Fabra se niega a hablar sobre su situación al volver a la actividad pública tras las denuncias

"Ya sabe cómo funciono en este tema, usted con sus asesores y yo con los míos". Con esta frase, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, zanjó las peticiones para que aclarase las graves imputaciones formuladas por el empresario Vicente Vilar, que asegura que le ha pagado grandes cantidades de dinero a cambio de lograr su influencia en favores políticos. Fabra recuperó ayer su agenda política tras cuatro semanas de parón sin responder a preguntas. El consejero de Justicia, Víctor Campos, reconoció ayer que el caso Fabra "va a incomodar el desarrollo de la campaña electoral".

El decanato de Nules acumuló ayer para su reparto el procedimiento que la juez del juzgado número 1 ha remitido al detectar, en el relato de los hechos formulado por el abogado de Vilar, indicios de delitos no recogidos en la propia querella. Además, remitió a la fiscalía la documentación aportada junto a la denuncia al constatar la existencia de indicios de los presuntos delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial de los que Vilar acusaba, entre otros, a Carlos Fabra. Vicente Vilar ya manifestó su intención de personarse como acusación particular para que la denuncia retome la fórmula de querella y recurrir la inadmisión de la apertura de diligencias, decretada por la titular del juzgado número 3 de Nules, por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Sobre ésta, la juez apuntó que, en cuanto a los dos primeros delitos, no encontraba indicios, mientras que en el caso de la supuesta falsedad en documento mercantil, el delito, en el caso de existir, ha prescrito.

El texto de la querella por la que se investigará, de oficio, a Fabra, relata que las empresas del grupo Naranjax, propiedad de Vilar, "entregaban sumas importantes de dinero a Carlos Fabra por gestiones que él mismo efectuaba ante altos cargos de la Administración, tanto estatal como autonómica". Además, el texto relata las reuniones entre Fabra, y los entonces ministros de Agricultura, Jesús Posadas, y de Sanidad, Celia Villalobos, tal como ellos mismos han admitido.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Alejandro Font de Mora, tachó ayer de insidia las acusaciones socialistas de que el consejero de Justicia, Víctor Campos, está presionando a los estamentos judiciales al dar por zanjado el caso Fabra con la inadmisión de las querellas de Vicente Vilar. "Más que un disparate, son una insidia" las afirmaciones del PSPV, dijo Font de Mora.

Campos reivindicó ayer su "libertad para opinar", una responsabilidad que no le viene dada como consejero de Justicia, sino como secretario provincial del PP. El consejero apuntó, sin embargo, que el escándalo "va a incomodar el desarrollo de la campaña" electoral porque el PSOE no hablará de temas de futuro.

Los socialistas valencianos, con su secretario general Joan Ignasi Pla a la cabeza, acusaron al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de mantener una actitud de "connivencia irresponsable" con Carlos Fabra y a Eduardo Zaplana de intentar "quedar al margen". Para Pla, "políticamente es muy grave lo conocido hasta ahora" y exigió al PP que cumpla con la teoría de Aznar según la cual su partido es incompatible con la corrupción.