Condenados dos guardaespaldas de Manzano por pegar e insultar a un pacifista

Los policías municipales Alberto Galán García y Alfredo Pérez Vizcaya, que ejercían labores de escolta con el anterior alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, han sido condenados por la juez de Instrucción número 3 de Madrid, Carmen Sánchez-Albornoz Bernabé, a 30 días de multa, tras haberse demostrado que pegaron a Gustavo Roig Domínguez.

Álvarez del Manzano, acompañado de sus guardaespaldas, iba a un acto oficial en el distrito de Arganzuela. En ese momento, un grupo de personas profirió al regidor expresiones como "No a la guerra". Roig se sumó a ellas y fue zarandeado y amenazado por los agentes cuando abandonó la protesta. La llegada de otras personas, entre ellas un periodista, hizo que los policías se marcharan, según consta en el fallo.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida, considera probado que Gustavo Roig iba andando por la confluencia de las calles de Fray Luis de León y Palos de la Frontera cuando se encontró con el grupo de personas que coreaban gritos pacifistas. El denunciante se unió a esas manifestaciones. Cuando reinició su camino, tras recorrer unos 100 metros, fue cogido en volandas por los agentes Galán y Pérez. Le empujaron de espaldas contra una pared. Tras darle la vuelta, le exigieron que se identificara, "al tiempo que le insultaban diciéndole que era un hijo de puta, que le iban a machacar y le recriminaban haber insultado al alcalde".

Amenaza con la placa

Roig exigió a los agentes que se identificasen, ya que iban de paisano. Pérez Vizcaya sacó entonces una placa de Policía Municipal. Se la enseñó de forma brusca mientras "hacía ademán de pegarle con ella en la cabeza". Ante esta situación, salieron varias personas de un bar cercano, lo que hizo que los policías se marcharan.

La magistrada cree que ambos guardaespaldas son culpables de una falta de maltrato de obra y otra de vejación injusta, por lo que les impone una pena por cada una de estas faltas de 15 días de multa (30 en total) a razón de tres euros diarios, además del pago de las costas judiciales. Sánchez-Albornoz reprocha a los agentes que no denunciaran a Roig, en el caso de que insultase al alcalde: "Era su obligación en su condición de agentes de la autoridad. Si supuestamente le habían identificado como una -o incluso la única- de las personas que insultaron al alcalde, no se explica por qué no le denunciaron". Roig negó siempre los hechos cuando los agentes le preguntaron por los mismos.