El Consejo de Estado exime de informe ambiental el soterramiento de la M-30

El Consejo de Estado, un órgano asesor de la Administración autonómica y central, llegó ayer a la conclusión de que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, no tiene por qué someter el soterramiento de parte de la M-30 a declaración de impacto ambiental, según fuentes próximas a esta operación. Este órgano, cuyas decisiones no son vinculantes, estima que, a tenor de la legislación medioambiental, no es necesario que la Comunidad exija un procedimiento de evaluación ambiental antes de que el Ayuntamiento inicie las obras de soterramiento de la M-30 entre el puente del Rey y el nudo sur (el tramo que afecta al Manzanares).

Es el Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, el que tiene la competencia para eximir o no a esta obra de una declaración de impacto. Ese trámite, que cuando Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad fue impuesto a 500 proyectos, podría significar un retraso de hasta dos años en la que es una de las propuestas estrella del ahora alcalde: el soterramiento de la M-30.

El pasado febrero, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento firmaron un convenio por el que la autovía, que hasta ese momento era de propiedad estatal, pasaba a manos municipales. En ese convenio se define la carretera como "vía urbana" de la capital. Esta nueva denominación significa, según sostiene el Ayuntamiento, que para actuar en la M-30 no es necesario pasar el trámite de la declaración de impacto.

En un principio, Aguirre se mostró remisa a eliminar ese trámite: "Haremos lo que dicte la ley", manifestó. Sin embargo, más tarde tomó en consideración el cambio de titularidad de la vía para ayudar a su compañero de partido, y desde el entorno de la presidenta se sugirió que finalmente eximiría de declaración al proyecto para que el alcalde pudiera tener enterrada la M-30 antes de 2007, como prometió.

Aun así, el Ejecutivo de Aguirre envió una consulta al Consejo de Estado para que éste se manifestara al respecto. Ayer, el organismo asesor dictaminó que, conforme a la legislación vigente, no es necesario este trámite. La presidenta regional tendrá que decidir ahora si se apoya en esta decisión del órgano consultivo o la ignora. Aun así, la presidenta regional ya ha asegurado que impondrá "condicionantes medioambientales muy duros".

A la vista de las intenciones del Gobierno regional, el grupo municipal socialista consultó con la Unión Europea. La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, envió una misiva a los socialistas en la que señala que las autoridades españolas son competentes para conceder esa exención a ciertos proyectos de obra, pero sólo cuando concurren "circunstancias excepcionales", cumpliendo "ciertos requisitos" e informando previamente a la UE.

Horas antes de que el Consejo de Estado se reuniese a deliberar, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Manuel Cobo, había declarado: "Respetaremos el dictamen cuando se produzca, pero no es vinculante". Y añadió: "Yo no sé si todo el mundo es consciente de que este proyecto aporta soluciones que regenerarán la ciudad. Necesitamos apoyo y ayuda para llevarlo a cabo, no que se nos ponga un problema para cada solución. Cuando esté terminado, los madrileños se preguntarán por qué se pusieron tantos problemas a esta obra".

La resolución del organismo asesor de la Comunidad se produce ocho días después de que el gobierno municipal decidiera sacar a información pública los proyectos de obra de la M-30. Aunque la realidad es que sólo 10 de los 15 planes de obra están expuestos a la consulta ciudadana. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y su concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, presentaron la semana pasada los 15 proyectos, y anunciaron un periodo de información pública de 20 días hábiles (hasta el 20 de mayo, de lunes a sábados y de 9.00 a 14.00) para que ciudadanos y asociaciones pudieran consultarlos al detalle y hacer alegaciones. A día de hoy, sólo 10 están expuestos en la Gerencia Municipal de Urbanismo (calle de Guatemala, 13).

"En estudio"

El resto, incluidos los que afectan al río, no han salido a información pública porque, según dice ahora Urbanismo, "no están terminados". Cuatro de estos proyectos serán expuestos "en las próximas semanas", y el quinto -la remodelación del arco este entre el nudo de Manoteras y el nudo sur- no está ni siquiera iniciado, sino simplemente "en estudio".

Los cuatro proyectos que "aún no están terminados" se encuentran, precisamente, entre los más polémicos, porque sobre ellos pesa la incógnita de si serán paralizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todos afectan al río Manzanares: se trata del soterramiento de la M-30 entre el puente del Rey y el de San Isidro, una actuación idéntica entre el puente de San Isidro y el de la Princesa, el soterramiento de la avenida de Portugal hasta la glorieta de San Vicente y la conexión subterránea entre Embajadores y la M-40.

Sobre todos esos proyectos debe pronunciarse la Confederación del Tajo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y que podría paralizar el inicio de las obras si considera que requieren una declaración previa de impacto ambiental y el consiguiente periodo de información pública, presentación de alegaciones y reelaboración de los proyectos de obra.