Juicio por denegar el acceso a una piscina a personas de etnia gitana

La Fiscalía solicitó ayer una pena de 20 días de cárcel, a razón de 12 euros por día (en total una multa de 240 euros), en el juicio de faltas celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Linares (Jaén) contra el imputado por denegar el acceso a una piscina a personas de etnia gitana. El acusado -a otro le retiraron los cargos- es familiar del dueño de la piscina Virgen de Linarejos.

El 11 de julio de 2003, tres mujeres denunciaron que a ellas y a siete niños de entre cinco y 12 años de edad se les prohibió la entrada en la mencionada piscina, según sostuvieron entonces, porque los responsables del recinto les argumentaron que eran gitanos.

La denuncia estuvo respaldada por la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (Facca), cuyo presidente regional, Luis Guillermo Cortés, volvió a lamentar ayer que el juicio no se haya seguido por la vía penal por entender que existió un presunto delito de racismo.

En concreto, sostuvo que denegar a una persona la prestación de un servicio público por su pertenencia a una etnia o raza está recogido en el artículo 511 del Código Penal con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial.

Luis Guillermo Cortés compareció ayer como testigo en la vista, junto a los dos agentes de la Policía Local que fueron los que en su día constataron los hechos en un informe policial. Cortés demandó ayer una "sentencia ejemplarizante". "Entendemos que se trata de un delito de racismo consumado porque no es la primera vez que en este lugar se impide el acceso a las personas de etnia gitana", señaló Luis Guillermo Cortés, que llegó a pedir incluso el cierre de la piscina denunciada.

La Facca, que organizó ayer una concentración de adhesión a las mujeres gitanas ante las puertas del Juzgado, solicitó la intervención del defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, quien en su día calificó los hechos como una "barbaridad".

Según denunciaron en su momento las tres mujeres afectadas por el veto a entrar en la piscina, los porteros del establecimiento llegaron a decirles que "espantaban a la clientela".

Isabel Muñoz Cortés, una de las tres mujeres afectadas, manifestó entonces sentirse "humillada y ofendida" por la actitud de los responsables de la piscina. "Nuestros hijos nos preguntaban por qué no podían entrar como el resto de niños y no sabíamos darle una respuesta", añadió en tono de lamento.

Durante las diligencias previas de la denuncia, declaró ante el Juzgado linarense el propietario de la piscina Virgen de Linarejos, Antonio Ruiz Montiel, aunque finalmente el titular del Juzgado número 1, José Luis Delgado, imputó solamente a las dos personas que se encontraban en la puerta y denegaron el acceso a las mujeres y niños de etnia gitana. El testimonio de estas dos personas, una de las cuales ya está absuelta, es que seguían órdenes del propietario del recinto.