Una bomba de relojería

Cinco sectores deberán absorber el 60% del impacto económico previsto para la industria española por los compromisos de la UE con Kioto. En conjunto deberán asumir, entre 2008 y 2012, un montante por compra de derechos de contaminación de entre 265 y 530 millones de euros, según estimaciones de PricewaterhouseCoopers. El índice español de precios industriales se incrementará en ese mismo periodo, según un estudio de la Universidad de Ginebra, en torno al 5%.

"La normativa sobre comercio de emisiones puede acabar a medio plazo con la producción de acero en Europa"

"La reducción acordada de emisiones puede suponer el cierre del 20% de las azulejeras y la pérdida de 6.000 empleos"

"En el sector del cemento, el 66% de las emisiones de CO2 se debe al proceso de producción y es imposible reducirlas"

Una aplicación estricta de la directiva europea puede poner contra las cuerdas a varios sectores intensivos en mano de obra y no sólo porque no hayan hecho los deberes. El margen para reducir las emisiones de CO2 en algunas actividades es muy reducido.

El panorama por sectores, con excepción de la generación eléctrica que se ha tratado en páginas anteriores, respecto al cumplimiento del Protocolo de Kioto y la elaboración del Plan Nacional de Asignación (PNA) de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, es el siguiente:

- Cal, vidrio y cerámica. La industria de la cal, a priori, es una de las que cuenta con menores margenes para cumplir con Kioto. Sus emisiones de CO2 están ligadas a la obtención del producto. Se produce por descarbonización de la caliza mediante calentamiento que libera el CO2. Tal proceso representa casi el 80% de sus emisiones, con lo que su margen de maniobra de reducción se limita a un 20% (cambio de combustible y mejoras tecnológicas). Este subsector reclama un tratamiento generoso y flexible en la adjudicación de derechos de emisión.

La industria azulejera, que emplea a 26.000 personas y cuya producción representa el 0,5% del PIB y el 1,5% de las exportaciones españolas, ha advertido ya al Gobierno, respaldando sus afirmaciones con un informe de PricewaterhouseCoopers, que la aplicación estricta de los compromisos de la UE supondría para este sector pérdidas de 1.000 millones de euros, el cierre del 20% de las fábricas y la supresión de 6.000 empleos.

Según el informe citado, la directiva de la UE podría obligar al sector a desembolsar 72 millones de euros anuales, a partir de 2008, en la compra de derechos de emisión de CO2. Según Fernando Diago, presidente la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), este desembolso "conllevaría un incremento de costes de producción del 34%, con el consiguiente efecto negativo para la competitividad, que se traduciría en una caída del 27% en la facturación y del 30% en la exportación".

Diago, aunque reconoce que la industria azulejera es responsable del 1,9% de las emisiones contaminantes incluidas en la directiva de la UE, señala que su sector lleva invertidos 1.150 millones desde 1985 en medioambiente y que ha reducido a la mitad sus emisiones de CO2 por metro cuadrado de producido. "La capacidad de reducción de emisiones que el sector tiene hoy no llega ni al 5%", dice, "lo que supone un escaso margen de actuación en el futuro".

Los azulejeros han pedido al Gobierno que tenga en cuenta, a la hora de elaborar el Plan de Asignación, las características de cada sector, su potencial de crecimiento, su capacidad de reducción de emisiones y las actuaciones realizadas en esta materia.

- Cemento. Este sector ha incrementado su producción en un 50% desde 1990, mientras que sus emisiones de CO2 han crecido en torno a un 6%. "En todo este tiempo, nuestro sector ha realizado grandes inversiones para mejorar la eficiencia energética de sus plantas", señala el presidente de la patronal Oficemen, Rafael Melgar, "hasta situarlas entre las más eficientes del mundo y el margen de mejora que nos queda es muy limitado". En la industria cementera "el 66% de las emisiones de CO2 procede del proceso de producción [descarbonatación] y es imposible de rebajar". Oficemen, en suma, no considera posible reducir en España ni en su sector las emisiones en los términos de Kioto y emplaza al Gobierno a renegociar con la UE los compromisos medioambientales.

- Siderurgia. Esta industria considera casus belli la directiva europea sobre comercio de emisiones. Cree que la normativa puede acabar a medio plazo con la producción de acero en Europa. "La siderurgia produce CO2 porque utiliza carbón. Pero la industria europea, y en particular Arcelor, en relación a la referencia de 1990, ha bajado su producción de este gas en un 17%. Dos veces más que el compromiso de Kioto", señala Guy Dollé, presidente de la patronal europea y del grupo Arcelor, en el que se integró la española Aceralia. Dollé propone como alternativa que se pongan aranceles a los productos de países que no han firmado el Protocolo o flexibilizar la aplicación de Kioto.

- Papel y pasta de papel. El sector, compuesto por 15 fábricas de celulosa y 132 de papel, factura 4.100 millones y ocupa a 118.000 personas. Su patronal, Aspapel, asegura que esta industria tiene limitado potencial de reducción en emisiones directas de CO2, pero gran potencial de reducción en las indirectas (externas al sector). Señala el peligro de pérdida de competitividad y deslocalización si no se aplica con flexibilidad y racionalidad el Protocolo de Kioto, tanto en el reparto gratuito de cuotas de emisión, como en la potenciación de la cogeneración eléctrica dentro del Plan de Asignación o en la introdución de medidas fiscales de apoyo a las industrias.

- Refinerías. La actividad de destilación de crudo ha crecido en un 6,7% entre 1990 y 2001, mientras que las emisiones de CO2 han disminuido un 7,7%, aseguran en la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos. Pero advierten también que las emisiones de CO2 tenderán a aumentar en el futuro, al necesitar estas industrias más energía para producir carburantes más limpios y eficientes. Pretenden por tanto que no se les discrimine respecto a sus competidores europeos en la adjudicación de derechos de emisión, para no perder competitividad, y que se valore el conjunto de sus políticas e inversiones medioambientales -y no sólo las del Protocolo de Kioto- en el Plan de Asignación.