El personal de tres reformatorios sigue encerrado para exigir medios

Los 180 trabajadores de los tres reformatorios públicos de menores mantendrán el encierro iniciado hace seis días en protesta por la "saturación" de estos centros hasta que el Gobierno regional les proponga "soluciones duraderas, no parches". Así lo decidieron ayer tras rechazar "por insuficiente" la oferta de la Comunidad de abrir en un mes 35 plazas en reformatorios y de negociar sus condiciones laborales.

Los trabajadores encerrados se quejan de que los tres reformatorios de gestión pública -Altamira (San Blas) y Renasco y El Madroño (Carabanchel)- albergan desde hace una semana a 61 menores autores de delitos graves cuando sólo tiene capacidad para 54. Y creen, además, que no se trata de un problema puntual. "En noviembre se sobrecargaron los cinco centros de reforma gestionados por empresas privadas y ahora nos ha tocado a los de gestión pública", explican los representantes de UGT, CC OO y CSIT.

Según datos sindicales, que la Comunidad no confirma ni refuta, hay 160 menores sancionados por los jueces con ingresos en reformatorios que no se ejecutan por falta de plazas.

Juan José García Ferrer, gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), cree que la decisión de los trabajadores de seguir encerrados "responde a otras pretensiones de negociación colectiva y no a una falta de respuestas del Gobierno a los problemas que habían planteado".

"Se quejaban de saturación en los centros y les hemos ofrecido abrir 35 nuevas plazas en un mes, así como iniciar una mesa de diálogo sobre sus condiciones laborales. Lo que no puede ser es que ahora, en plena protesta, nos exijan que todos los trabajadores fijos discontinuos pasen a tener contratos a tiempo completo y que los nuevos centros sean de gestión pública, no privada", añade. "Yo no puedo saltarme los plazos administrativos y abrir un nuevo centro en tres días", concluye García Ferrer.

José Manuel Íñiguez, representante de CC OO en el IMMF, explica que la actitud de los trabajadores es producto de "la falta de recursos que se arrastra desde la entrada en vigor, en enero de 2001, de la Ley Penal del Menor". Dicha norma, al elevar a los 18 años la edad mínima de ingreso en prisión, obliga a las comunidades autónomas a disponer de reformatorios para internar a jóvenes delincuentes.

"Nos ofrecen 35 nuevas plazas en un mes, pero eso sólo alarga el problema. Lo que reclamamos es que el Gobierno regional destine presupuestos suficientes para abrir nuevos centros y convertir a los trabajadores discontinuos en fijos", añade Íñiguez. Alberto Sánchez, de UGT, añade que, en los últimos diez días, los jueces han internado a 33 menores en reformatorios saturando unos centros que ya estaban llenos. "Por eso exigimos soluciones inmediatas", añade.

En Madrid hay ocho reformatorios. Tres los gestiona directamente el IMMF y el resto están regentados por empresas. Los representantes sindicales explican que también los centros privados están desbordados. "Pero en ellos hay miedo a protestar porque la contratación es más precaria", añaden.