Macià autoriza la construcción de 3.200 viviendas en Arenales del Sol tras aceptar las correcciones de Costas

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche, del PSPV, dio ayer el visto bueno definitivo al polémico proyecto de construcción de 3.200 viviendas en la costa de Arenales del Sol (AR-1), suspendido en septiembre por el equipo de gobierno después de que la Dirección General de Costas rechazara el proyecto y el gobierno local aceptara algunos errores.

El último trámite pendiente se materializará con nueve meses de retraso en el próximo pleno del lunes, donde el proyecto urbanístico más importante de Elche recibirá el visto bueno definitivo. El concejal de Urbanismo ya anunció que las obras en este área se podrán iniciar a partir del próximo mes de mayo.

Los votos del equipo de gobierno socialista sirvieron ayer para aprobar en la Comisión los últimos pasos para la tramitación urbanística, la resolución de los recursos de reposición presentados por particulares y la convalidación del acuerdo plenario sobre la reparcelación en este sector. El PP votó ayer en contra del proyecto de reparcelación y se negó a votar sobre la admisión o no de los recursos de reposición. Por su parte, la representante de EU votó en contra del proyecto.

La comisión aceptó ayer cuatro de las cinco alegaciones presentadas al proyecto y rechazó la tramitada por los familiares de la edil socialista, Francisca Sabater. El Ayuntamiento no aceptó el recurso de reposición presentado el pasado año por Juan Campillo Sabater, familiar directo de la edil, que reclamaba en el área de reparto cerca de 58.000 metros cuadrados.

El proyecto de Arenales del Sol fue anulado en el pleno de septiembre después de que Costas señalara varios errores en la tramitación del proyecto. La Dirección General detectó una parcela de 1.807 metros cuadrados incluida en el área de reparto, que invadía la línea marítimo-terrestre por su proximidad a la playa. La Administración central también criticó la cuenta de liquidación provisional del plan parcial que atribuía 35.187,34 euros por la ocupación de unos terrenos de propiedad pública, además de resaltar otro serie de errores técnicos en los planos.