La fiscalía pedirá cárcel para los conductores ebrios reincidentes

La Administración catalana y la de justicia están decididas a afrontar el grave problema que supone la fenomenal sangría que cada año causan los accidentes de tráfico. El año pasado, en las carreteras catalanas fallecieron 627 personas. En el 40% de estas muertes estaba presente el cóctel letal que forma la suma de alcohol y velocidad. Para empezar a poner coto a esta mortífera combinación, ayer se reunieron la consejera de Interior, Montserrat Tura, y el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. Del encuentro nació el anuncio de un fuerte endurecimiento en materia de tráfico que en los casos más graves, como la conduccción bajo los efectos del alcohol, prevé incluso el ingreso en prisión del infractor, el decomiso del coche o ambas opciones a la vez.

La mano dura -el peso de la ley, en términos clásicos- recaerá sobre los conductores denominados suicidas -aquellos que circulan al doble de la velocidad permitida en cada tramo, lo hacen contra dirección o se saltan los controles y los semáforos-, sobre los chóferes varias veces reincidentes -los hay que acumulan varias decenas de sanciones consideradas graves- y sobre los que conduzcan bajo los efectos del alcohol.

El constante goteo de muertes en la carretera es un hecho asumido por el conjunto de la sociedad española, que no se escandaliza por ello pese a que pone el grito en el cielo y pide duras medidas para evitarlos cuando se trata, por ejemplo, de accidentes laborales o aéreos. Este hecho, unido a que en la cultura española el consumo de alcohol forma parte de la vida y la velocidad está socialmente premiada, coloca a España en los lugares más altos en la clasificación de los países occidentales en materia de siniestralidad en las carreteras.

Por ello, ayer Montserrat Tura anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas de choque dirigido a "esa minoría" de conductores que "se saltan la normas y ponen en peligro su vida y la de los demás".

Junto a las medidas policiales y judiciales, otra de las novedades radicará en que las patrullas de tráfico de los Mossos d'Esquadra llevarán en sus vehículos una lista con los nombres y las identificaciones -por ahora se trata de 30 personas- de los infractores multirreincidentes. En caso de infracción, estas personas, aunque no hayan causado daños, serán detenidas y pasarán a disposición de la fiscalía, que solicitará el decomiso del vehículo.

En las situaciones más extremas, aquellas en las que haya un siniestro con víctimas provocado por un conductor ebrio o cuando se registre un notable exceso de velocidad, o en ambos casos, y aquellas en las que se aprecie riesgo de fuga o peligro de reincidencia, la fiscalía pedirá a los jueces la prisión preventiva.

José María Mena, que anunció que en la fiscalía se creará un servicio especial para estas situaciones que estará a cargo del fiscal Antonio Vicent, advirtió de que, cuando se trate de conductores suicidas, los fiscales recurrirán a todas las penas que prevé el artículo 384 del Código Penal, tanto en lo referente a la prisión, con condenas de uno a cuatro años, como a la retirada del permiso de conducir, por el mismo periodo.

Aunque se mantienen los límites actuales de alcoholemia, Mena anunció que la ley se aplicará a partir de ahora de forma "más contundente". En este sentido aseguró que, en los casos de alcoholemia en personas que vayan al volante, cuando intervenga la Administración de justicia los fiscales solicitaráb las penas en grado medio, y no en grado mínimo como se venía haciendo hasta ahora. El castigo será mayor si el conductor, además, carece de seguro obligatorio.