Villaviciosa quiere instalar cámaras para vigilar una lujosa urbanización

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, gobernado por el PP, va a pedir a la Dirección General de Tráfico (DGT) que le permita instalar cámaras de videovigilancia en la lujosa urbanización El Bosque. Una solicitud similar fue rechazada el año pasado por otra institución, la Delegación del Gobierno, tras un informe desfavorable de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad de Madrid, según informaron fuentes municipales. Ahora, la petición no se va a presentar ante la Delegación del Gobierno, sino ante la DGT.

Los vecinos quieren instalar un sistema de seguridad a través de la grabación de las matrículas de los vehículos que entran en esta lujosa colonia y con cámaras en puntos estratégicos. El gobierno municipal reconoce que la zona es segura, ya que cuenta con vigilantes privados y se ha reforzado la presencia de la Policía Local. Además, el futuro cuartel de la Guardia Civil estará instalado en las inmediaciones de esa urbanización. Por ello, la solicitud no se presenta alegando motivos de seguridad ciudadana, sino de seguridad vial.

La Ley de Videovigilancia de 4 de agosto de 1997 establece serias restricciones a la instalación de cámaras en la vía pública para grabar o controlar la circulación de viandantes. Respeta al máximo la intimidad de las personas y rechaza que la captación de imágenes pueda incluir zonas privadas, como domicilios. Además, obliga a los organismos públicos a informar a la gente de manera clara y permanente de la existencia de dichas videocámaras fijas.

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia, comité que vela por el correcto cumplimiento de dicha ley y que encabeza el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), rechazó en su reunión del 23 de marzo de 2003 la solicitud del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón para poner cámaras en la urbanización El Bosque. Este organismo trató esta petición en dos ocasiones (28 de noviembre de 2002 y 20 de marzo de 2003) y las rechazó al comprobar que podía afectar a la intimidad de los particulares que vivieran en la zona.

Ahora, el Ayuntamiento pretende retomar el proyecto y solicitar a la Dirección General de Tráfico que autorice las cámaras de vigilancia. En este caso, justificará su demanda en la necesidad de controlar el tráfico.

La Florida

El cauce reglamentario utilizado por los vecinos y el Ayuntamiento de Villaviciosa contrasta con la postura adoptada por los 300 propietarios de chalés de la urbanización La Florida, en el distrito de Moncloa-Aravaca de la capital, que en agosto de 2003 instalaron, sin contar con los permisos correspondientes, varias cámaras en las calles de acceso a la colonia. Querían evitar, según aseguraron entonces, los robos que sufrían desde hacía tiempo.

Sólo después de cuatro meses, el pasado noviembre, el Ayuntamiento de Madrid obligó a los propietarios de esta elitista urbanización a desmontar todas las cámaras que hubieran colocado, ya que ello infringía la ley que protege la intimidad de las personas y la que regula el tratamiento automatizado de datos de carácter personal (la Lortad), además de vulnerar la Ley de Videovigilancia.

Por otra parte, la Comisión de Garantías de la Videovigilancia -la misma que denegó la autorización a la urbanización El Bosque de Villaviciosa- ha renovado el permiso de funcionamiento de las cámaras que vigilan el Museo de Esculturas al Aire Libre instalado en el paseo de la Castellana de Madrid.

La ley de 1997 obliga a justificar y renovar anualmente los permisos de instalación de cámaras en la vía pública. En su reunión del pasado 30 de marzo, los miembros de la comisión renovaron esa autorización. El sistema de seguridad del museo de la Castellana consta de 10 cámaras controladas de día y noche por un policía municipal. Las imágenes son visionadas en unos monitores instalados en un local montado bajo el puente de Eduardo Dato, donde están colocadas las esculturas. El objetivo es impedir ataques a las 17 obras que componen el museo. Ésta fue la primera instalación autorizada en la región al amparo de la Ley de Videovigilancia de 1997. Ocho placas informativas con la inscripción "Museo al Aire Libre de la Castellana. Videovigilancia por la Policía Municipal" avisan a los viandantes que pasan por el Museo al Aire Libre de que están transitando por una zona vigilada por cámaras.

Dos casos más

Desde su creación, la Comisión de Garantías de Videovigilancia ha estudiado cuatro casos. Además de la urbanización El Bosque de Villaviciosa de Odón y del Museo de Escultura al Aire Libre de la capital, rechazó en cuatro ocasiones, entre 1999 y 2000, la colocación de 12 cámaras en la Gran Vía de Majadahonda, la arteria principal de la localidad, en la que hay numerosos comercios.

Los jueces y la Delegación del Gobierno en Madrid señalaron que sólo autorizarían una cámara que enfocara directamente a la Casa Consistorial. Pero para ello ponían determinadas condiciones: que sólo grabara a determinadas horas, que se identificase claramente a "la persona o grupos de personas que van a manejar y controlar el equipo de videovigilancia" y que el Ayuntamiento "informara al público de manera clara y permanente de la existencia de las videocámaras fijas". Al final, como no cumplía todos los requisitos, la petición fue desestimada por la comisión el 22 de junio de 2000.

El cuarto caso estudiado fue el de las cámaras de control del tráfico que colocó el Ayuntamiento de Alcobendas en 1999. La comisión consideró entonces que no le correspondía emitir un informe, ya que la ley recoge que, en materia de circulación vial, el permiso es competencia de la Dirección General de Tráfico. Este organismo sí autorizó finalmente las cámaras.