Yagüe rechaza la colaboración de la Junta en la redacción del nuevo PGOU de Marbella

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha rechazado la propuesta que el pasado día 11 le hizo la Consejería de Obras Públicas de firmar un convenio de colaboración para elaborar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, en el cual la Administración autonómica se comprometía a contratar al equipo redactor y a correr con la financiación de los trabajos. Yagüe ha alegado que aceptar significaría "ceder" las competencias urbanísticas del Consistorio, mientras que la Junta entiende que la negativa sólo obedece al interés del equipo de gobierno municipal de mantener la actual situación de "enredo" y evidencia su falta de voluntad real de aprobar el nuevo planeamiento.

Habitualmente la Junta, que es la Administración competente para la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbana que corresponde formular a los municipios, no interviene en el proceso de redacción de éstos. Sin embargo, según la secretaria general de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz, la Consejería ofreció al Ayuntamiento de Marbella la firma del convenio de forma extraordinaria en función de la "excepcionalidad de la situación urbanística en la ciudad".

La propuesta de convenio contemplaba que sería la Junta quien contratara el expediente y designara a los técnicos que redactaran el documento de avance, con el compromiso de poner éste a disposición del Ayuntamiento en un plazo de seis meses, momento a partir del cual el Consistorio se ocuparía de su tramitación siguiendo el procedimiento habitual: aprobación inicial en pleno, estudio y tratamiento de las alegaciones, y aprobación provisional para someterlo al pronunciamiento definitivo de la Comisión Provincial de Urbanismo y de la consejera de Obras Públicas.

Colaboración

Para la colaboración entre ambas administraciones durante la fase de redacción del documento de avance, el convenio contemplaría la constitución de una comisión de seguimiento bilateral sobre los trabajos técnicos, y de una mesa de concertación con representantes de sectores empresariales y sociales.

La Junta formalizó su oferta en la reunión que el pasado día 11 mantuvieron en Sevilla la alcaldesa y el arquitecto municipal, Francisco Merino, con el viceconsejero de Obras Públicas, Luis García, y la secretaria general de Ordenación del Territorio, Josefina Cruz. Aquel encuentro fue el primer contacto entre ambas administraciones desde que Yagüe fue investida alcaldesa el pasado 14 de agosto.

Yagüe, que en su carta de rechazo agradece las "atenciones" recibidas de éstos, quedó en dar una respuesta el lunes día 15, pero como no lo hizo, la consejería le reiteró el ofrecimiento por escrito el día 16. Un día después, Yagüe comunicó también por escrito que rechazaba la firma del convenio propuesto por Obras Públicas.

La alcaldesa considera que la propuesta de la Junta "supone que este Ayuntamiento cediera aunque fuera temporalmente las competencias urbanísticas de la ciudad, en menoscabo de la soberanía municipal", y alega además que este hecho "difícilmente sería entendido no sólo por las fuerzas sociales, sino que la propia oposición municipal vería así lesionada su soberanía y acción política".

Josefina Cruz rechaza este argumento y asegura que "en ningún momento hemos [la Junta] cuestionado las competencias municipales" y que en todo caso el Ayuntamiento, de haber aceptado la firma del convenio, iba a ser quien formulara el plan.

En declaraciones a EL PAÍS, la secretaria general de Ordenación del Territorio ha insistido en que con esta fórmula, "muy pensada por la consejería por tratarse de una intervención excepcional", se trataba de buscar fórmulas urgentes para devolver Marbella a la normalidad urbanística y para que la ciudad se dote de unas reglas de juego claras. Además, entiende que al participar la Junta en el proceso de redacción, quedaría garantizado el aval de ésta al plan desde el principio, evitando el riesgo de que al final del procedimiento la Comisión Provincial de Urbanismo mandara introducir correcciones o lo rechazara, como ocurrió hasta en tres ocasiones con la revisión del PGOU que el Ayuntamiento de Marbella inició en 1996.

Yagüe, en cambio, prefiere que el Ayuntamiento en solitario asuma todo el procedimiento, aunque con vías abiertas de comunicación entre los técnicos municipales y autonómicos. En su respuesta a la Junta, la alcaldesa concluye: "Creo honradamente que compete a este Ayuntamiento la redacción del plan, en leal colaboración con ustedes, pero sin perder la iniciativa política que corresponde por Ley al Ayuntamiento".

La alcaldesa insiste en que su gobierno municipal quiere hacer "una nueva política de luz y taquígrafos", motivo por el que asegura haber nombrado delegado general para el PGOU a Arturo Moya.

Josefina Cruz lamenta la negativa de Yagüe porque "ha perdido una magnífica oportunidad de clarificar y despejar la situación en colaboración con la Junta". La secretaria general de Ordenación del Terrirorio recuerda que desde que Yagüe es alcaldesa sólo se han oído buenas palabras, pero no ha habido ninguna actuación para dotar a la ciudad de un plan urbanístico que, entre otros aspectos, permita a la ciudad recuperar los equipamientos perdidos "de forma fraudulenta" en los últimos años porque en los suelos reservados para ellos se han construido viviendas.