Competencia envía a Bruselas la pugna entre Pepsi y Coca-Cola

La enconada pugna comercial entre los dos enemigos históricos del mundo del refresco (Coca-Cola y Pepsi) se alarga hasta convertirse en el mayor pleito registrado en España en el campo de la competencia sin que ninguno de los implicados pueda estimar un plazo de resolución tras 44 meses de proceso. El Tribunal de la Competencia acaba de enviar a Bruselas la denuncia de Pepsi de prácticas ilícitas de Coca-Cola.

Hosteleros, comerciantes y consumidores siguen ajenos a la denuncia de posición de dominio y de prácticas comerciales ilícitas hecha por Pepsi sobre el líder del mercado Coca-Cola, los abogados y la Administración están enzarzados en un toma y daca jurídico que por ahora nadie es capaz de resolver.

Desde que el día 3 de abril de 2000 Pepsi presentó ante el Servicio de Defensa de la Competencia una denuncia contra Coca-Cola y sus embotelladoras por utilización de prácticas comerciales ilícitas, un batallón de abogados de ambas partes se ha movilizado y ha alargado un proceso en el que estos profesionales parecen sentirse a gusto, a juzgar por la facilidad con la que complican y alargan las disputas jurídicas.

Distribución exclusiva

Pepsi exigía al Servicio de la Competencia que prohibiera a su enemigo histórico hacer exclusivas en el canal de distribución. Asimismo, pedía que le prohibiera aplicar descuentos diferentes a los clientes (bares, hoteles, restaurantes, comercio) en función del tamaño y el tipo de pedido realizado. También que le prohibiera aplicar descuentos por objetivos.

El 20 de septiembre de 2000 el Servicio se pone manos a la obra y efectúa registros domiciliarios en la sede de Coca-Cola. Recoge una documentación que se añade al expediente del Servicio de la Competencia. Son entonces 50.000 folios los que se reúnen en las carpetas de un proceso que engorda de forma espectacular.

El día 8 de marzo de 2001 Pepsi pide, a la vista de los datos encontrados en el registro, que adopte medidas cautelares contra Coca-Cola, pero el Servicio contesta dos meses y medio más tarde (el 21 de mayo de 2001) que no son necesarias esas medidas.

El próximo capítulo de este serial jurídico-comercial se produce en diciembre de 2001 cuando el Servicio de la Competencia pide nuevos documentos a Coca-Cola sobre sus prácticas comerciales. La empresa americana contraataca y se dirige al Tribunal de Defensa de la Competencia para que dictamine si tienen que responder a esa petición. El expediente queda paralizado seis meses. En julio de 2002 Competencia resuelve al fin que esta documentación no debe ser entregada al Servicio, contra la tesis de este organismo y de la Abogacía del Estado.

Este paso, según las partes, permite que el proceso siga adelante y el Servicio queda encargado de presentar un pliego de cargos con las pruebas que ya está en su poder y remitir el expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia para que sea éste el que finalmente decida sobre el fondo de la cuestión: abuso o no de posición dominante. El 13 de septiembre de 2002 el servicio decidió ampliar el plazo para realizar el informe, que finaliza en octubre de 2002 hasta octubre de 2003.

El 30 de enero de 2003 Coca-Cola pide que se paralice la instrucción por considerar que los plazos legales han sido superados. El tribunal contesta en mayo pasado que el proceso no ha caducado. El último capítulo se produjo el pasado 5 de diciembre, cuando Defensa de la Competencia paraliza las labores de investigación sobre la demanda contra Coca-Cola por abuso de posición dominante en el mercado español. La resolución del caso queda ahora en manos de la Comisión Europea, y Mario Monti deberá resolver el caso. El argumento del Servicio es que existen otros casos similares en la UE.

Defensa de la Competencia no ha querido pronunciarse sobre los motivos por los que ha enviado el expediente a Bruselas. El Servicio se ha acogido a la que denomina supremacía del derecho comunitario. La Comisión, en este tipo de expedientes, no tiene plazo determinado para decidir.