La oposición propone vías laborales para documentar a los inmigrantes 'sin papeles'

En España viven 852.889 inmigrantes irregulares, según el único modo de contarlos: el padrón municipal. Su número se aproxima cada vez más al de los regularizados, que el Ministerio del Interior cifra en 1.074.895. EL PAÍS ha preguntado a los partidos de la oposición y a los principales sindicatos qué medidas proponen para acabar con esa bolsa de desheredados. A pesar de notorias diferencias de enfoque y ejecución, casi todos los consultados defienden que la vinculación de los sin papeles al mercado de trabajo es la forma más apropiada de regularizar su situación.

La cifra de extranjeros en situación irregular debe ser considerada aproximada. Ha sido obtenida cruzando el número de los regularizados, proporcionado por el Ministerio del Interior, con el de los censados, revelado por el Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno no reconoce el resultado: alega que un inmigrante sin papeles puede estar censado en varios municipios. Pero esa distorsión queda compensada, pues también existen inmigrantes con papeles que aparecen en el cálculo de Interior y pueden haber abandonado España.

"Hay que apurar la ley"

"La solución no vendrá de una respuesta simple. Es imprescindible articular distintas actuaciones. Un proceso extraordinario incondicional para legalizar a los irregulares es la expresión de un gran fracaso y un arma de doble filo, que genera una tendencia de atracción de nuevos inmigrantes en la confianza de que pasado un tiempo volverá a actuarse de igual modo. Una decisión de esa naturaleza es siempre el último recurso y debe vincularse necesariamente, entre otras, a relaciones laborales que ya existen de facto u ofertas reales en el mercado de trabajo".

"Se requiere una gestión inteligente y flexible utilizando las distintas vías que incluye la actual legislación. Posibilidades, hoy inexploradas o deficientemente utilizadas por la rigidez de la administración y por decisiones políticas que varían de un año para otro, en relación con distintos itinerarios de legalización que podrían resultar claves para aliviar la presión actual. A fecha de hoy la confusión es muy grande y se desconocen los requisitos ciertos por los que alguien que carecía de papeles ha podido legalizar su situación y otro ha sido rechazado, lo que desinforma tanto al inmigrante como a los potenciales empleadores y perjudica a todos. La sombra de la arbitrariedad está muy presente".

"Para nosotros el elemento clave debe descansar en la vinculación con el mercado laboral, pues existen empresarios que quieren contratar y que no pueden hacerlo. Tan sólo de una combinación de actuaciones vendrá la progresiva solución a un problema que ya es grave".

"En primer lugar, hay que aplicar la lógica del mercado, regularizar a todos aquellos que, de hecho, están trabajando y llevan al menos un año viviendo aquí, prueba inequívoca, salvo excepciones, de que trabajan y tienen unos ingresos para su sustento. Asimismo, medidas drásticas para hacer aflorar el trabajo clandestino en la economía sumergida: la protección a los trabajadores afectados y no su expulsión sería una de ellas".

"En segundo lugar, documentar y dotar de los permisos correspondientes a los inexpulsables: aquellas personas que no pueden ser expulsadas porque no hay convenio con sus países y éstos no admiten la devolución, y a los que, paradójicamente, se les abre expediente de expulsión y se les deja en la calle como no existentes".

"Imprescindiblemente, cambiar una normativa y unas políticas de extranjería que han logrado sembrar el caos y una injusta e injustificada alarma social".

"Permisos de residencia temporales. Esta es la solución para sacar de la ilegalidad al millón de extranjeros que viven en España sin todos los documentos en regla. La regularización temporal deber ir acompañada de una nueva gestión de los flujos migratorios, puesto que el actual sistema ha fracasado estrepitosamente. Si el Gobierno no se ve capaz de hacer esta gestión de forma más correcta, debe aceptar la colaboración de las autonomías y los agentes sociales. Lo primero que debería cambiar en la actual política migratoria es el sistema de información. No hay transparencia en las cifras, el Gobierno informa a las comunidades autónomas con un año de retraso sobre las cifras de las regularizaciones y esto no puede continuar así".

"En el balance anual que sobre inmigración ha efectuado el Delegado del Gobierno responsable del área, las cifras cantan que hay un número de 'no regularizados' que exigen respuestas políticas. En el caso de mi formación política huimos del maximalismo y de la idea de solución panacea: sabemos que es difícil la acogida abierta, pero la impronta humanista nos impide resignarnos a la existencia de personas perdedoras natas. Qué sentido tienen nuevos contingentes sin dar solución a entradas anteriores estables, e incluso con trabajo y un cierto arraigo. ¿Por qué no se permiten políticas autonómicas distintas?"

"Cuando en un país circulan por sus calles un millón de inmigrantes que no tienen regularizada su situación lo primero que tiene que hacer un gobernante es reconocer la existencia de ese problema e intentar calibrar su magnitud. El siguiente paso debe ser el de la toma de medidas. Hay que primar por encima de todo la celeridad en la toma de decisiones. Cuanto más tiempo permanezcan deambulando por nuestras calles personas que no tienen resuelta su situación legal, será peor para todos, pero en primer lugar para esas propias personas, que se convierten en víctimas propicias para todo tipo de desalmados. Por lo tanto, las autoridades deben actuar con la máxima celeridad para regularizar a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos por las leyes y, para el resto, adoptar las medidas que nuestro sistema legislativo contempla".

"Hemos planteado reiteradamente a la Administración la insuficiencia de las actuaciones de las inspecciones de Trabajo y hemos propuesto, al tiempo que su reforzamiento, la apertura de vías de colaboración social para hacer aflorar situaciones de explotación, normalizar esas actividades y legalizar la situación de los trabajadores implicados".

"El arraigo de tres años se ha aplicado de manera restrictiva, exigiendo la existencia simultánea de dos requisitos, vínculos familiares e inserción laboral. Permitir el acceso a la documentación cumpliendo uno de ellos, facilitaría la regularización de quien acreditara este periodo de estancia en España. La modificación de la Ley de Extranjería, con la posibilidad de que los trabajadores sin autorización obtengan las prestaciones de seguridad social que les correspondan, podría hacer considerar el arraigo por trabajo, teniendo como base el reconocimiento de determinadas prestaciones".

Con información de Miquel Noguer y Emilio Alfaro.