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Análisis:Inversión | CONSULTORIO

Inversión pública

Eurostat, la oficina estadística de la UE, ha publicado una decisión que trata de precisar qué operaciones de inversión pública deben reflejarse en las cuentas públicas y cuáles en las del sector sociedades de mercado. Delimita que sólo asumiendo el riesgo de construcción y el de demanda o el de calidad del servicio (disponibilidad) puede considerarse una operación dentro del sector privado, sin afectar a las cuentas públicas. Es decir, el vehículo que asume el proyecto debe ligar sus resultados al uso efectivo de la infraestructura o a la calidad del servicio prestado, mediante un sistema de penalizaciones. El tema, en apariencia contable, condiciona la forma de hacer carreteras, hospitales, escuelas...

El asunto no es nuevo. Arranca de la aplicación de un sistema europeo de cuentas (SEC-95) que alteró la forma de considerar una sociedad u operación financiera como pública o privada. Ese sistema se tomó como criterio para medir el déficit en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que está suponiendo una nueva forma de contemplar la Hacienda pública y, por ende, de invertir desde la Administración. Muchas administraciones impulsan inversiones en colaboración con el sector privado (concesión) o desde vehículos societarios públicos que invierten y luego venden sus servicios al público (peajes, tarifas) o a la Administración (alquiler, canon).

De los criterios para consolidar contablemente una operación de financiación alternativa depende la cifra de déficit público de cada Administración, sus posibilidades de hacer nuevas infraestructuras, y también el grado de participación que el sector privado tiene y tendrá en la inversión y los servicios públicos. Asimismo, las operaciones "alternativas" hacen que las entidades financieras hallen un mercado más rentable, pero con mayor riesgo de crédito. En definitiva, la tendencia hacia la colaboración público-privada parece la apuesta para la provisión de infraestructuras, aunque las viejas preguntas siguen vigentes: ¿quién debe pagar las carreteras, los conductores o los contribuyentes?

R. Buenaventura y J. Barrio son profesores de la Escuela de Gestión Pública (Grupo Analistas).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de febrero de 2004