El Supremo confirma cinco años de prisión para Javier de la Rosa

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado las penas de cinco años y medio de prisión al ex vicepresidente de Torras-KIO Javier de la Rosa y ha elevado de año y medio a tres años la condena a Jorge Núñez y Lasso de la Vega por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, relacionados con el desvío de 12,02 millones de euros (2.000 millones de pesetas de la época) desde el Grupo Torras a una cuenta en Suiza. El titular de esa cuenta, Manuel Prado y Colón de Carvajal, ha visto también ratificada su condena a dos años de prisión por apropiación indebida y deberá indemnizar al Grupo KIO con la cantidad citada.

El Supremo ha elevado la pena a Lasso de la Vega al apreciar que conoció la disposición de fondos sin que hubiese causa para ello. Además, ha anulado parcialmente el acuerdo de la Audiencia Nacional que declaró extinguida por prescripción la responsabilidad penal del abogado Juan José Folchi; de Carin Linda Parker, administrativa del bufete del anterior, y de los apoderados Miguel Soler y José María Sot, todos los cuales deberán ser juzgados en la Audiencia Nacional por magistrados distintos.

La defensa de Javier de la Rosa anunció que recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional y tratará de evitar el ingreso en prisión solicitando la suspensión de la ejecución de la pena hasta que se resuelva el recurso.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra, confirma que De la Rosa aprovechó los cambios que se estaban desencadenando con la invasión de Kuwait por Irak en 1990 para desviar fondos de Torras, propiedad de Kuwait Investment Office (KIO), sacándolos al extranjero y llevándolos a una cuenta de Manuel Prado y Colón de Carvajal, "quien aceptó recibirlos para después darles un destino que no se conoce".

El desvío se produjo mediante la conocida como Operación Wardbase, en referencia a una sociedad instrumental creada en Londres por el abogado de Torras Juan José Folchi con intervención de Carin Linda Parker. El presidente de Torras Papel, Jorge Núñez Lasso de la Vega, firmó un contrato privado de arrendamiento de servicios con Wardbase, a fin de que ésta prestase el asesoramiento necesario para poner en funcionamiento una planta papelera en Bélgica, fijándose el precio en 2.000 millones de pesetas de entonces.

Wardbase no tenía infraestructura para prestar este tipo de asesoramiento y no realizó actividad alguna para cumplir el contrato, pero el dinero fue pagado siguiendo instrucciones de De la Rosa y acabó en la cuenta de Prado y Colón de Carvajal, con la colaboración de Miguel Soler y José María Sot, apoderados de Torras.

El letrado de la acusación, Javier Sánchez Vera, del bufete Cobo del Rosal, calificó la sentencia de "muy positiva" y subrayó que el criterio del Supremo de considerar interrumpida la prescripción podrá aplicarse a otras piezas del caso KIO que están pendientes de juicio.