Los jueces avalan la rescisión del contrato de la gestión de multas del Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia en la que entiende que el Ayuntamiento actuó conforme a derecho cuando decidió resolver el contrato de gestión y cobro de multas de tráfico a la empresa Electrónica Data Sistems (EDS). El Ayuntamiento resolvió el contrato tras detectar irregularidades e infracciones en la gestión de las multas que encomendó a esta empresa. Los jueces consideran también correcta la incautación de la garantía de 480.000 euros que había depositado EDS al hacerse cargo del servicio.

El tribunal resuelve así los recursos interpuestos por EDS contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid de 27 de mayo de 1997, que desestimaba la reclamación de daños y perjuicios presentada por EDS.

Según la sentencia, el 22 de diciembre de 1995, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano, el pleno aprobó el pliego de condiciones para la privatización del cobro y gestión de multas. EDS subcontrató el servicio con las firmas Cibernos SA y Barcelona de Servicios de Cobro (Servico) en septiembre de ese año.

En ese mismo mes, el Ayuntamiento detectó miles de deficiencias. Se analizaron 73.658 notificaciones de sanción y se detectaron irregularidades graves en casi todas ellas. Por ejemplo, se constató que un mismo notificador y sus testigos figuraban en lugares alejados entre sí el mismo día y a la misma hora. Igualmente, los servicios municipales descubrieron que se falsificaban firmas de testigos de las supuestas infracciones, entre otras irregularidades.

Por este motivo, el 2 de octubre de 1996, EDS rescindió, a instancias del Ayuntamiento, la subcontrata a Servico y asumió directamente la notificación. Posteriormente, el Consistorio abrió un expediente a EDS. Como consecuencia de las irregularidades, el Ayuntamiento decretó el archivo de los 73.282 expedientes sancionadores y de sus multas anejas, que ascendían a más de 4,8 millones de euros. Finalmente, optó por rescindir el contrato a EDS. Los jueces entienden que la decisión se ajustó a derecho.