El Gobierno reclama cuarteles vacíos para abrir en ellos reformatorios

El gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Juan José García Ferrer, ha pedido al Gobierno central la cesión de algunos edificios que tiene vacíos en la capital, entre ellos varios cuarteles, para convertirlos en reformatorios. El objetivo es disponer cuanto antes de las 200 plazas de internamiento para delincuentes jóvenes que hacen falta y cuya apertura se ha complicado ante el rechazo de algunos municipios a albergarlas. Por ahora, el IMMF sólo ha conseguido que el Ministerio del Interior le ceda un pabellón de la antigua cárcel de Carabanchel.

El gerente del IMMF niega que haya aprovechado para presentar su exigencia a la llegada de los socialistas al Gobierno central. "Ya la planteé en enero en el Observatorio Nacional de la Infancia y también me reuní, algo antes, con responsables de Defensa, que me dijeron que, en principio, ellos venden sus inmuebles, no los ceden", afirma.

"La Administración del Estado debe implicarse mucho más en la aplicación de la Ley Penal del Menor, sobre todo en la financiación de programas y en la cesión de inmuebles", argumenta García Ferrer, y señala que el Estado -responsable último de la citada norma aunque su aplicación corresponde a las comunidades autónomas- "tiene en la capital muchos edificios vacíos que serían fácilmente adaptables".

La Ley Penal del Menor, en vigor desde enero de 2001, elevó la edad mínima de ingreso en prisión de los 16 a los 18 años, lo que hace necesarios más centros de internamiento para los chavales de esas edades que antes iban a la cárcel.

Con su decisión de apelar al Estado, el responsable del IMMF quiere solucionar el grave problema de falta de plazas en reformatorios que sufre la región. En la actualidad hay 211, pero hacen falta 200 más.

Por ahora, las gestiones del IMMF ante el Gobierno central sólo han dado fruto con el Ministerio del Interior, que le ha cedido una nave de la antigua cárcel de Carabanchel para abrir un reformatorio de 20 plazas. En el recinto penitenciario existe ya otro centro similar, el de Los Rosales, con 28 plazas, creado en 2002 gracias a un convenio entre el Ministerio del Interior y la Comunidad. En un principio estaba destinado a menores de la kale borroka (terrorismo callejero), pero como hay pocos chicos imputados en ese delito ahora alberga a menores infractores de todo tipo.

El gerente del IMMF ha optado por pedir árnica a la Administración central porque se ha ido topando con problemas en los diferentes ayuntamientos madrileños donde preveía abrir reformatorios. Así ha sucedido en Tielmes, Cercedilla y Collado Mediano. En todos ellos los consistorios se opusieron a la instalación de dichos centros ante la "alarma social" creada entre los vecinos. Quien sí ha aceptado un reformatorio de 60 plazas ha sido el ayuntamiento de Valdemoro.

Fuera de Madrid

El instituto ha llegado a plantearse buscar plazas fuera de Madrid, en Salamanca, Ciudad Real y Soria. De hecho, negoció con una entidad religiosa la firma de un convenio para abrir, a tres kilómetros del casco urbano de Salamanca, un centro para 20 menores de la capital. Pero la iniciativa volvió a frustarse ante el revuelo creado en el vecindario salmantino.

Las propuestas de Soria y Ciudad Real siguen pendientes de que los jueces de menores den su visto bueno al internamiento en otras comunidades autónomas de menores que hayan cometido delitos en Madrid. La propia Ley del Menor establece que los chavales deben cumplir las medidas ordenadas por los jueces en centros situados lo más cerca posible de sus domicilios.

Desde finales del año pasado, los reformatorios madrileños han tenido serios problemas de saturación. De hecho, los trabajadores de los cinco centros de gestión pública (hay otros seis regentados por empresas privadas) mantuvieron un encierro durante un mes, de enero a febrero, para denunciar la situación creada.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, atribuye la saturación de los reformatorios a la elevada cifra de juicios de menores celebrados en los últimos meses. Los juzgados se han ido desatascando tras el colapso inicial provocado hace tres años por la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor.