Hamed, dos años sin derechos

Cuando se cumplen dos años de la detención de Hamed Abderramán, de 27 años, el ceutí preso en la base de Guantánamo, la Administración de Estados Unidos no ha comunicado todavía al Gobierno español los cargos de los que le acusa. El pasado 1 de diciembre, la ministra de Exteriores, Ana Palacio, pidió en Washington a Condoleeza Rice, secretaria de Seguridad Nacional en el Gobierno de George W. Bush, que libere al ciudadano español o concrete la acusación por la que se le retiene, según fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID).

La petición se hizo durante una cena en la que se analizó la situación en Irak y constituye la gestión de "mayor calado" que el Ejecutivo ha llevado a cabo hasta ahora por el presunto talibán ceutí. Por la mañana, Palacio se había entrevistado en Nueva York con Kofi Annan, secretario general de la ONU. Para Estados Unidos, Hamed sigue siendo "una amenaza significativa", y ya ha adelantado que no lo pondrá próximamente en libertad.

Washington aún no ha comunicado al Gobierno español los cargos de los que le acusa

Palacio mostró a Rice el "rechazo" y "preocupación" del Gobierno con la situación de los presos en Guantánamo y pidió que le comunique oficialmente los cargos que hay contra el ciudadano español. La ministra se ha mostrado crítica con la situación humanitaria y jurídica de los presos en la base naval norteamericana en la isla de Cuba. Se trata de la única crítica que se le conoce al Gobierno de José María Aznar hacia el Ejecutivo de su aliado George W. Bush.

En enero de 2002, el Gobierno supo que uno de los 598 detenidos en el limbo jurídico de la base naval de Guantánamo era español. A través de la Embajada en Washington, el Ejecutivo tramitó por escrito tres peticiones al Departamento de Estado norteamericano: que delimite las presuntas responsabilidades en las que incurrió Hamed Abderramán; que señale cuánto tiempo durará su situación de detención e incomunicación y que explique qué consideración tiene el preso conforme a las normas jurídicas internacionales.

Estados Unidos sigue sin responder a la primera y principal demanda del Gobierno: los supuestos cargos contra el ferviente musulmán detenido después del 11-S en la frontera de Pakistán y entregado a los militares estadounidenses. A la segunda pregunta contestó que Hamed seguirá preso "mientras dure la amenaza terrorista", y a la tercera, su consideración jurídica, que se trata de "un combatiente irregular, miembro de una organización que viola la ley y ataca a civiles inocentes".

Dos años después de que Hamed entrara en el campo Delta de Guantánamo, un complejo militar de 117 kilómetros cuadrados en el que los presos caminan como esclavos, con los ojos tapados y grilletes en muñecas, tobillos y cintura, las gestiones diplomáticas del Gobierno siguen sin obtener resultados. Hamed, como el resto de los presos, carece de los derechos más elementales. No tiene abogado, no puede comunicarse con su familia. Tampoco tendrá un juicio con las suficientes garantías procesales.

El único gesto del Gobierno norteamericano ha sido la visita a Madrid de Pierre Richard Prosper, embajador de la Oficina para Crímenes de Guerra. El pasado 21 de noviembre, Prosper se reunió con María Victoria Morera, María Dolores de Cospedal y María José García Beato, subsecretarias de Exteriores, Interior y Justicia respectivamente. La delegación española reclamó a Prosper la inmediata liberación del preso. Si ésta no fuera posible, pidió un juicio sin dilaciones y con todas las garantías, y en el supuesto de que resultara condenado reclamó la aplicación del convenio de Estrasburgo para que cumpla la pena en España.

El embajador norteamericano no comunicó oficialmente ni los cargos ni el nivel de peligrosidad en el que se ha incluido en Guantánamo a Hamed Abderramán, según señala un portavoz de la OID. "Después de dos años seguimos sin saber los cargos que hay en su contra", señala el diplomático. Prosper sí reveló a los periodistas que el objeto de su visita era "informar al Gobierno español del nivel de contactos" que el español tenía con Al Qaeda. Aseguró que el ceutí es "una amenaza significativa" y que no figura en la lista de los presos que en las próximas semanas serán puestos en libertad. Hace varios meses, en Washington, diplomáticos españoles aseguraron a sus homólogos norteamericanos que la puesta en libertad de Hamed "no es un peligro para nadie" porque carece de antecedentes terroristas.

El 4 de marzo de 2002, Abderramán relató a Félix Valdés, número dos de la legación diplomática en Washington, y a dos policías que le visitaron que había sido entrenado en campamentos de Al Qaeda en Afganistán y que no llegó a luchar contra los estadounidenses. Preguntó si podría ir a luchar a Chechenia cuando fuera liberado y reconoció que había sido reclutado por Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, sirio de 39 años, casado con una madrileña, procesado por el juez Garzón por su presunta relación con los atentados del 11-S y preso preventivo desde noviembre de 2002.

Desde entonces Hamed sólo ha recibido otras dos visitas y enviado cinco breves cartas a su familia, residente en el barrio de El Príncipe, uno de los más deprimidos de Ceuta. En la última, remitida hace un año, decía: "Espero salir de aquí un día mejor que éste". Nayat, de 22 años, uno de sus ocho hermanos, no confía en las gestiones del Gobierno. "Nadie hace nada por nosotros. Las cartas que nos envía Cruz Roja es lo único que tenemos de él", se queja. Javier Nart, el abogado de Abderramán, se pregunta a qué espera EE UU para concretar su acusación.