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Las empresas de orujo lamentan la falta de ayudas para el traslado de sus industrias

La ANEO censura el "alarmismo" creado tras el accidente mortal en Martos

Ginés Donaire

La explosión en una fábrica extractora de orujo en Martos (Jaén), el pasado 28 de enero, que costó la vida a un trabajador e hirió de gravedad a otro, ha reavivado el debate sobre la seguridad de este tipo de industrias. Fernando Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (ANEO), que agrupa a 50 fábricas en todo el país, la mayoría en Andalucía, censura el "alarmismo" creado por "oportunistas". Los orujeros lamentan la falta de ayudas públicas para trasladar sus instalaciones a las afueras de los cascos urbanos.

"Las acusaciones que se han hecho en los últimos días son una falta de respeto hacia un sector que cumple una labor medioambiental insustituible", asegura Fernando Muñoz, quien recuerda que sólo en la provincia de Jaén, donde hay 17 industrias orujeras, se procesa la aceituna, una vez molturada, de más de 300 almazaras. Además, se llama la atención sobre la generación de empleo de estas industrias, pues sólo en la provincia de Jaén existen 1.000 empleos directos y 2.000 indirectos.

Muñoz no quiere personalizar en nadie sus críticas, pero admite estar "dolido" por las declaraciones de algunos sindicatos y también de algunos responsables políticos. El parlamentario de IU José Cabrero llegó a decir que las orujeras eran "bombas de relojería" por su proximidad con los cascos urbanos.

La asociación nacional de extractores de orujo indica que estas industrias "han sido pioneras en la aplicación de sistemas de prevención de riesgos laborales", por lo que "la población puede estar tranquila".

No obstante, Fernando Muñoz recuerda que, tras la crisis del benzopireno de hace tres años, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía prometieron ayudas al sector, no sólo para resarcirlos de las pérdidas por la caída de las ventas, sino para el traslado de las industrias. Sin embargo, aquellas promesas, indica Muñoz, "sólo fueron buenas palabras" y ahora "no hay voluntad política" para ayudar al sector orujero. "Si las extractoras hubieran tenido ayudas no estarían donde están", señala con rotundidad el presidente de la asociación nacional, quien lamenta la poca eficacia de los fondos del Feoga, que prevén subvenciones de en torno al 40%.

Izquierda Unida denunció la semana pasada que la Junta mantiene paralizado el Plan de Modernización de las Extractoras de Orujo, anunciado hace cinco años con unas inversiones previstas de 42 millones de euros.

La orujera de Martos sigue clausurada tras el accidente y ya no volverá a abrir sus puertas en el mismo lugar. También está paralizada la actividad en la fábrica orujera de la localidad de Torreperogil, en este caso por decisión del Ayuntamiento y de la plataforma por la calidad de vida, que denunciaron su impacto medioambiental. En la planta situada en Villanueva del Arzobispo, la Guardia Civil ha abierto diligencias porque los humos de la orujera dificultan la visibilidad de la carretera N-322.

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