Trillo asegura que el CNI "no tuvo información" de la reunión entre Carod y ETA

El ministro de Defensa, Federico Trillo, aseguró ayer en Teruel que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "no tuvo ninguna información" sobre la entrevista del entonces conseller en cap de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluís Carod Rovira, con miembros de la dirección de ETA. Fuentes de La Moncloa y de los ministerios de Defensa e Interior confirman, sin embargo, que el CNI elevó un informe a Presidencia del Gobierno dándole cuenta de la reunión antes de que se filtrase al diario Abc.

Trillo, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PP en aquella ciudad, en la que hizo balance de los ochos años de Gobierno de su partido, dijo, según informa Efe, que "el deber democrático de aclarar la entrevista con ETA es del señor Rovira" y que "es una desvergüenza tratar de involucrar al CNI como una cortina de humo" ya que, según el ministro, "el problema no radica en los servicios de inteligencia" sino en los que "se entrevistaron con ETA".

El ministro comentó que lo ocurrido en torno a la entrevista de Carod Rovira con ETA "es una sucesiva serie de cierres en falso" y que "si esto no fuera trágico parecería una comedia, un enredo, por lo que no hay que involucrar a los servicios de inteligencia estatales para poner una cortina de humo. Hasta ahí podríamos llegar", concluyó.

El PSOE recurre la negativa

El Grupo Socialista ha recurrido el acuerdo que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso tomó el lunes, negando tramitar que se debata la comparecencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, para explicar el papel que desempeñó el CNI en el caso Carod. En su escrito, el PSOE aporta numerosas opiniones doctrinales, según las cuales, una vez disueltas las Cortes, como ahora ocurre, la Diputación Permanente debe mantener la capacidad y la competencia para que los grupos puedan ejercer un cierto control del Gobierno sobre asuntos importantes.

El escrito insiste en el argumento, ya manejado por los representantes socialistas ante la Mesa, de que, con una interpretación restrictiva de la Constitución y del Reglamento, se llega al absurdo de que durante los tres o cuatro meses que transcurren entre la disolución de las Cortes y la constitución de las próximas, tras las elecciones generales, el Gobierno de turno podría llevar a cabo las actuaciones "más descabelladas" sin que fuera posible ningún tipo de control parlamentario.

Además, y de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Congreso, el PSOE entiende que la Mesa de la Diputación Permanente -integrada por tres diputados del PP y dos del PSOE- no puede decidir por sí sola sobre la solicitud de comparecencia que presentaron los grupos de oposición ya que sería necesario oír previamente a la Junta de Portavoces, algo que no ocurrió.