el proyecto y lo van a respaldar".