A desgubernamentalizar

Estamos ante "el principio del fin de la televisión de partido, en el camino hacia una televisión pública independiente y de calidad", según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Habrá que subrayar en rojo ese compromiso, y recordárselo al Gobierno las veces que haga falta, porque la reforma del modelo de radiotelevisión pública que se pone en marcha es de gran calado. Lo que está en juego es la voluntad de desarrollar un modelo que justifique su financiación pública.

El nombramiento en su primer Consejo de Ministros de una persona independiente, la catedrática Carmen Caffarel, como directora general de RTVE tiene carácter provisional; permanecerá en el cargo hasta que se elija un director o directora de acuerdo con los criterios que establezca el nuevo Estatuto de RTVE, aprobado siguiendo las propuestas del comité de expertos que también designó el Gobierno el viernes, y que presidirá Emilio Lledó.

Se trata, por tanto, de poner en marcha un mecanismo de cambio del modelo, según las pautas recogidas en el programa electoral del PSOE. El modelo actual ha acabado por incorporar lo peor de los sistemas existentes en otros países. Por una parte, su definición como servicio público le lleva a tener que realizar actividades no rentables, lo que compensa compitiendo con las privadas en terrenos impropios, sin desdeñar la telebasura. Por otra, el sistema de elección de su director general y del Consejo de Administración favorece la utilización de ese servicio público como instrumento al servicio del Gobierno en plaza. El resultado ha sido la pérdida de credibilidad informativa, la degradación de los contenidos, el endeudamiento descomunal (de 6.600 millones de euros) y la doble financiación, con efectos distorsionadores del mercado.

No se trata de juicios subjetivos. Hay sentencias de la Audiencia Nacional, resoluciones de la Comisión Europea y hasta votaciones del Parlamento Europeo que avalan esas acusaciones. Esos males se potencian entre sí. Por ejemplo, el sectarismo progubernamental lleva a que cada vez que hay cambio de Gobierno (o incluso de política gubernamental) se cambie el organigrama de RTVE de arriba abajo, lo que en la práctica supone aumento de los costes salariales, relativización de los criterios profesionales, infrautilización del personal, desmoralización interna... y creación de condiciones para que el ciclo se reproduzca indefinidamente.

Todo ello es tan conocido que, desde hace años, la propuesta de cambiar las cosas forma parte de los programas de casi todos los partidos. Esas promesas son olvidadas en cuanto el partido que las hace llega al Gobierno, ya sea el central o alguno de los autonómicos con televisión propia. El control de este medio ha llegado a ser considerado una prima concedida al vencedor.

¿Hay alguna posibilidad de que ahora no ocurra lo mismo? De momento, Zapatero ha cumplido su compromiso de nombrar una directora independiente. Algo que de entrada también hizo Aznar, aunque enseguida rectificó, y con la diferencia de que ahora no se trata sólo de poner orden en las cuentas y, por otra parte, de que el nombramiento es transitorio: en nueve meses el comité de expertos deberá tener lista una propuesta de nuevo Estatuto de RTVE que incluya un procedimiento de elección parlamentaria, por mayoría cualificada, del director general. Si la propuesta recoge lo planteado en el programa electoral del PSOE, el mandato no coincidirá con la legislatura, para acentuar su desvinculación con los vaivenes de la política. Todo ello requerirá un esfuerzo de consenso, que sin duda se verá favorecido por la actitud que en los próximos meses acredite la sinceridad del compromiso de desgubernamentalización de la televisión pública: para ello, bastará con ver los telediarios.