Garzón investiga si dos ex etarras 'robaron' a ETA 150.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en libertad provisional a los ex etarras Jokin Gorostidi y Juan José Arruti, siempre que constituyan sendas fianzas de 18.000 euros, por participar en el aparato de extorsión de ETA, dedicado a recaudar el denominado impuesto revolucionario. El magistrado cree que ambos ex etarras se quedaron con 150.000 euros que habían recaudado en nombre de la banda terrorista.

El auto dictado ayer por Garzón precisa que Jokin Gorostidi -histórico dirigente de ETA condenado a dos penas de muerte en el famoso juicio de Burgos de 1970, luego fundador y miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna y en la actualidad procesado por Garzón en otro procedimiento por ser jefe del aparato de deportados- exigió 30 millones de pesetas (180.303 euros) al empresario Adolfo Sobrino en nombre de la organización terrorista. Sin embargo, ETA sólo reclamaba tres millones (18.030 euros) a Sobrino.

Los familiares de Sobrino entregaron los 180.303 euros a Juan José Arruti, en un único pago, estando éste encapuchado y en el lugar fijado por Gorostidi. Siempre según el texto judicial, Gorostidi había exigido esa cantidad a Antxon Berasategui en la sede de Herri Batasuna de la calle Urbieta de San Sebastián y la entrega corrió a cargo de José Miguel Sobrino.

En la correspondencia que se incauta tras la detención del etarra José María Dorronsoro, se precisa que ETA debe a HB dos millones de pesetas (12.020 euros) que habían sido entregados a la organización por Haritza, alias de Gorostidi. El propio dirigente informa a ETA de que los tres millones (18.030 euros) que debía Sobrino estaban pagados.

Quedarse 25 'kilos'

La cuestión es que tras recaudar en nombre de la banda 180.303 euros, en lugar de los 18.030 que ésta reclamaba, los extorsionadores no se quedan con toda la diferencia, sino que envían a ETA 30.050 euros, por lo que la dirección de la organización cree que el dinero sobrante pertenece a Herri Batasuna.

El caso es que los 150.253 euros nunca llegaron a poder de ETA y se desconoce si uno o ambos ex etarras se quedaron con ellos.

ETA, en el Zutabe número 100, ya destacaba que consideraba objetivo de la banda a "los que le roban a la lucha de liberación de Euskal Herria". Y puntualizaba: "Aunque son pocos casos, ha habido quienes en ocasiones han robado dinero en las estructuras de la izquierda abertzale o a la propia organización".

En el curso de la misma investigación, Garzón trata de actuar contra Gezi, considerado el nuevo aparato económico de ETA, descubierto en los documentos intervenidos en Francia a los etarras Laurence Guimon e Ismael Berasategui el pasado mes de enero. En los documentos figuran en clave los nombres de los empresarios extorsionados, la provincia, la fecha, la forma de requerimiento y si el pago es voluntario o forzoso. En los casos en los que los requeridos se negaban a pagar, se les daba un susto, si persistían en su actitud, el segundo susto tenía mayor envergadura, y si seguían sin colaborar, intentaban matarles.

Precisamente, Garzón busca ahora a una docena de empresarios que figuran como colaboradores voluntarios de la banda terrorista, con aportaciones de entre uno y 30 millones de pesetas (6.010 y 180.303 euros). El magistrado ha llamado ya a alguno de ellos ha declarar y por el momento, aunque han declarado en calidad de imputados, han quedado en libertad sin fianza.

El juez no dirigirá la acción penal contra aquellos empresarios que figuran en las listas como que se resistieron a pagar, aunque luego cedieran a las presiones de los terroristas.

45 años de cárcel

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha condenado a 45 años de prisión al ex dirigente de ETA Jesús Arkauz Arana, Josu de Mondragón, por el envío en 1989 de tres paquetes bomba que fueron desactivados. Los envíos fueron remitidos al ex ministro del Interior José Barrionuevo, al ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga y al funcionario de prisiones Antonio Sánchez. El fiscal pedía que los hechos fueran considerados asesinato terrorista frustrado, pero el tribunal estima que la cantidad de explosivo no era suficiente para causar la muerte de los destinatarios.

Además, la Audiencia ha condenado a 18 años de cárcel al etarra Asier Ormazabal por el intento de asesinato del funcionario de prisiones Francisco Camacho, en julio de 1997 en Granada. Los miembros del comando Andalucía de ETA -José Luis Barrios ya está condenado por estos hechos- colocaron bajo el asiento del conductor del vehículo del funcionario un artefacto explosivo compuesto por algo más de un kilo de cloratita que no alcanzó al propietario, pero que destrozó el vehículo y daños en una tienda próxima.