El Consell "se pone en campaña" y "dedica todo su esfuerzo" al éxito electoral del PP

Alejandro Font de Mora, portavoz del Consell, disipó ayer cualquier confusión entre los intereses de la institución, la Generalitat, y el partido, el PP, ante las elecciones generales previstas el 14 de marzo. Font de Mora congregó ayer a un grupo de periodistas en un patio del Palau de la Generalitat para anunciar que "el Consell se pone en campaña"; que el gobierno autonómico se plegará a las exigencias del aparato del PP para "cooperar con el partido y lograr el mayor éxito en las próximas elecciones generales"; y que asumirá personalmente las tareas de coordinación.

Font de Mora, Blasco y Campos asumen la coordinación con el aparato del partido

Font de Mora evitó la sala de prensa del Palau, donde compareció para difundir los acuerdos adoptados en la reunión plenaria del Consell, para anunciar la implicación de la institución en la campaña. Pero el traslado del escenario a unos metros de su tribuna institucional sólo contribuyó a resaltar el calado de su declaración y el calibre de la confusión entre una institución al servicio de todos los valencianos y el aparato electoral de un partido.

"Francisco Camps", siguió Font de Mora, "quiere que todo su equipo dedique todo su esfuerzo para lograr que los resultados de las elecciones generales sean por lo menos los mismos que en 2000, cuando el presidente era cabeza de lista por Valencia".

El doble cambio de papeles entre Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002 y cabeza de lista de la candidatura al Congreso por Valencia en las próximas elecciones, y Francisco Camps, que ocupaba ese puesto en las candidaturas para las generales de 2000 y hoy es presidente de la Generalitat, contiene todos los ingredientes necesarios para herir susceptibilidades entre partidarios y detractores de uno y otro en el seno del PP.

Tal vez por eso, Font de Mora subrayó que "todos los miembros del Consell" participarán en "actos diarios" de partido durante la próxima campaña electoral. Las tareas de coordinación entre el equipo de gobierno y el aparato del PP en la Comunidad Valenciana serán responsabilidad del propio portavoz del Consell. Font de Mora explicó que será auxiliado por Víctor Campos, consejero de Administración Pública, y Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda, dos hombres con experiencia en la materia, para garantizar la perfecta sintonía entre la institución y el partido.

Para rematar la faena, el portavoz del Consell apuntó que "una mayoría suficiente del PP en España" en las próximas elecciones generales "es la mejor garantía de la salvaguarda de los intereses de la Comunidad Valenciana".

Interpelado sobre las expectativas electorales en la Comunidad Valenciana, Font de Mora sugirió que "la situación es inmejorable" para el PP, al menos tanto como en 2000, cuando los ciudadanos valencianos contribuyeron a la mayoría absoluta de José María Aznar con 1.267.000 votos frente a los 826.000 obtenidos por los socialistas.

Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, expresó horas después "el malestar y profundo disgusto y desconcierto" de los socialistas valencianos ante la intención del presidente de la Generalitat de poner "todo su gobierno al servicio del trabajo electoral de su partido". El anuncio de Font de Mora fue calificado como "intolerable e inaceptable" por Pla, quien solicitó al presidente de la Generalitat "una inmediata rectificación" de una decisión "grave para la salud democrática del país" puesto que constituye una suerte de "comité electoral del gobierno pagado por todos los contribuyentes".

Antes de desatar la polémica política en torno a la implicación del Consell en la próxima campaña electoral, Font de Mora, desde su tribuna oficial en la sala de prensa del Palau, anunció el traslado a las Cortes del definitivo proyecto de ley de ordenación del territorio.

El portavoz del Consell también difundió como novedad un acuerdo para indemnizar a los valencianos que hubieran pasado más de tres años en cárceles franquistas por motivos políticos que ya fue aprobado por el Gobierno del PSOE en 1990 y 1992.