Rodríguez Arribas y Pascual Sala, elegidos para el Constitucional
Lograron 19 votos del Poder Judicial y un vocal conservador votó a Conde-Pumpido
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió ayer, por 19 de sus actuales 20 votos, a los candidatos de sus sectores mayoritario, Ramón Rodríguez Arribas, y minoritario, Pascual Sala, jueces ambos de la Sala Contencioso Administrativa del Supremo, para magistrados del Tribunal Constitucional. El único voto disidente procedió de un vocal conservador, Adolfo Prego, quien votó al juez progresista Cándido Conde-Pumpido Tourón.
La votación, sin precedentes en la elección de magistrados para el Constitucional, resultó sorprendente, dada la división existente en el actual CGPJ. Sólo uno de los actuales 20 votos -desde que dimitió el progresista José Antonio Alonso, para presentarse como candidato socialista en las elecciones del 14-M- se excluyó de la casi unanimidad con que se pronunció el pleno, similar a la que permitió al candidato del PP, Francisco José Hernando, ser elegido presidente del CGPJ en noviembre de 2001.
Para la elección de ayer eran precisos tres quintos del pleno, es decir 12 votos. La mayoría conservadora cuenta con 11, resultado de sumar los de los 10 vocales propuestos por el PP y el del presidente. El sector progresista, integrado por el vicepresidente Fernando Salinas, propuesto por el PSOE como otros cinco vocales, y el propuesto por IU, tiene siete votos. Para proponer su candidato pactó con los otros dos vocales -el propuesto por CiU y el de consenso entre el PP y el PSOE- y formó una minoría de nueve vocales.
En las conversaciones de las semanas anteriores a la votación, el sector conservador estuvo dispuesto a proponer un candidato menos conservador que Rodríguez Arribas -entre otros, el también magistrado del Supremo Juan José González Rivas-, a cambio de que el sector minoritario renunciara a proponer candidatos que estimaban excesivamente progresistas, como Conde-Pumpido y José Antonio Martín Pallín, ambos magistrados de la Sala Penal del Supremo.
La mayoría conservadora advirtió también a la progresista, según reveló Salinas, que las vacantes en esa importante Sala Penal del Supremo, encargada de juzgar a los aforados a nivel estatal, serían cubiertas con magistrados conservadores, ya que para esas votaciones tienen suficientes votos con los 11 que suman.
El sector progresista, que tuvo en sus manos la posibilidad de negociar que los conservadores propusieran a un candidato más moderado que Rodríguez Arribas, se negaron a ello, ya que, según Salinas, debían proponer a su candidato con plena autonomía, tanto del sector conservador como del propio PSOE que, al parecer, prefería a Conde-Pumpido.
El resultado fue que los conservadores propusieron a Rodríguez Arribas y la minoría propuso a Sala, tras una votación en la que este magistrado obtuvo seis votos, Conde-Pumpido, dos y Martín Pallín, uno. Los dos propuestos obtuvieron ayer 19 votos. En 1995, Javier Delgado y Enrique Ruiz-Vadillo fueron elegidos para el Constitucional con sólo 13 votos y, si nos remontamos más en el tiempo, en 1986 -con un CGPJ de hegemonía progresista- Carlos de la Vega Benayas fue elegido para el Constitucional con 15 votos y Eugenio Díaz Eimil con 14.
Consejo al Gobierno
Sin embargo, el portavoz del CGPJ, Enrique López, vocal propuesto por el PP, destacó ayer que esta elección es "buen ejemplo de pluralismo" y señaló que "pudiera ser perfectamente seguid
o por otros órganos llamados a nombrar magistrados del alto tribunal", en referencia a la inminente designación por el Gobierno socialista de dos magistrados del Constitucional, por mandato de la Norma Fundamental, que sólo exige que sean juristas "de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, expresó ayer su "satisfacción" por la elección de Rodríguez Arribas, que fue su presidente durante siete años y que sigue siendo su presidente honorario, y a quien describe así: "Nuestro compañero y valedor ante todos y durante todo el tiempo". La APM afirma "su prestigio como jurista" y asegura que es "un juez sobresaliente".
PASCUAL SALA SÁNCHEZ: Perfil institucional
Pascual Sala Sánchez, valenciano, de 68 años, ha ocupado cargos relevantes al servicio del Estado, el más notable el de presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo desde 1990 a 1996, obtenido en una elección en la que cosechó 13 de los 20 votos de aquel CGPJ, frente a cuatro para el también magistrado Clemente Auger.
Durante el franquismo militó en Justicia Democrática y, desde su condición de juez demócrata, muchas de sus sentencias molestaron al régimen.
Establecida la democracia, Sala fue elegido en 1982, a propuesta del PSOE, consejero del Tribunal de Cuentas, institución en la que en 1988 alcanzó la presidencia, hasta que pasó a presidir el Supremo y el CGPJ.
Aquel Consejo fue muy conflictivo. Hubo un enfrentamiento permanente con el vicepresidente conservador José Luis Manzanares; se produjeron varias fugas de vocales al Gobierno socialista, entre ellos Juan Alberto Belloch, para ser ministro, y María Teresa Fernández de la Vega, para ser secretaria de Estado. Completó el cuadro el vocal Pascual Estevill, acusado de varios delitos y que fue condenado.
Sala perteneció a Jueces para la Democracia, antes de ser designado presidente d el CGPJ.
RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS: Jurista corporativo
Ramón Rodríguez Arribas, madrileño de 70 años, es un jurista de inequívoca trayectoria conservadora, centrada en la defensa corporativa de la profesión judicial, más que en el servicio público debido a los ciudadanos.
Inició su ejercicio jurídico como secretario judicial a partir de 1958 y, desde 1962, como juez y magistrado, entre otros destinos, en Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Real y Madrid. En noviembre de 1995 fue ascendido a magistrado del Tribunal Supremo, adscrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El ascenso de Rodríguez Arribas al Supremo se produjo durante su etapa de siete años -de 1990 a 1997- al frente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenecían varios de los vocales del CGPJ que le designaron. En noviembre de 1993, el congreso de la APM le reeligió como presidente "por unanimidad y aclamación".
La vinculación de Rodríguez Arribas a los jueces conservadores traspasó las fronteras a partir de 1994, en que fue elegido vicepresidente primero de la Unión Internacional de Magistrados, organización en la que alcanzó la presidencia.
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