Política criminal sostenible

Hace unas semanas EL PAÍS público el artículo titulado Transparencia en las cárceles suscrito por el señor Iñaki Rivera. En dicho escrito se efectuaban distintas manifestaciones relativas a la opacidad que, según su autor, había caracterizado la gestión de la anterior Administración penitenciaria. Asimismo y en otro orden de cosas se hacia referencia a la lamentable muerte de un interno producida a principios de año en un centro penitenciario de Cataluña.

En relación con la muerte de un interno habrá que esperar a la pertinente resolución judicial. En cualquier caso, todo parece indicar que los instrumentos de control legalmente previstos en nuestro ordenamiento han actuado y siguen actuando con absoluta corrección en relación con la supervisión de la actividad penitenciaria.

Las acusaciones de la falta de transparencia de nuestro sistema penitenciario encajan mal en nuestro país con la existencia de jueces de Vigilancia Penitenciaria, fiscales dedicados a la actividad penitenciaria, un Síndic de Greuges especialmente activo respecto a los derechos de los internos y un Parlamento con posibilidades de incidir en el control penitenciario.

La objetividad de tales acusaciones tampoco se sustenta cuando hoy es admitido por todos que el sistema penitenciario catalán ha desarrollado en los últimos años una importante política de apertura de las prisiones a la colaboración de entidades sociales.

¿Cómo se puede hablar de política de opacidad penitenciaria cuando en la actualidad la que sin duda es la entidad de mayor prestigio en Cataluña en materia de derechos humanos, el Institut de Drets Humans de Catalunya, está elaborando desde el interior de dos prisiones catalanas y con sus propios equipos de investigación un informe sobre derechos humanos y condiciones de vida de los internos?

¿Cómo se puede hablar de falta de transparencia cuando entidades de reconocido prestigio, independencia y sentido crítico en relación con el mundo de las prisiones, como la Cruz Roja o Justícia i Pau, junto con otras 45 entidades que agrupan a más de 700 voluntarios penitenciarios trabajan regularmente en todos los centros penitenciarios catalanes?

El recurso a la "duda permanente" sobre el mundo penitenciario que algunos gustan de practicar debería basarse en elementos más sólidos y menos subjetivos para que resulte mínimamente creíble. Se trata de un discurso ya antiguo y más apropiado para otras latitudes sobre un sistema penitenciario consistente en un mundo oscuro, opaco y necesitado de ser penetrado por no se sabe quién para que al final reluzca la verdad. En ese mundo todo indica que los jueces no ven, los fiscales no preguntan, las entidades sociales están compradas, los voluntarios no opinan y la Administración penitenciaria y sus cientos de profesionales esconden y consienten lo que jamás debería consentirse. En ese mundo todos nos levantamos cada día siendo presuntos culpables.

Quienes defienden tales planteamientos que no comparto en absoluto merecen mi respeto en el contexto del debate jurídico y científico. Su objetivo no es mejorar el sistema penitenciario. Su objetivo es superarlo. Llevan años menospreciando e insultando al sistema penitenciario constitucional y a sus profesionales, y solamente en los últimos tiempos han adoptado la cautela de la presunción de inocencia. Llevan años con una estrategia que no conduce a ninguna parte. No parecen ser los más indicados para juzgar con garantías a la Administración penitenciaria.

Sin embargo, mientras mantenemos tales discusiones, que seguramente aunque lamentablemente a casi nadie interesan, en nuestro país lleva camino de consolidarse un modelo de política criminal que es sencillamente insostenible. Éste es el problema. Ahí debería situarse el debate.

Con el actual modelo de política criminal iniciado con el Código Penal de 1995 y finalizado con gran esplendor en la etapa más reciente de un PP con mayoría absoluta, Cataluña albergará en el año 2008 una población reclusa cercana a los 10.000 internos con la necesidad de construir durante este periodo un mínimo de cuatro grandes centros penitenciarios. Vamos camino de una Cataluña penitenciaria. Vamos camino de un modelo insostenible.

En el actual contexto político, Cataluña gestiona sus servicios penitenciarios, pero no dispone de competencias en materia de legislación penal-penitenciaria. Es decir y simplificando, Madrid elabora y aprueba las leyes y reglamentos y Cataluña pone los recursos, las prisiones. Una balanza bastante desigual.

La actual insostenibilidad del modelo no es patrimonio exclusivo de nuestro país. Europa sufre idéntico estrés penitenciario. La aparición y ampliación de planteamientos como la privatización del servicio público penitenciario, las listas de espera o la construcción de prisiones para extranjeros fuera de las fronteras nacionales están cada vez más a la orden del día. Recientemente Le Monde ha publicado un informe demoledor elaborado este verano por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y relativo a la situación existente en las prisiones francesas a consecuencia, una vez más, de la masificación penitenciaria, la más negativa de las consecuencias de la actual insostenibilidad.

En Cataluña partimos de una larga tradición humanista, europeísta y progresista también respecto a la justicia penal. La Generalitat ha impulsado en los últimos años importantes e innovadoras experiencias desarrolladas en el ámbito de la ejecución penal.

Hoy, y mañana, en el contexto de la discusión de un nuevo Estatut para nuestro país, deberíamos poder manifestar también si éste es el modelo de política criminal que queremos para Cataluña, o si por el contrario queremos optar por un modelo propio en la línea de las recomendaciones del Consejo de Europa. Un nuevo modelo que, nacido del consenso, resitúe en términos aceptables la pena de prisión y sus formas de cumplimiento, y que dé entrada con valentía a nuevas modalidades sancionadoras.

El Parlament y el Departamento de Justicia de la Generalitat tienen por delante una tarea apasionante y necesaria en la que encontrarán sin duda el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Limitarse a criticar al PP ya no sirve.

Ramón Parés Galles, profesor de Derecho Penitenciario de la UB y ex secretario general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat.