Sancionada con 6.000 euros una abogada que protestó por los retrasos de un juez

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Fernando Alandete, denunció ayer la actuación del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Ontinyent por imponer una sanción de 6.000 euros a una letrada "que protestó por un retraso incomprensible de tres años en una causa en la que representa a once trabajadores". Según Alandete, "la situación en los juzgados de Ontinyent, especialmente de los números uno y dos, es lamentable". "Ya se lo comuniqué al presidente del Tribunal Superior de Justicia (CGPJ), Juan Luis de la Rúa, al poco de ser elegido decano", añadió.

Alandete relató que la letrada presentó ante dicho juzgado una querella de once trabajadores hace tres años. Según él, "las irregularidades en las diligencias, como no darle traslado de escritos que presentaban las otras partes de la causa, provocaron que los representados de la abogada dudaran sobre su diligencia en el caso, por lo que les invitó a que fueran con ella al juzgado a conocer cómo estaba el asunto". El encuentro en el juzgado el 13 de octubre pasado fue el origen de la sanción. Alandete dijo que la letrada y los trabajadores solicitaron hablar con el juez y les fue denegado, que de "muy malos modos" les atendió el secretario, "quien echó a los trabajadores de la oficina judicial cuando ellos querían presentar una queja por el retraso", y que se generó una situación de tensión que "obligó a la presencia de la Policía Local, que se portó exquisitamente". Reiteró que la letrada "pidió explicaciones por un retraso incomprensible" y que "la crítica al juez" provocó la sanción. "El Colegio de Abogados le ha dado amparo, personalmente trasladé a De la Rúa mi disgusto y mi sorpresa ante una actuación carente de lógica, ya que el juez de Ontinyent rechazó nuestras alegaciones y las consideró 'burdas patrañas', por lo que vamos a recurrir la sanción, que es la más importante que se ha puesto a un letrado en España, a la sala de Gobierno del TSJ y reclamaremos a la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

La versión del TSJ

La información facilitada sobre el incidente por el TSJ recoge que la letrada sancionada, en compañía de los once trabajadores y a gritos, se dirigió al secretario al salir de su despacho después de tramitar la queja por retraso diciendo: "Prepotentes, queremos justicia, estamos en una democracia. En este juzgado son muy chulos". Según el pliego de cargos, el juez considera que el comportamiento de la letrada merece una sanción disciplinaria por "alterar el orden en la oficina judicial". Añade que la abogada "no sólo no se limitó a faltar al respeto debido a su señoría y al secretario de dicho juzgado, a quienes llegó a tildar de chulos y prepotentes sino que instigó a sus clientes a alterar el orden".

Las necesidades del partido judicial de Ontinyent de más juzgados y dotaciones han sido recogidas por el TSJ en sucesivas memorias anuales, como la de 2002, entre otras.