Lo que va del dicho al hecho

Han pasado 25 años desde que se escribieron esas voluntariosas palabras que ocupan el artículo 47 de la Constitución y que hablan del derecho a tener casa. Pero, sin menoscabar el espíritu de la ley y dados los avatares que ha sufrido la vivienda en esta etapa, el cumplimiento de la letra queda lejos de ser satisfactorio. No todos los españoles pueden asegurar hoy que disfrutan "de una vivienda digna y adecuada". Tampoco se puede afirmar que "los poderes públicos" han promovido certeramente "las condiciones necesarias y establecido las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho", ni que, muchísimo menos, han regulado "la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación". Es duro decirlo, pero es así. Porque ocurre que el coste de adquisición y el alquiler se han puesto por las nubes.

"ARTÍCULO 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación"

La compra de la vivienda se ha convertido casi en una obsesión para los españoles, que por alguna razón ancestral son más partidarios de tener su hogar en propiedad que en alquiler. Suele ser, por tanto, la principal inversión de su vida, que prácticamente queda hipotecada por el pago de los imprescindibles créditos recibidos para la adquisición. Esta circunstancia ha originado una espiral de endeudamiento enorme. Según datos del Banco de España, más del 87% de la renta disponible de las familias españolas a septiembre de 2003 corresponde a endeudamiento, y, en su mayor parte, es por los pagos de hipotecas. Ésa es, asimismo, la causa que explica en gran parte que más del 55% de los hogares tengan dificultad para llegar a fin de mes.

El panorama ha cambiado drásticamente desde 1978. Seguramente, a ello ha contribuido la mejora de la situación económica del país; pero, de manera rotunda, también los bajos tipos de interés de los que goza el conjunto de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986. También influye la llegada masiva de emigrantes y la instalación de extranjeros en las costas mediterránea y canaria. Pero esa dinámica afluencia al crédito ha encendido la alarma del Banco de España, que ha pedido prudencia a las entidades financieras a la hora de conceder préstamos, e incluso al Fondo Monetario Internacional, que ha advertido del peligro que supone la excesiva deuda de las familias.

Ante ello, ni el Gobierno ni los partidos de la oposición, que gobiernan en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, han aportado una solución satisfactoria a pesar de sus esfuerzos verbales. Probablemente, el arreglo estaría en la liberalización de suelo y su adjudicación más barata, en más viviendas de protección oficial y en el incremento del parque de alquiler, tan escaso que explica que ante la gran demanda existente los precios sean tan caros. Los políticos no han podido frenar los intereses especulativos, mientras las constructoras y las inmobiliarias han engrosado su cuenta de beneficios. Es verdad que el tirón de la construcción de viviendas en estos años ha servido como motor de la economía del país, pero al mismo tiempo ha originado una burbuja inmobiliaria de la que nadie quiere hablar y todos tienen miedo que explote.

Quizá todo lo aclaren las cifras. Según el último censo de viviendas (de 2001), el parque era de 20,8 millones, lo que supone triplicar (211,4%) las que había en 1950 y casi duplicar las de 1970 (95,4%). Pero ha sido, sin duda, durante la parte final del siglo pasado y principios de éste cuando se ha disparado. Entre 1991 y 2001 el parque creció en más de 3,6 millones, lo que representa un aumento del 21%, un porcentaje que cuadruplica el que ha tenido la población española (5%). Sin embargo, el número de hogares ha pasado de 6,8 a 14,2 millones en los últimos 50 años. El distinto ritmo de crecimiento de viviendas y de hogares (unas se triplican, otros se duplican) pone al descubierto el uso de las viviendas disponibles. Es decir, el surgimiento de la segunda residencia, que llega a ser el 16,3% del total, y, lo que empieza a ser un mal endémico, de las casas vacías. Casi tres millones, el 14% del total, estaban en esa situación en 2001. Muchas de ellas están localizadas en los pueblos que se han ido abandonando al emigrar; pero desvela un problema que, de solucionarse, podría resolver la carestía de los alquileres.