Osuna defiende la compra de Quality Food, pero no aclara la retirada de fondos

El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, del PP, defendió ayer que este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, adquirió "legalmente" la mayoría del accionariado de la empresa privada Quality Food, dedicada a los servicios de alimentación y catering. Aseguró que la Zona Franca pagó los 4,3 millones que debía depositar en la ampliación de capital, aunque no aclaró por qué retiró 2,3 millones de las cuentas bancarias de esa sociedad antes de abonar las acciones, como denunció el lunes en los juzgados el ex presidente y fundador de Quality, Manuel García Gallardo.

Osuna detalló que la ampliación de capital se realizó "bajo la tutela" de la Abogacía del Estado. Se apoyó en este hecho para criticar la "pretensión" de García Gallardo de recuperar esta empresa. "Es inviable y una cortina de humo para tratar de desviar sus responsabilidades jurídicas en este caso. La Zona Franca sí ha aportado la totalidad del dinero para adquirir el 52%", dijo Osuna, quien, con todo, no se refirió a los 2,3 millones que retiró de esta sociedad para poder pagar la ampliación de capital, según la denuncia del ex presidente de Quality. Se limitó a decir que la Zona Franca realizó una serie de reintegros por los avales y alquileres que le debía esta sociedad, al tiempo que explicó que todas las empresas que adquiere el recinto fiscal abren una línea de crédito.

Osuna anunció que la Abogacía del Estado presentará una querella criminal contra García Gallardo como presunto autor de un delito societario. Según explicó, este empresario "engañó" al Consejo de Administración de Quality y a la Zona Franca al presentar cuentas positivas "cuando en realidad esta sociedad estaba en quiebra técnica".

Miguel Osuna no permitió las preguntas de los medios de comunicación. Compareció con rostro muy serio y dio lectura a un comunicado. Su negativa dejó muchas dudas sin respuesta como su posible incompatibilidad, la desaparición de 2,3 millones de euros, o las denuncias del PSOE sobre la "masiva" contratación de familiares del PP, o los contratos adjudicados empresas privadas vinculadas a cargos públicos del PP.