La Audiencia investiga a una firma navarra por supuestos pagos a ETA

La Audiencia Nacional está investigando a la empresa navarra de máquinas expendedoras Azkoyen por supuestos pagos a ETA realizados hace tres o cuatro años tras recibir cartas de extorsión de la banda. La policía ha abierto diligencias dentro de esta investigación a ex consejeros y un ex director general de la compañía, a algunos de los cuales ha interrogado ya. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió el jueves la cotización de la firma en Bolsa al conocer la existencia de la investigación.

La investigación forma parte de las diligencias abiertas por el juez Baltasar Garzón sobre el entramado financiero de ETA en las que ya han prestado declaración durante los últimos meses varios empresarios vascos que figuraban en listados intervenidos en Francia a etarras detenidos. Contra ninguno de ellos se han tomado medidas judiciales al constatarse que, si pagaron dinero a la banda, fue bajo chantaje.

Al menos dos ex consejeros y un ex director general de la compañía navarra prestaron ya declaración ante la policía en Pamplona a comienzos de la pasada semana, y durante estos interrogatorios se habría desvelado que ETA envió cartas de extorsión a algunos de los consejeros del grupo cuando ya cotizaba en Bolsa, según informó ayer Diario de Navarra.

La CNMV suspendió la cotización en Bolsa de la firma en la mañana del jueves al conocer la existencia de la investigación, aunque en su nota oficial aducía como única razón "circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones" del valor. La empresa navarra reunió a continuación de manera informal a su Consejo de Administración.

Dos dimisiones

Después de la reunión, el presidente de la firma, Juan Félix Iriondo, envió una comunicación a la CNMV en la que, tras reconocer la apertura de las diligencias policiales, asegura que "de ser ciertos" los pagos "habrían sido realizados por personas que, con independencia de su vinculación con la sociedad, habrían actuado por su cuenta y bajo su responsabilidad".

Iriondo agrega que "por la información disponible a partir de las investigaciones policiales, el montante total de lo desembolsado no superaría los 40 millones de pesetas" (240.404 euros). Recalca que ni en las actas de los órganos de gestión de Azkoyen ni en su documentación contable y de auditoría "hay constancia alguna" de "los referidos pagos".

Iriondo ha convocado para la mañana del próximo martes un Consejo de Administración extraordinario que analizará los informes de los responsables de auditoría interna y contabilidad de la compañía sobre los pagos investigados por la policía y las "eventuales responsabilidades en que hubiesen podido incurrir directivos y/o administradores de la sociedad".

Las explicaciones de Iriondo no resultaron satisfactorias para dos de los consejeros de la firma, que presentaron de inmediato su dimisión irrevocable. Se trata de Juan Odériz, director de la corporación empresarial de Caja Navarra, que posee el 9,5% de las acciones de Azkoyen, y del abogado y consejero independiente Javier Garde. Ambos exigieron la dimisión del presidente y de los otros dos consejeros de la empresa "como consecuencia de la situación derivada de las investigaciones policiales", según la nota que Caja Navarra envió también ayer a la CNMV.

La entidad financiera, accionista de Azkoyen desde junio de 2001 y que tiene un puesto en su consejo desde 2003, recalca que "no ha tenido nunca noticia o información alguna" de los presuntos pagos a ETA y que nunca ha desempeñado función ejecutiva alguna en la compañía.

Fuentes de la investigación indicaron ayer a EL PAÍS que se está analizando la posibilidad de que el Consejo de Administración de Azkoyen decidiese en su momento, tras recibir las cartas de ETA, pagar el chantaje. Estas fuentes recalcaron que, con todo, la fase judicial de la investigación se halla todavía en sus inicios.

El presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, mostró ayer su sorpresa por la investigación a Azkoyen y reiteró su petición de firmeza a las compañías de la comunidad foral ante los intentos de extorsión de la banda terrorista. "Nos consta que la mayoría de los empresarios no pagan", aseguró a Europa Press. "Me sorprende muchísimo que una empresa como Azkoyen pueda pagar el impuesto revolucionario", agregó.