Genocidio y libertad

El tribunal de Naciones Unidas que juzga el genocidio de Ruanda de 1994 acaba de dictar una sentencia histórica, por la que condena a cadena perpetua a dos máximos responsables de medios informativos y a 35 años de prisión a un tercero. Los jueces han considerado que los acusados, a través de una emisora radiofónica y un periódico extremista de aparición quincenal, incitaron al asesinato masivo de miembros de la minoría tutsi por parte de los dominantes hutus. En el pequeño y encerrado país africano, más de medio millón de personas fueron exterminadas en tres meses mientras los poderes internacionales, ONU incluida, miraban hacia otro lado, en lo que constituye el genocidio más vertiginoso conocido.

Desde los procesos de Núremberg contra la cúpula dirigente de la Alemania nazi no se había dado un caso de periodistas en el banquillo ante una corte internacional de crímenes de guerra. El tribunal de Naciones Unidas que opera desde Arusha, Tanzania, ha impuesto la máxima pena prevista atendiendo a la responsabilidad que acarrea el gran poder de los medios de comunicación para "crear y destruir valores humanos". El intento de la defensa para hacer prevalecer la libertad de información ha sido desmontado por los magistrados argumentando que los condenados causaron la muerte de miles de personas "sin empuñar un machete o un arma de fuego". Durante la carnicería de tutsis en Ruanda, la emisora RTLM, apodada radio machete, fomentaba la histeria colectiva dando regularmente los nombres, matrículas de vehículos y lugares probables de escondite de aquellos que debían ser exterminados e incitaba ocasionalmente a "llenar más las tumbas". Todo ello en un país donde la inmensa mayoría de la población se relaciona con el mundo exterior a través de la radio.

La sentencia del tribunal ad hoc no sólo deslinda de manera firme la frontera legal entre libertad de expresión e instigación al asesinato masivo. También sienta un precedente indiscutible en una vasta región del planeta donde todavía la incitación al odio étnico es una práctica habitual en muchos medios informativos, y la impunidad de los poderosos sigue siendo más la regla que la excepción. Lo que, lamentablemente, es ajeno al fallo de un tribunal muchas veces criticado por su lentitud y despilfarro -que la ONU estableció poco después del genocidio para acallar su mala conciencia- es el papel de la comunidad internacional en aquellos hechos de gravedad histórica. Quizá algo tan sencillo como interferir la emisora infame habría bastado entonces para alterar el curso de los acontecimientos.