La Junta sienta a las partes implicadas en la huelga en las canteras de Alhaurín, que afecta ya a 700 obras

Las partes implicadas en el conflicto sobre las canteras de Alhaurín de la Torre, que ayer permanecieron paralizadas por octavo día consecutivo por una huelga de los trabajadores que reclaman estabilidad laboral, apuraban anoche los intentos de alcanzar una solución. La reunión convocada por la Junta no había concluido al cierre de esta edición pese a que había cumplido ya más de cinco horas. Las distintas partes mostraron en un receso pesimistas sobre la posibilidad de un acuerdo inminente por la distancia entre las posiciones.

La huelga ha afectado ya sensiblemente al sector de la construcción, el más dinámico de la economía de Málaga. Según los constructores, unas 700 obras han tenido que quedar paralizadas por falta de suministros, entre ellas actuaciones públicas como el AVE, sobre la que los concesionarios ya anunciaron que pedirán la revisión de los contratos por la imposibilidad de cumplir los plazos previstos. Según estimación de CC OO, la venta de cemento se ha reducido a la mitad en la semana que se ha cumplido de huelga.

Los trabajadores exigen al Ayuntamiento de Alhaurín y a la Junta un compromiso firme sobre el mantenimiento de las canteras, y aseguran del grave perjuicio que el cierre de las mismas ocasionaría porque de ellas se abastecen todas las obras de la provincia, en las que trabajan unas 50.000 personas. Según CC OO, las siete canteras de Alhaurín proporcionan anualmente 22.000 toneladas de áridos.

Desde hace años, una plataforma ciudadana reivindica el cierre de las canteras por los problemas de salud que suponen para la población de Alhaurín, riesgo que niegan los trabajadores amparándose en los informes técnicos, y por el fuerte impacto medioambiental. La plataforma además ha denunciado irregularidades en las concesiones.

Los trabajadores acusan a Ayuntamiento y Junta de mantener un doble lenguaje porque entienden que por un lado su intención es cerrar las explotaciones, pero por otro no quieren asumir el coste de la decisión por lo que "se pasan la pelota". Esta indefinición, según CC OO, provoca que no esté regulada la situación de las empresas extractoras.