El responsable del agua del Segura denuncia al fiscal por revelar secretos

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, aseguró ayer en Murcia que ha presentado una denuncia por un presunto delito de revelación de secretos en relación con una investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, cuyo titular es Emilio Valerio, sobre unas supuestas extracciones ilegales de agua. Cánovas negó que haya tolerado "un mercado negro del agua ni nada que se le parezca", al tiempo que afirmó que "nadie ha tenido la decencia" de comunicarle "ningún informe" en un asunto que, dijo, conoce por los periódicos.

El titular de la CHS hizo estas declaraciones después de que se conociera el envío, por parte de la fiscalía madrileña, de un informe a la de Murcia sobre las presuntas extracciones ilegales de agua. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, asegura en el documento que al menos 60 hectómetros cúbicos habrían podido ser robados en la cuenca del Segura, que además de la Región de Murcia incluye zonas de Castilla-La Mancha y Alicante. Esta supuesta apropiación indebida, un tercio de lo que reciben los regantes de la zona mediante el trasvase Tajo-Segura, tendría como finalidad la utilización del agua en complejos turísticos de la zona, así como su posterior venta a los pequeños agricultores, que no tienen acceso al agua de otra forma, por la escasez del recurso.

Cánovas, quien también está a la espera de ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la contaminación del río Segura, se preguntó "quién mueve los hilos para que aparezca la misma información como noticia nueva ayer", por el lunes, cuando se difundió el 21 de febrero en otros medios y subrayó que se trata de un "juicio paralelo".

"Tengo la absoluta convicción de que esta ceremonia tiene un guión escrito y su desarrollo se ajusta a unas previsiones antes de conocer la gestión" de la CHS, añadió el todavía presidente, aunque desde el PSOE murciano ya han anunciado que cesará en su cargo con el nuevo Gobierno.

Un guión, agregó el presidente de la Confederación, que "arranca de una denuncia más falsa que el beso de Judas, que se introdujo en la Fiscalía el 27 de septiembre de 2002, cuando su autora había fallecido antes", dijo en referencia a la funcionaria de la CHS Vicenta Oliveros Lapuerta, quien murió en accidente de tráfico en julio de ese año. Según Cánovas, en esa denuncia "se incurre en la falsificación del nombre y de la firma de la interesada", habida cuenta de que está fechada cuando la funcionaria ya había fallecido. "Esta denuncia curiosamente ha desaparecido de quien tiene el deber de custodiarla [en alusión a la Fiscalía] y todo se monta a partir de esta falsedad", remarcó Cánovas.

Éste estuvo acompañado en la comparecencia por el comisario de Aguas de la CHS, José Alemán, y el secretario general técnico de la Confederación, Gerardo Cruz, también incluidos por Valerio en su informe. Entre los acusados de beneficiarse del robo agua se incluyen empresarios del sector hortofrutícola, como Mariano Roca Meroño, quien durante la investigación del fiscal se negó a declarar.