Antonio Romero afirma que no agredió a nadie durante la huelga del 20-J

Antonio Romero, parlamentario electo de Izquierda Unida, fue condenado el pasado jueves por siete faltas de lesiones, injurias y coacciones contra el dueño de un bar y un cliente durante la huelga general del 20 de junio de 2002. El parlamentario de IU sostiene que, "en ningún caso", utilizó "la violencia" ni golpeó a nadie para que secundara el paro contra el Decretazo.

Romero, que hace cuatro días fue designado representante de su grupo en la Mesa del Parlamento de Andalucía, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga. El diputado de IU cuenta que, desde las seis de la mañana del 20-J, estuvo en Málaga formando parte de un piquete informativo en el que también estaban unas 100 personas, entre las que se encontraban representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Recorrieron durante todo el día la ciudad y "la mayoría de comercios y bares estaban cerrados". Pero vieron que un restaurante permanecía abierto. El piquete informativo entró en el local para intentar que el propietario lo cerrara. Romero confiesa que llamó "fascista" al dueño, pero que lo hizo después de que este le acusase de mantener una actitud antidemocrática. Lo que no reconoce es el resto de faltas por las que ha sido condenado a pagar 2.325 euros de multa.

Para el parlamentario de Izquierda Unida, el dueño del bar y uno de los clientes le han acusado a él porque era "el único personaje público". Romero apunta que la Fiscalía malagueña también se ha presentado como acusación respaldando "prácticamente todas las faltas" que denunciaron los demandantes particulares. "No sé si se dieron instrucciones desde la Fiscalía de Málaga, pero yo he sido muy crítico con algunas decisiones [de esta institución] con respecto a Marbella", afirma. Para Antonio Romero este tipo de procesos, al igual que el que se celebra en Sevilla contra el dirigente del SOC Diego Cañamero, forma parte de una estrategia "de pensamiento único" que pretende "criminalizar la lucha sindical".