Las empresas renuncian al juez

Santander Central Hispano (SCH) y Total renunciaron hace ocho años a llevar sus disputas sobre Cepsa a un tribunal. Hoy el conflicto -Total ganó el primer asalto- está en manos de un órgano arbitral holandés. El arbitraje internacional, un método privado alternativo a los tribunales, promete soluciones neutrales y más rápidas y, sobre todo, con menos publicidad. Por eso, cada vez más grandes compañías están dispuestas a asumir su sobrecoste. De escasa tradición en España, la ley que se tramita estos días puede darle el respaldo definitivo.

El año pasado, 56 firmas españolas se vieron involucradas en demandas ante la Cámara de Comercio Internacional de París

El árbitro es belga; la corte, holandesa; las empresas enfrentadas, un banco español y una petrolera francesa; sus abogados se reparten entre Madrid, París y Amsterdam; la primera vista se celebró en Bruselas; el proceso se desarrolla en francés, español e inglés y el derecho al que se somete el caso es el español. Parece de locos, pero el caso que enfrenta al banco Santander Central Hispano (SCH) con la petrolera Total a propósito de Cepsa es un arbitraje internacional más.

Las dos empresas, que mantenían un pacto parasocial para el control de la petrolera española, incluyeron en 1995 una claúsula por la cual renunciaban a llevar cualquier conflicto a los tribunales y se comprometían a hacerlo ante el Instituto Arbitral de La Haya. Se trata de un recurso habitual en los contratos entre grandes empresas de distinto país, según varios abogados especializados, por dos razones fundamentales: se busca la mayor neutralidad posible y rapidez para no entorpecer el negocio.

Lógicamente Total, que es una empresa francesa, no querría enfrentarse a la entidad que preside Emilio Botín, uno de los empresarios más poderosos de España, en un tribunal español. Y el SCH descartaría la corte arbitral más conocida de Europa, la de la Cámara de Comercio de París (CCI en sus siglas francesas) por ser terreno enemigo, argumentan distintas fuentes cercanas al caso.

La respuesta estaba pues en el arbitraje, que se caracteriza por su flexibilidad, pues basta el acuerdo de las partes para modificar el procedimiento arbitral. El SCH no es la única empresa española envuelta en un arbitraje internacional. De las 1.622 partes implicadas en nuevas demandas ante el CCI el año pasado, 56 eran españolas (26 como demandantes y 28 demandadas), lo que coloca a España como la séptima nacionalidad que más recurre a esta corte.

Lo único determinado a priori en estos procesos es lo recogido en la cláusula arbitral, que suele incluir el tipo de arbitraje -la corte elegida o cómo se constituirá el tribunal si este es ad hoc-; las reglas y el derecho que se aplica; la sede y el idioma a emplear.

"Lo normal es acudir a una institución [como el CCI o la Triple A americana] y someterse al reglamento de la misma", subraya Vicente Sierra, abogado de Freshfields, y miembro del equipo que defiende a Total frente al SCH, caso del que se niega a hablar como el resto de las fuentes jurídicas implicadas en el proceso.

Por eso en este caso, la demanda la verán dos tribunales arbitrales, algo no muy habitual. Un árbitro ha decidido ya sobre las medidas cautelares pedidas por la petrolera y un segundo tribunal, formado por tres personas aún por decidir, resolverá el fondo de la cuestión, es decir, si la oferta de adquisición que Botín lanzó sobre el 16% de Cepsa violó el pacto con su socio francés.

El procedimiento arbitral es parecido a cualquier juicio. Pero más aparatoso. Primero hay que ponerse de acuerdo para nombrar al árbitro. Luego está la vista, que implica casi siempre el desplazamiento de grandes equipos, pues además de abogados suelen participar muchos expertos -en Bruselas estuvieron al menos ocho catedráticos españoles- para explicar al juez una legislación que normalmente no conoce; traductores y mucha documentación. Es habitual que éstas lleguen a un acuerdo antes de que se cierre el arbitraje.

Todo ello hace que estos procesos sean ostensiblemente más caros que un juicio, aunque nadie se atreve a cuantificar cuánto. A los costes habituales hay que añadir las tarifas del arbitraje y los honorarios del árbitro. "No merece ir a un arbitraje internacional si la reclamación es pequeña", resume Javier García de Enterría, uno de los catedráticos que estuvo en Bruselas de la mano del SCH.

Entre las ventajas que los defensores del arbitraje citan está su rapidez. Al ser un proceso de un único acto, que acaba normalmente cuando se notifica el laudo, suele durar menos que si el caso se trasladara a la jurisdicción civil. Las partes enfrentadas por Cepsa han calculado un mínimo de nueve meses para la decisión final y José Antonio Caínzos, de Clifford Chance, estima que un arbitraje internacional normal ronda el año y medio.

Estos procesos privados suelen tener además menos repercusión pública. La CCI, por ejemplo, da a conocer sus decisiones sin identificar a las partes. A pesar de ello, cada vez son más los casos públicos porque, como explica Juan Fernández-Armesto, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y abogado especializado en arbitraje, las empresas cotizadas suelen comunicar sus resultados como hecho relevante.

El arbitraje internacional está en expansión porque las relaciones comerciales entre empresas de distinta nacionalidad aumentan y los jueces son cada vez menos reacios a una figura que les quita trabajo. Si en 1995 el CCI registró 427 nuevas demandas, el año pasado éstas ascendieron a 593, con un crecimiento anual que roza el 5% en los dos últimos años.

Sin embargo, "en España queda mucho por hacer", resume Vicente Sierra el sentir de la mayoría de sus colegas. La nueva ley de arbitraje, que debate estos días el Parlamento y podría entrar en vigor en marzo de 2004, dará un espaldarazo a estos procesos pues se inspira en la ley impulsada por la ONU. Puede que entonces se produzca algo que todos los abogados especializados echan de menos: que además de que las empresas españolas se beneficien del arbitraje, España se convierta en sede internacional de estos procesos.