El Júcar y el futuro valenciano

Hace menos de una década, el Júcar era un río seriamente amenazado. La causa principal de esa amenaza era el desarrollo desmesurado de nuevos regadíos -nada menos que 100.000 hectáreas- en La Mancha, dentro de la cuenca hidrográfica del Júcar. Esos regadíos habían comenzado a implantarse quince años atrás de modo ilegal (aunque con el consentimiento del gobierno central, presionado por las exigencias de la comunidad castellano-manchega), y se regaban a base de bombear masivamente, sin regulación ni control, agua del acuífero de La Mancha Oriental, una gran bolsa de agua subterránea que hasta entonces había engrosado con sus excedentes el caudal del Júcar. La sobreexplotación del agua subterránea para los nuevos regadíos invirtió ese flujo, e hizo que, en lugar de seguir aportando agua el acuífero al río como siempre, fuera el río el que empezase a perder una parte cada vez más importante de su caudal, absorbido por el acuífero para equilibrar sus pérdidas.

La prolongación de esta situación, con el creciente abuso de las aguas subterráneas y el peligro de nuevas ampliaciones de regadíos previstas por la Administración (el famoso Decreto Romero de 1989), estaba llevando al Júcar a un progresivo deterioro que, inevitablemente, tenía que encontrar a sus principales perjudicados en el territorio situado aguas abajo de la cuenca: los valiosos ecosistemas valencianos que dependen de las aguas del río y los regadíos tradicionales de La Ribera, fecundados por el Júcar desde hace siglos.

Poner coto a esta situación era para la Comunidad Valenciana una necesidad urgentísima. Sin embargo, bien poco se había conseguido cuando, en 1995, el Partido Popular obtuvo por vez primera el mandato de los ciudadanos para gobernar la Comunidad. Era una tarea por hacer y, sobre todo, una tarea que se encontraba con la firme oposición de Castilla-La Mancha, decidida por entonces a seguir adelante con sus planes de expansión del regadío.

Una cosa que teníamos clara en el Gobierno Valenciano era que la solución al problema del Júcar no podría basarse en el enfrentamiento y la imposición. La cuenca del Júcar es un territorio compartido entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, y sólo serían posibles soluciones duraderas y viables si conseguíamos negociar y llegar a acuerdos, distribuir justa y solidariamente los recursos disponibles, y establecer entre todos un marco de convivencia que nos permitiera prosperar en común y proteger el medio ambiente sin impedir nuestras oportunidades de desarrollo.

Eso es lo que los valencianos conseguimos con el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar: un gran pacto por la gobernabilidad de la cuenca, que contó con el consenso de todos -valencianos y castellano-manchegos, regantes y ecologistas, administraciones locales, autonómicas y estatal-, representados en el Consejo del Agua, que votó y dictaminó favorablemente, en el verano de 1997, el proyecto de Plan Hidrológico del Júcar.

Ese consenso es lo que ha hecho posible que el Plan del Júcar otorgue "la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar" y establezca todas las asignaciones de recursos correspondientes a favor de la Acequia Real del Júcar y de las demás acequias y comunidades de regantes que integran esos riegos tradicionales. Y para que tal prioridad pueda ser realmente efectiva, el Plan ha conseguido establecer definitivamente el marco que necesitábamos para poner límite a los nuevos regadíos de La Mancha Oriental, regularizar situaciones ya consolidadas e impedir que siga proliferando el regadío salvaje a costa del acuífero y del río.

Dentro de ese marco, la Confederación Hidrográfica del Júcar está desarrollando un plan de explotación del acuífero conforme a lo que exige el Plan de cuenca, se están controlando estrictamente todas las extracciones de agua subterránea en La Mancha Oriental, se están ajustando y reduciendo las dotaciones de agua para las explotaciones que ya existían antes de 1997, no se admiten nuevas transformaciones en regadío, se está llevando a cabo la sustitución de bombeos... En resumen, se está realizando todo lo que prevé el Plan del Júcar para garantizar la sostenibilidad del acuífero, para garantizar la viabilidad ordenada de unas explotaciones ya consolidadas antes del propio Plan (y que no habría sido posible desmantelar sin provocar un grave conflicto social y político) y para hacer realidad la prioridad asignada a los riegos tradicionales valencianos.

De este modo, el Júcar está recuperando plenamente su salud. Se cumplen escrupulosamente las prescripciones del Plan sobre caudales medioambientales. Los regadíos valencianos reciben las asignaciones que les corresponden. Se están modernizando las infraestructuras de riego para mejorar la gestión y ahorrar agua. Se están realizando todas las infraestructuras que permiten hacer efectivas las reservas previstas en el Plan para abastecer a los municipios valencianos. La regeneración de L'Albufera (ya claramente visible) tiene todas las garantías gracias al proyecto de reutilización de las aguas residuales del área metropolitana de Valencia, que permitirá aportar al lago cada año más de 30 hm3 de agua de calidad. Y la continua mejora del río permite que hoy podamos afrontar el principal proyecto de distribución solidaria del agua en el marco de la Comunidad Valenciana: el trasvase Júcar-Vinalopó.

En los últimos tiempos vemos surgir por aquí y por allá voces de alarma ante una anunciada "muerte" del Júcar. Voces de alarma fuera de lugar, porque no es hoy, sino hace diez años, cuando ese riesgo era real. Ahora es cuando tenemos un Plan Hidrológico de cuenca que funciona, ahora es cuando están definitivamente en marcha los mecanismos que permiten controlar el uso racional y sostenible del río y de las aguas subterráneas, ahora es cuando se están desarrollando todas las posibilidades que tenemos para ahorrar y distribuir de la manera más eficaz los recursos hídricos, y ahora es cuando la Comunidad Valenciana puede contar con la garantía adicional del trasvase del Ebro. Por todo eso, es precisamente ahora cuando podemos volver a tener plena confianza en el futuro del Júcar, que va a seguir siendo durante mucho tiempo la arteria principal, y la más saludable, del territorio valenciano.

José Ramón García Antón es consejero de Infraestructuras y Transporte.