El PP vota en solitario la reforma legal para castigar a Ibarretxe

El PP aprobó ayer en solitario, con su mayoría absoluta, en el pleno del Senado, la reforma del Código Penal que sanciona con penas de tres a cinco años de cárcel a quien convoque un referéndum sin autorización de las Cortes. La oposición en bloque decidió no votar en protesta porque considera un "fraude" el procedimiento seguido por el Gobierno. La reforma la aprobará definitivamente el pleno del Congreso la próxima semana.

El debate, que precedió a la aprobación de la reforma, se convirtió en un duro juicio político y jurídico de la oposición en bloque al Gobierno del PP por los procedimientos excepcionales y sin precedentes utilizados para aprobar una reforma de calado, como es la del Código Penal, por el uso que el Ejecutivo hace del Senado para aprobar leyes por la vía de urgencia y también por la manera de combatir el plan Ibarretxe.

PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria, Grupo Mixto y Entesa -PSC, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC)- coincidieron en su rechazo a combatir con un "fraude de ley" el plan Ibarretxe, al que la mayoría, con excepción de los nacionalistas, calificó también como "disparate jurídico". El senador socialista vasco Javier Rojo capitaneó la denuncia política de la reforma al considerarla "inadecuada" para combatir el plan soberanista del lehendakari, Juan José Ibarretxe, por "la vía del BOE en vez de la política".

Los portavoces de la oposición denunciaron cómo hace tan sólo quince días el Senado tuvo conocimiento de la existencia de una reforma del Código Penal a través de una enmienda acordada por sorpresa por el Consejo de Ministros el mismo día, la cual se ha tramitado y aprobado sin poder enmendarla ni someterla a debate en el Congreso y el Senado y sin que los órganos consultivos -el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado- hayan podido pronunciarse sobre la misma.

El portavoz del BNG, Anxo Quintana, calificó lo sucedido de "hurto del debate parlamentario" e "injustificación de la urgencia". El portavoz del PNV, Joseba Zubia, ironizó al señalar que "es todo un récord aprobar una reforma del Código Penal en tan sólo quince días" y calificó la tramitación de la reforma de "objetiva situación de excepción". El de CiU, Salvador Capdevila, consideró la reforma "innecesaria" porque "la ley ya impide la convocatoria de consultas sin autorización de las Cortes".

En un terreno político se situó el portavoz de Entesa, Isidre Molas, al calificar de "auténtica barbaridad llevar el conflicto político al Código Penal" con "una violación de la Constitución y del Estado de derecho". Y lo mismo sucedió con el portavoz de Coalición Canaria, José Mendoza, que valoró la reforma que podría sancionar con la cárcel a Ibarretxe como "echar gasolina a la hoguera de la situación del País Vasco" porque el Gobierno "quiera obtener rentabilidad electoral".

Pero fue el portavoz socialista vasco, Javier Rojo, quien centró su intervención en las consecuencias políticas negativas que la reforma puede acarrear en el País Vasco. "El que crea que los gravísimos problemas de la comunidad vasca se solucionan con el BOE, no entiende lo que sucede en Euskadi", dijo dirigiéndose al portavoz del PP, José Ferrández Otaño.

El socialista Rojo denunció la absoluta ausencia de diálogo del Gobierno central con el vasco en toda esta legislatura y también con el PSOE en esta reforma. "El Gobierno de Aznar la ha querido hacer en solitario por motivos electorales, porque cree que puede lograr votos fuera del País Vasco presentándose como los abanderados de la firmeza contra el plan Ibarretxe".

Rojo recordó, para tratar de legitimar su crítica, cómo el PSOE defendió la Ley de Partidos, que propició la ilegalización de Batasuna, en la que "no se penalizaron ideas sino comportamientos de colaboración con el terrorismo". Y cómo por el "combate fraudulento al plan Ibarretxe no se va a ganar la batalla contra dicho plan". Su intervención fue acogida con una ovación por toda la oposición.

El portavoz del PP, José Ferrández Otaño, trató de explicar la actitud del PSOE, contraria a esta reforma del Código Penal, por la opción de los socialistas catalanes a gobernar con ERC. "Ustedes negocian con los independentistas de ERC el Gobierno de Cataluña y eso explica su posición".

El representante popular insistió en que el procedimiento seguido por el Partido Popular para aprobar la reforma es "legal y constitucional, avalada por sentencias del Tribunal Constitucional". Trató de justificar su urgencia por el combate contra el plan secesionista de Ibarretxe. "No se sancionan ideas. Lo que se sanciona es una conducta ilegal, la de alguien que sin tener competencias se salta la ley y convoca un referéndum".