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Reportaje:

Mezquitas, apertura o tradición

El control de los imames depende de las entidades impulsoras de los templos valencianos en los que dirigen la oración

"Quien paga manda". Ésta es la respuesta más frecuente entre las entidades islámicas consultadas por este diario a la pregunta de quién está detrás de los nombramientos de los imames. Y explica la crisis abierta en la principal mezquita de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Valencia cedió al Centro Islámico en España (CIE) en 1987 un solar para construir un "centro islámico cultural". Gracias a fondos fundamentalmente kuwaitíes, canalizados por el CIE, se levantó un edificio con mezquita, biblioteca, madrasa, salón de actos y despachos. En 1994 comenzó a funcionar, y se gestionó a través del Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV), una asociación que fue desvinculándose progresivamente del CIE y ganando peso hasta erigirse como interlocutores de la Administración. Pero el propietario de las instalaciones siguió siendo el Centro Islámico Español, la entidad que el martes quiso hacer evidente su control sobre el edificio cambiando las cerraduras y tirando tabiques para ampliar la mezquita. Entonces, la soterrada disputa de poder entre las entidades saltó a primer plano.

Un registro oficioso del año 2002 suma 24 mezquitas en el territorio valenciano

En la mezquita, sin embargo, el CIE nunca cedió su control, al instalar desde el principio a Abderahim Tawil, un imam sirio. El centro islámico valenciano, especialmente tras una ausencia de siete meses de Tawil, contó con otros dos imames, pero, al volver, este religioso que tras diez años de estancia en Valencia no habla el castellano, reivindicó su jerarquía y en el conflicto de la semana pasada se puso del lado de los propietarios del solar.

En la década de 1980 y 1990 fue relativamente frecuente la cesión de solares a las comunidades musulmanas para que levantaran sus templos. Pero quien realmente se quedó con los terrenos y edificios fueron las entidades que las construyeron, generalmente impulsadas por los mismos que facilitaron las inyecciones económicas, casi todas, provenientes de los países del Golfo, que han sido las que han mantenido el control sobre los imames, como explica Abdennur Prado, secretario de la Junta Islámica, una entidad de musulmanes españoles impulsora de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Es el caso de la mezquita de la M-30 de Madrid, o la de Fuengirola, en Málaga -famosa por las críticas feministas vertidas contra su imam- , financiadas por donaciones de Arabia Saudí, país que controla su funcionamiento.

En este contexto se situó la creación de la mezquita de Valencia, un centro que se había distinguido por su aperturismo en sus actividades sociales, culturales o educativas -estaba prevista una reunión de la asamblea para adecuar sus estatutos a la Ley de Asociaciones "que incluso hubiera permitido la inclusión de socios no musulmanes", señalan desde la entidad- pero cuyo control religioso seguía bajo el celo de sus propietarios.

La gran mezquita de Valencia es una excepción en el mapa musulmán de la Comunidad Valenciana. Cualquier bajo comercial sirve para improvisar un oratorio y cualquier fiel puede hacer de imam, que no es más que dirigir el rezo. Estas condiciones facilitan la existencia de numerosos locales de oración sobre los cuales apenas hay control. No existen registros oficiales, según admiten miembros de las comunidades islámicas. Hay un listado oficioso, elaborado por el Centro Cultural Islámico que, a la gran mezquita de Valencia, suma otras tres medianas -en Alicante, Castellón y otra en Valencia cercana a la Avenida del Puerto- y 20 más repartidas por las tres provincias. Sin embargo, el estudio se realizó en 2002, por lo que a fecha de hoy debe estar desfasado, como señalan sus autores. Otro recurso orientativo para hacerse una idea de los centros islámicos existentes es el Registro de Confesiones Minoritarias del Ministerio de Justicia. Allí se incluyen nueve comunidades islámicas en la provincia de Alicante, dos en Castellón y tres en Valencia; es decir 14, lo que supone diez menos que el listado elaborado por el CCIV en 2002. Pero además, no están todas las que son: "Hay muchas no inscritas en ningún registro y otras en el de asociaciones culturales", comentan desde las asociaciones islámicas. El control de estos locales de oración están bajo sus propietarios y apenas se han registrado problemas. En Alicante, la junta directiva de la Comunidad Musulmana elige al imam, un palestino que lleva cuatro años, informa Rebeca Llorente. En Valencia, la mezquita del puerto la gestiona un grupo de ciudadanos de origen sirio que se turnan como imames, comentan desde una asociación de inmigrantes magrebíes. Al frente de la mezquita del barrio de Russafa de Valencia hace varios años hubo un imam argelino "bastante radical" que hizo que los fieles la abandonaran y que llegó a estar detenido, según las mismas fuentes. Tras los problemas, la comunidad lo sustituyó por un marroquí "bastante abierto".

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Para acabar con la falta de control sobre imames y mezquitas, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España solicitó recientemente la constitución de un consejo islámico elegido democráticamente encargado de aprobar las mezquitas y supervisarlas. A ello se sumaron la semana pasada asociaciones de inmigrantes marroquíes y argelinas valencianas, al pedir un consejo autonómico, capaz de mediar entre los conflictos que puedan surgir.

Un origen trágico

La Comunidad Islámica en España fue una de las primeras "si no la primera" entidad islámica en organizarse en España en los primeros años de la década de 1980 recién devuelta la libertad religiosa, como apuntan desde la Junta Islámica. Gracias a ello, pudo canalizar la solicitud que la Casa Kuwaití Al-Zaká remitió al Ayuntamiento de Valencia para contar un solar donde instalar un centro religioso y cultural islámico. Este organismo no contaba con personalidad jurídica, por lo que se buscó a una entidad que sí la tuviese, razón por la cual fue la CIE quien resultó adjudicataria del solar y levantó el edificio con los fondos kuwaitíes.

La CIE hunde sus raíces en un centro de estudiantes musulmanes de Granada de los años 60 que en los 80 fijó su sede en la calle Alonso Cano en Madrid. Sus componentes eran mayoritariamente de origen sirio, como relata a este diario el secretario de la entidad, Mohamed Kharchich, que trabaja en la Mezquita de la M-30 de Madrid. El fundador fue Nizar Sabag, un ciudadano sirio que fue asesinado en noviembre de 1981 frente en la avenida Meridiana de Barcelona, donde tienen una sede. En una llamada telefónica a este diario, Los Hermanos Musulmanes identificaron entonces a la víctima y acusaron a los servicios secretos sirios de haber cometido el atentado. "Han pasado muchos años desde aquello", comentaba Kharchich, quien señaló que la asociación, de unos 40 miembros, se dedica a reunirse para rezar dar clases de árabe y poco más.

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