Candidaturas al margen del Consell

El Partido Popular comunicó en la noche del sábado la composición de sus candidaturas electorales a las próximas elecciones generales. Unas listas basadas en un compromiso gestado en Madrid. Eduardo Zaplana renunciaba a incluir a miembros del Consell en las candidaturas, lo que hubiese forzado al presidente de la Generalitat a asumir su primera crisis, y Francisco Camps dejaba al presidente del PP vía libre para presentar unas listas "excepcionales, las mejores que se presentan".

El PP ha sido el último partido que ha desvelado los nombres de los integrantes de sus listas electorales. En esta ocasión, los ajustes finos que era necesario hacer por la sucesión entre Aznar y Rajoy y la crisis existente en el partido a raíz de la brecha entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps obligaron al ministro de Trabajo y presidente regional del PP a confeccionar unas candidaturas continuistas, que no interfiriesen la actividad del Consell y que sirviesen para mantener e intentar ampliar su poder orgánico.

El 'caso Fabra' ha permitido al ministro reforzar su presencia en Castellón

Así, Zaplana mantuvo el pasado sábado los últimos contactos para cerrar la absorción de Unión Valenciana y presentar unas candidaturas que diesen la imagen de que sigue haciendo y deshaciendo a su antojo. Sin embargo, los condicionantes previos ya estaban marcados. La dirección nacional del PP había dado orden de colocar a todos los ministros del Gobierno -a excepción de Francisco Álvarez Cascos, retirado voluntariamente- en las candidaturas. El ministro de Defensa, Federico Trillo, había insistido en mantenerse como cabeza de cartel por Alicante desplazando así a la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, a la circunscripción de Murcia. Una decisión no muy del agrado de los populares en la provincia de Alicante que, en esta ocasión, hubiesen preferido a la ministra del Plan Hidrológico Nacional frente al ministro de la invasión de Irak y del accidente del Yak-42. La decisión de Trillo de repetir, como hizo en las últimas convocatorias generales, como cartel del PP por Alicante implicó también finalmente la continuidad de Miguel Campoy, persona ligada al ministro de Defensa, en puestos de salida.

A partir de aquí, Zaplana apostó por la continuidad y la estabilidad y sólo realizó un cambio: el de Maribel Díez de la Lastra por el de su sobrina Macarena Montesinos, actual secretaria del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y persona de confianza del ministro de Trabajo. Un cambio aceptado a regañadientes por Díez de la Lastra que ve, además, cómo la candidatura de su sobrina en puestos de salida al Congreso de los Diputados permitirá la entrada en el Parlamento valenciano a Dolores Peña, esposa del edil de Alicante Pedro Romero, viejo adversario en el seno del partido. Dolores Peña es la secretaria del Grupo Popular municipal que en un plazo de ochos meses pudo comprar tres viviendas en Alicante valoradas en más de dos millones de euros.

En las candidaturas de Alicante repiten como candidatos al Senado el suegro de Zaplana, Miguel Barceló, y la hermana del presidente de las Cortes, Inmaculada de España.

En la circunscripción de Castellón el presidente del PP en la Comunidad Valenciana vio el camino despejado por la debilidad de Carlos Fabra a raíz de su imputación en un supuesto tráfico de influencias. El ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, partía como cabeza de cartel tras las directrices fijadas por Madrid. A partir de ahí, y con Carlos Fabra renunciando a colocar a una de sus hijas en las listas, Zaplana situó a sus hombres de confianza en el Ministerio de Trabajo en la candidatura al Congreso: el secretario de Estado, Fernando Castelló; y el director general, Miguel Barrachina. En la lista al Senado por Castellón, el ministro de Trabajo se vio obligado a mantener a Gabriel Elorriaga, padre del responsable de campaña de Mariano Rajoy, reubicó a Juan José Ortiz y dio entrada a Carlos Murria, sacrificando a Miguel Prim, contaminado por el caso Fabra.

En la circunscripción de Valencia, que estaba obligado a liderar el propio Eduardo Zaplana, la confección de las candidaturas se vio condicionada por la exigencia de Francisco Camps -ante los órganos de dirección del PP en Madrid- de que no se incluyese a ningún miembro de su Gobierno. Una situación que le hubiese obligado a realizar una remodelación forzada y que podría haberle privado de alguno de sus principales consejeros.

Ante la imposibilidad de echar mano de los cargos del Consell para confeccionar la candidatura y con la necesidad de situar al ministro de Justicia, José María Michavila en el número dos de la lista, Eduardo Zaplana optó por mantener la estructura de las candidaturas por Valencia, que ya en la convocatoria de 2000 hizo a su libre albedrío, entonces con Francisco Camps como cartel, y que se tradujeron, al menos hasta la fecha, en el techo electoral del PP en la Comunidad Valenciana.

Así, en esta circunscripción se mantienen, junto a pesos pesados del PP en el Congreso como Ignacio Gil-Lázaro y Vicente Martínez Pujalte, un buen número de personas de la confianza de Zaplana como Susana Camarero, Asunción Olta, Joaquín Calomarde y otros.

En conjunto, unas listas, en las que el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha tenido poco que decir.

En expectativa de destino queda alguno de los miembros del equipo de Zaplana en el Ministerio de Trabajo, que confiaba en entrar en las listas, y varios cargos de la Administración valenciana que no renuncian a seguir al ministro en su carrera política en Madrid.