La juez del 'caso CPV' cierra la investigación de la presunta estafa

La juez Coro Monreal Huerta, titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, ha dado por concluida la investigación del caso CPV (una supuesta estafa que afectó a cerca de 900 familias que invirtieron sus ahorros en comprar vivienda en los nuevos barrios del norte de la capital, Sanchinarro, Las Tablas y Monte Carmelo).

Los acusados, Francisco García Moreno, Miguel Ángel García Sánchez, Francisco Javier García Sánchez y Miguel Ángel Morillo del Pozo, ya estuvieron en prisión durante un mes en el año 2001, acusados de un delito de estafa y apropiación indebida. La magistrada, en un auto fechado el pasado 1 de marzo, ha decidido ampliar ahora la inculpación a Adelina Erles Abadía y a Alfredo Vázquez García, acusados de un posible delito de estafa y falsedad documental, al firmar ante un notario un contrato de permuta de terrenos, por valor de un millón de euros, para después venderlos a las constructoras del barrio de Sanchinarro. La juez considera en el auto que dicho contrato es "inexistente", ya que la supuesta permuta de terrenos no "existió".

Los abogados de las perjudicados han anunciado que recurrirán el cierre de la investigación al entender que aún no se han practicado todas las diligencias que ellos habían solicitado en la fase de instrucción. Los letrados se quejan además de que los diez días concedidos por la juez para que presenten sus escritos "son muy pocos para un sumario tan extenso", explicó Jesús Mandri, abogado de la acusación particular de parte de los damnificados. La acusación particular ha anunciado que hoy presentará un recurso contra el cierre de la instrucción del caso, ya que aún existen recursos sin resolver en la Audiencia Provincial de Madrid.

Terrenos

Francisco García Moreno, máximo responsable de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), aseguró ante el juez que su empresa vendió los terrenos que poseía en los nuevos barrios de Madrid, alrededor de 90.000 metros cuadrados, para obtener liquidez y poder devolver las señales anticipadas por los clientes que se iban dando de baja en las distintas promociones.

En su extensa declaración ante la juez Rosario Espinosa, Francisco García, quien en la actualidad se halla en libertad provisional por un delito de estafa, se autoinculpa de todo y atribuye a la vertiginosa carestía del suelo los problemas de CPV. Finalmente, 1.200 familias se quedaron sin la vivienda prometida por CPV. Todas ellas adelantaron a partir de 1998 una media de 18.000 euros a CPV a cambio de viviendas en los nuevos barrios de Las Tablas, Sanchinarro y Monte Carmelo. Cuatro años después, las casas siguen sin levantarse y alrededor de 600 familias, según datos del propio García, ni siquiera han podido recuperar las señales adelantadas.