El Gobierno vendió en 1997 el astillero público Barreras a un grupo 'fantasma' de Luxemburgo

El Gobierno privatizó en diciembre de 1997 el astillero público de Vigo Hijos de J. Barreras por 750 millones de pesetas (4,5 millones de euros). La SEPI y el Consejo de Ministros aprobaron la venta, en la que la mayor parte de las acciones del astillero (50%) eran para el grupo Odiel, cuya matriz es la sociedad Naviera Odiel. Pero algo no cuadra. La venta, materializada en junio de 1998, se realizó al fin a una sociedad llamada Construcciones Navales del Odiel, propiedad de un grupo luxemburgués de capital desconocido, Granata, que, supuestamente, nada tiene que ver con Naviera Odiel.

El Gobierno aprobó la privatización del astillero HJ Barreras en la reunión del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 1997. Lo vendió por 750 millones de pesetas (4,5 millones de euros) al Grupo Odiel, cuya matriz es la Naviera Odiel, y a otros inversores (Albacora, Grupo García Costas y directivos del astillero). Hasta aquí, todo normal. Todo claro.

Las cosas se complicaron cuando se concretó la venta de las acciones, el 9 de junio de 1998, seis meses después de la decisión del Consejo de Ministros. La mayoría de las acciones de HJ Barreras fueron a parar a Construcciones Navales del Odiel, una sociedad unipersonal domiciliada en Bilbao, constituida tres meses después de que se aprobara la privatización y propiedad 100% de una sociedad luxemburguesa. Esta sociedad, denominada Granata, está participada a su vez por sociedades domiciliadas en paraísos fiscales (islas Vírgenes Británicas y Bahamas).

Construcciones Navales del Odiel, según sostiene el consejero delegado de Naviera Odiel, Javier Pereda, nada tiene que ver con su grupo, que teóricamente ganó la privatización de Barreras. "Ni como compañía, ni como accionistas, ni como familia [Naviera Odiel es una empresa de carácter familiar] tenemos o tuvimos nada que ver con la privatización de HJ Barreras", afirma el consejero delegado de Naviera Odiel.

Misterio servido

El misterio está servido y ya ha provocado iniciativas legales. En concreto, se ha presentado una querella que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. Si Naviera Odiel no tuvo nada que ver con la compra de Barreras y si no es su propietaria, la consecuencia es que el Gobierno vendió Barreras a una sociedad que no consta en el acuerdo del Consejo de Ministros; que se constituyó tres meses después de aprobada la venta; que, por lo tanto, no pudo ser ni investigada ni informada por el Consejo Consultivo de Privatizaciones; que tiene como socio único una sociedad de Luxemburgo con pérdidas acumuladas entre 1999 y 2002 de unos 46 millones de pesetas (alrededor de 275.000 euros) y cuyo capital es de origen desconocido.

Todos estos interrogantes han sido contrastados con el administrador único de Construcciones Navales del Odiel, Francisco Javier Iglesias (ex directivo de Barreras, ex directivo de Naviera Odiel y consejero de HJ Barreras). Y ésta es su explicación: "Todo el proceso ha sido correcto. Barreras y Odiel [Construcciones Navales] funcionan correctamente y han cumplido todos los compromisos contraídos en la compra". La seguridad de Iglesias, la única cara visible de Construcciones Navales del Odiel, se apoya en dos argumentos: consejeros de Naviera Odiel (hasta cuatro de ellos) pasaron a formar parte del consejo de HJ Barreras tras la privatización, lo que respalda la idea de que fue la naviera la que compró el astillero; el consejero delegado de Naviera Odiel en 1998, Rodolfo Burgos Marín (accionista, además, del Grupo Odiel con un 5%), pilotó la operación de compra que no reconoce ahora Naviera Odiel, el teórico comprador.

La firma de Rodolfo Burgos Marín aparece, además, en un documento fechado el 9 de junio de 1998 (el día de la venta de Barreras), firmado también por un representante de Astilleros Españoles (sociedad vendedora), en el que la empresa Naviera del Odiel responde de todas las obligaciones contraídas por Construcciones Navales del Odiel.

El supuesto aval, que el actual consejero delegado de Naviera Odiel, Javier Pereda, niega haber conocido o facilitado desde la empresa, especifica en su último párrafo que es un documento "confidencial, salvo que su contenido o exhibición resulte necesario para la defensa y/o ejercicio de los derechos derivados de la presente carta".

Ante las evidentes discrepancias entre las partes implicadas en la compra caben dos posibilidades: o Naviera Odiel niega por razones desconocidas ser propietaria de una sociedad por la que licitó en 1997, o directivos y accionistas de la compañía actuaron, a título personal, en la compra del astillero público sin el conocimiento de los accionistas mayoritarios, la familia Pereda.

Todo claro y legal

Consultado al respecto Rodolfo Burgos, una de las personas clave en la operación, éste desvió cualquier aclaración hacia el administrador único de Construcciones Navales del Odiel, Francisco Javier Iglesias, para quien todo el proceso de venta "al Grupo Odiel" está claro y es legal. Iglesias no da detalles sobre los accionistas de Granata, propietarios de la sociedad que administra en España.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por su parte, señala que el plan industrial pactado con los compradores del astillero HJ Barreras se ha cumplido "y está acabado". La tutela del proceso de privatización por parte del Estado ha finalizado y no consta irregularidad alguna. Para la SEPI, el Grupo Odiel sigue siendo el referente en la venta de HJ Barreras, un astillero que, según Iglesias, "gana dinero" y cuenta actualmente con más de 300 empleados.