Por una segunda transición democrática y plurinacional

Veinticinco años después de la aprobación de la actual Constitución española, con la mayoría absoluta del Partido Popular hemos asistido a un momento que podemos calificar como de clara involución en lo relativo al autogobierno para las comunidades autónomas, de restricción de libertades ciudadanas y de descrédito de las instituciones democráticas, una triple amenaza al marco constitucional que nos debe conducir a todos a la reflexión y a la aportación constructiva. En este contexto, los partidos políticos que los firmantes tenemos el honor de dirigir, fuerzas que, desde la izquierda democrática, representamos a nuestras nacionalidades, queremos trasladar a la sociedad un análisis compartido y la esperanza de que en esta próxima legislatura general nuestra posición decisiva en el Congreso de los Diputados y la pérdida de la mayoría absoluta por los partidos mayoritarios en el Estado permitan la apertura de una nueva etapa que corrija los malos derroteros del último periodo. Queremos expresar nuestra voluntad de participar en la que debe ser una segunda transición que refuerce las libertades y los derechos sociales, que regenere el sistema democrático y que avance decididamente hacia el reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado.

La reforma política que dio a luz el actual marco constitucional, denominada transición democrática, permitió, en las circunstancias particulares del final de la dictadura, un desarrollo democrático razonable respecto a los derechos y libertades individuales, pero no se pudo desvincular de las inercias y condicionantes del pasado. Un cuarto de siglo después, la derecha conservadora, retomando la tradición más autoritaria y centralista, recuperó el Gobierno del Estado, democrática y legítimamente, eso sí, lo que le permitió aplicar de forma restrictiva el ya de por sí limitado marco legal existente de libertades, derechos sociales y pluralidad nacional.

Si bien el bloque constituyente entendía España como un Estado plurinacional y compuesto, que permitía, aunque con limitaciones de partida, ejercer el derecho al autogobierno a sus componentes, la realidad no ha pasado de ser sólo una descentralización administrativa y del gasto, al renunciarse a cualquier medida de acercamiento real a la estructura propia de los Estados federales o compuestos. Los sucesivos Gobiernos centrales han abusado de las leyes de bases y de la aplicación de directivas europeas para invadir competencias autonómicas, con el respaldo de un Tribunal Constitucional que ha realizado habitualmente una relectura centralista, al igual que otros órganos generales del Estado cuya composición no refleja la realidad plural. La mayoría absoluta del Partido Popular en la pasada legislatura puso en marcha una febril actividad legislativa para recortar incluso, con la excusa de la coordinación de las comunidades autónomas y su tutela, las competencias que acababan de transferirse, a la vez que negó furibundamente cualquier participación autonómica en las instituciones europeas, como vienen haciendo con toda naturalidad otros Estados compuestos. Todo ello, aderezado con un rancio discurso nacionalista español que, disfrazado de "patriotismo constitucional", ha pretendido fosilizar ese marco legal una vez vaciado de contenidos, vulnerando en la práctica, repetidamente, la letra y el espíritu más progresista y plural del bloque constituyente.

De la misma forma, a pesar de que los derechos fundamentales y las libertades públicas están razonablemente reconocidas, existen diversos ámbitos donde éstas se han venido restringiendo (menoscabo del papel del Parlamento en el control al Gobierno o en la entrada en una guerra, concentración del poder mediático y falta de pluralismo informativo en los medios públicos, negación de libertades en la legislación de extranjería, mal funcionamiento y lentitud de la Administración de justicia,...).

La obsesión por fortalecer a los partidos tras el franquismo justificó unas reglas de juego propias de una partitocracia bipolar e introdujo notables obstáculos al ejercicio de la democracia participativa (referéndum de ámbito local, nacional o estatal o diversas iniciativas ciudadanas), lo que contradice por cierto la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que consagra los derechos de petición, participación activa, etc.

Por otra parte, frente a los derechos a la salud y a la educación, que son universales y encabezan hoy los avances del Estado del bienestar, aunque aún por debajo del nivel europeo de prestaciones, otros derechos sociales consagrados en la Constitución se han quedado en pura retórica. Son los llamados derechos de tercera generación que necesitan un nuevo despliegue: el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a una protección social y económica de la familia, al medio ambiente, e incluso la libertad de empresa (cuando se favorece la concentración, privatización y centralización de antiguas empresas públicas en detrimento de la libre competencia y del servicio de calidad a los usuarios). Ante estos déficit sociales, la obsesión del PP por el déficit cero y su política fiscal basada en la imposición indirecta y regresiva ha puesto en riesgo el Estado del bienestar, encaminándonos hacia una ruptura de la cohesión social y el aumento de la exclusión.

En cuanto a la credibilidad del sistema democrático, los escándalos de transfuguismo y corrupción que involucran a cargos políticos han venido a contribuir al creciente desprestigio de la actividad política.

Por otro lado, en este contexto, las vacilaciones del PSOE, entre su tradición más jacobina, que impone el seguidismo de las políticas centralistas y autoritarias del PP, y la tradición democrática federal, no ayudan a superar el anterior impasse. En este sentido, no es de recibo que se pretenda obstruir cualquier iniciativa surgida de los distintos Parlamentos destinada a reformar el marco legal existente para mejorar las cotas de autogobierno.

Después de veinticinco años de "transición democrática" incompleta, es necesario sentar ahora las bases para una "segunda transición" que nos encamine hacia una democracia de calidad. Superadas muchas de las herencias y condicionantes de un pasado dictatorial, debemos afrontar con decisión renovada unos cambios que entonces resultaron imposibles pero que hoy son imprescindibles. Debemos exigir la regeneración de las instituciones, abriendo espacios a la participación democrática; la profundización de los derechos sociales, con medidas que combatan la exclusión y garanticen una vida digna para todos y todas; y el reconocimiento de la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado español, mediante la creación de estructuras federales u otras formas de Estado compuesto que garanticen, en cada momento histórico, el papel al que tienen derecho nuestras naciones y que libremente decidan sus pueblos y sus Parlamentos.

Desde las izquierdas nacionales trabajaremos en todas las cámaras de representación para iniciar este proceso de democratización. Esperemos que el Gobierno del PSOE esté a la altura de las circunstancias en esa segunda oportunidad para el cambio que le ha dado el electorado.

Josep Lluís Carod Rovira, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya; Begoña Errazti, presidenta de Eusko Alkartasuna, y Bizén Fuster, presidente de Chunta Aragonesista.