Clausurada una empresa en la que han enfermado 25 de sus empleados

Un juez y la Fiscalía de Delitos Laborales de Madrid investigan a los responsables de la ya extinta empresa Emisa, del grupo Tudor España. La firma ha incumplido supuestamente las medidas de protección para evitar que una parte de sus trabajadores enfermasen por contaminación de níquel y cadmio, sustancias consideradas "cancerígenas".

Cuatro de sus 61 trabajadores ya están enfermos y al menos otros 21 corren un serio riesgo de enfermar en el futuro. La industria, ubicada en Torrejón de Ardoz y dedicada a la fabricación de baterías de niquel y cadmio para luces de emergencia, cerró sus puertas el pasado 30 de septiembre. Sus responsables echaron el cerrojazo tras destapar la Inspección de Trabajo altísimos niveles de contaminación e imponerle una sanción de 150.000 euros. La fiscalía investiga junto a un juez los hechos, y el sindicato UGT tiene previsto interponer hoy, jueves, una querella por delitos de lesiones con imprudencia contra los responsables de Tudor España. Hasta 1995, muchos trabajadores tocaban con las manos el cadmio -un agente parecido a la harina del pan, pero muy tóxico y de color morado- sin ningún tipo de protección. A partir de esa fecha, según fuentes de la investigación y de los propios trabajadores, la empresa proporcionó mascarillas y guantes para esas tareas, pero ambos tóxicos ya habían calado en los cuerpos de los trabajadores.

Las medidas de protección adoptadas por la empresa siguiendo las órdenes de la inspección fueron insuficientes.Tudor España decidió cerrar definitivamente la empresa el pasado 30 de septiembre. Formalizó un expediente de regulación de empleo y vendió la factoría. Unos trabajadores, la minoría, fueron recolocados; otros, prejubilados, y otros están en el paro o de baja por enfermedad laboral.

La querella de UGT contiene informes de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social que acreditan las enfermedades de los trabajadores, así como las actas de la inspección en las que se enumeran las precarias condiciones en las que los trabajadores han desarrollado su cometido durante lustros. También se denuncia que la empresa desoyó las reiteradas instrucciones de la inspección para que adoptase medidas urgentes frente a los altos niveles de agentes tóxicos que levitaban e impregnaban las instalaciones, así como la sangre y orina de al menos 25 empleados.

Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, explica: "Ya hay cuatro trabajadores de Emisa a los que se ha reconocido una enfermedad profesional: uno padece un enfisema pulmonar, no puede vivir sin mascarilla de oxígeno, y otros tres sufren distintas afecciones crónicas y renales". Y el problema es que, según los estudios científicos, "lo previsible es que el resto de trabajadores desarrollen enfermedades de este tipo por haber estado tantos años expuestos a níquel y cadmio sin protección alguna". Según Rufino, la querella se va a presentar mañana: "Es la primera que se presenta en Madrid por delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores sin que éstos hayan sufrido un accidente previo, sino porque ya se sabe que en el futuro van a enfermar".

"Agentes cancerígenos"

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo considera que una exposición prolongada al níquel y al cadmio puede producir cáncer. Son "sustancias cancerígenas de segunda categoría", según indica UGT en su querella. El níquel puede producir cáncer de pulmón, problema de reproducción, alergias y asma; el cadmio, irrita los ojos, daña los pulmones y el riñón y también puede provocar cáncer. Tanto las analíticas efectuadas a los trabajadores como los niveles ambientales registrados en la fábrica han detectado valores por encima de lo permisible, siempre según UGT.

La querella de UGT señala que Tudor ha actuado con un "claro menosprecio de las obligaciones que como empresario le son exigibles. No sólo ha omitido cualquier medida de seguridad para proteger a los trabajadores de agentes tóxicos, sino que, además, no les ha proporcionado medios de protección alguno", señala UGT, que añade que Tudor ha hecho "caso omiso de los múltiples requerimientos que la inspección le había remitido para que adoptase las medidas pertinentes con vistas a evitar la exposición prolongada de los trabajadores a tales agentes tóxicos". UGT explica: "La empresa ha vulnerado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el real decreto de protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos y el real decreto que protege a los trabajadores frente a agentes químicos".

El 30 de julio de 2002, la Inspección de Trabajo visitó la fábrica y detectó que determinadas máquinas funcionaban en condiciones tan precarias que "el evaluador" de la inspeccion concluyó que había que actuar de forma "urgente" para apartar a los trabajadores de ella. En concreto, dio instrucciones para evitar que las fugas de cadmio y níquel de tres máquinas siguiesen impreganando el ambiente y la sangre y orina de los empleados. La empresa, sin embargo, no adoptó ninguna medida factible para evitarlas. En enero de 2003, la inspección clausuró parte de las máquinas de la empresa tras "constatar la existencia de una gran cantidad de polvo [tóxico] en la maquina welding machine, así como deficiencias en los conductos de aspiracion". La inspección impuso a la firma una sanción de 150.000 euros y calificó de muy grave la conducta, ya que en anteriores visitas se detectó el problema y se sugirió cómo solucionarlo y la empresa no hizo nada", según UGT, que añade que "estamos ante un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia".

El sindicato pide al juzgado instructor que imponga a los directivos de Tudor una fianza de 180.000 euros en tanto se sustancia la investigación.

Versión de Tudor

Tudor explicó ayer al respecto: "Todas las circunstancias que rodearon el cierre de Emisa fueron negociadas con el comité de empresa y las centrales sindicales. La venta de Emisa se inscribió en una operación mucho más amplia, que afectó a diversos países en los que el grupo está presente. En concreto, se vendieron todas las empresas dedicadas a la producción de baterías de níquel-cadmio que el grupo poseía en Europa a un único comprador. Ninguno de los trabajadores que decidieron permanecer en otras empresas del grupo, gracias a un amplio plan de recolocaciones, ha sufrido el más mínimo problema de salud en este tiempo".

Y concluye: "El grupo no ha recibido en estos meses ninguna información de los trabajadores que, en su momento, prefirieron la extinción de sus contratos. El grupo ha demostrado siempre su voluntad de atender los requerimientos de los trabajadores de Emisa y reitera, de nuevo, esta disposición"