Bruselas estudia pedir una acción judicial rápida sobre el Pacto
España, a la cabeza de la UE a la hora de trasponer directivas
La Comisión Europea decide hoy si elevar al Tribunal Europeo de Justicia la causa contra el Ecofin por suspender el programa sancionador aplicable a Francia y Alemania por incumplir el Pacto de Estabilidad. La comisaria de Presupuesto, la alemana Michaele Schreyer, indicó ayer que espera que la Comisión pida al Tribunal un pronunciamiento de urgencia. Por otra parte, España está a la cabeza de los países de la UE que antes adapta a su legislación nacional la normativa comunitaria sobre mercado interior.
El objetivo de Bruselas es conseguir que el tribunal emita una clarificación definitiva en un plazo de entre tres y seis meses. Pedro Solbes, comisario de Economía y Asuntos Económicos, informará hoy oficialmente a la Comisión, que discutirá el informe jurídico interno que la semana pasada quedó sobre la mesa.
Los juristas concluyen que la decisión del Ecofin del pasado 25 de noviembre de dejar en suspenso el proceso sancionador contra París y Berlín es ilegal: las reglas no pueden ser ignoradas o cambiadas discrecionalmente. Eso fue lo que ocurrió en el Ecofín de noviembre, cuando la mano dura de la Comisión con Francia y Alemania, por violar por tercer año consecutivo el límite del 3% en el déficit, sólo fue apoyada, infructuosamente, por Austria, España, Finlandia y Holanda.
Los comisarios franceses, alemanes y británicos fueron los que la semana pasada se mostraban menos partidarios de recurrir a la vía judicial, pero en las últimas jornadas, los dos alemanes, Gunter Verheugen, responsable de la ampliación, y Michaele Schreyer, de Presupuesto, han realizado manifestaciones públicas en las que apuntan que "la decisión, en principio, corresponderá a lo que proponen" el presidente de la Comisión, Romano Prodi, y Solbes. Schreyer aventuraba ayer que "la propuesta de Solbes convencerá a mucha gente. La Comisión tiene que ser coherente y garantizar la certidumbre jurídica".
Por otra parte, España se encuentra a la cabeza de los países de la UE que más rápidamente convierten en legislación nacional las directivas de mercado interior de la Unión, según informó ayer la Comisión. Paradójicamente, está también entre los que más incorrectamente ponen en práctica tal legislación. De hecho, ayer mismo, la Comisión anunciaba que si en un plazo de dos meses el Ejecutivo de Madrid no traspone correctamente una directiva para el control de grandes accidentes industriales relacionados con sustancias peligrosas, será llevado al Tribunal Europeo de Justicia.
El cumplimento de las ya casi 1.600 directivas sobre mercado interior es crucial para hacer realidad los objetivos de la EU, entre ellos el subrayado en Lisboa en 2000 de convertir al club europeo en el económicamente más competitivo del mundo.
Límites de incumplimiento
Los Quince se han comprometido a no superar el 1,5% de incumplimento de los plazos legales para la trasposición de las directivas comunitarias a los respectivos ordenamientos. Los dos países ejemplares son Dinamarca y España, con un grado de incumplimiento del 0,3% y del 0,9%, respectivamente, que se traduce en 5 y 14 directivas por asumir. Les siguen Finlandia, Irlanda y Reino Unido, que con el 1,4% justo cumplen lo prometido. El pelotón de los torpes de la clase lo encabezan Bélgica, Francia y Alemania, con el 3,5% de incumplimiento, y Luxemburgo, con el 3,4%.
