El juez pide que declaren las personas que dijeron que Cogul había muerto

Un juez de Barcelona ha solicitado de la justicia de Manila que tome declaración "a las personas que afirmen" haber visto muerto a Joan Cogul, el principal inculpado en el llamado caso Turismo, sobre supuesta desviación de fondos públicos procedentes del Consorcio de Turismo que él dirigía. El magistrado solicita también que le envíen copia certificada de todas las actuaciones judiciales y policiales realizadas en Filipinas sobre esta muerte.

La muerte de Joan Cogul sigue siendo más misteriosa cada día que pasa. La Interpol no ha remitido todavía al magistrado Francisco González Maillo los resultados de sus pesquisas para que la justicia constate de manera oficial que Joan Cogul murió el 17 de diciembre del año pasado, justo el mismo día que debía regresar a España y afrontar un juicio en el que el fiscal pedía para él penas que sumaban 12 años de prisión. La policía española ha urgido a la de Manila que acelere esas investigaciones, pero hasta ahora no ha obtenido resultados positivos.

La defensa de Cogul sostiene que éste se suicidó disparándose un tiro y aportó unos documentos sobre la incineración del cadáver y sobre la defunción que el juez ha considerado insuficientes. La familia también llevó al juzgado unas cenizas que fueron analizadas sin poder concretar si correspondían o no a Cogul.

Por todo ello, el juez dictó ayer una nueva resolución en la que recuerda que "lo que interesa es constatar, con el necesario y exigible rigor, si Joan Cogul ha fallecido". Por todo ello y a la vista de la demora en la respuesta judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, reiteró ayer que mantiene la petición que cursó el 19 de diciembre a la Interpol, pero que la investigación policial no es incompatible con la judicial.

Comisión rogatoria

A la vista de la situación, el juez acuerda solicitar una comisión rogatoria a la justicia de Manila. Es decir, que los jueces de aquella ciudad realicen las diligencias que él considera necesarias para esclarecer los hechos. Por ello, el juez acuerda que la justicia filipina le remita una copia certificada de todas las actuaciones judiciales y policiales que se han realizado en aquel país "como consecuencia de la afirmada muerte de Joan Cogul". El juez precisa que estas averiguaciones deben tener "especial referencia" a todo lo que pueda contribuir a identificar el cadáver. En caso contrario, el magistrado González Maíllo ordena que se se tome declaración a las personas que afirman haber visto muerto a Cogul.

Entre estos supuestos testigos figura Alfredo Roca, empleado de Fibarceló Hoteles, la empresa para la que trabajaba Cogul en Manila y quien atestiguó en su día ante la policía de aquella ciudad que el cadáver descubierto aquel día era el de Cogul. Alfredo Roca es, además, la persona que declara para expedir el certificado de defunción. Otros presuntos testigos de aquellos hechos ante la policía de Manila fueron la esposa de Cogul, Carme Fargas, también imputada en el caso y para la que el fiscal pide penas que suman nueve años de prisión, así como la hija mayor de la pareja y su novio, según se explica en un informe remitido al juez por Interpol de Madrid.

En caso de que todo esto "fuese insuficente", explica el juez de Barcelona, también reclama que le envíen "debidamente conservadas" las muestras biológicas que se obtuvieron de la autopsia del cadáver para, "si fuera necesario", realizar análisis comparativos de ADN con otros familiares. La policía española, que se refiere al caso como "presunto suicidio", reclamó en su día que se conserven estas muestras "para futuros análisis".