Cómo los jóvenes abolieron la mili

La supresión del servicio militar obligatorio figuraba en el penúltimo apartado (detrás del referido a la Unión Europea y sólo por delante del dedicado al peaje de las autopistas) del pacto de investidura firmado en abril de 1996 por el PP y Convergència i Unió, que permitió a José María Aznar convertirse en presidente del Gobierno. Se añadió a última hora -lo que el PP prometió en campaña electoral fue reducir la duración de la mili de nueve a seis meses- para diluir la imagen de que el acuerdo era una mera lista de concesiones a Cataluña. "El actual modelo mixto [de Fuerzas Armadas] se transformará gradualmente en uno profesional que ya no exigirá la prestación del servicio militar obligatorio. El plazo de consecución de este modelo profesional será el del año 2001, siempre y cuando lo permitan las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa", decía el pacto.

"ARTÍCULO 30, 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria"

Lo que ni siquiera sus redactores habría creido entonces es que sus previsiones se cumplirían con toda exactitud: el reclutamiento universal y forzoso fue abolido en España -legalmente sólo suspendido con carácter indefinido- el 31 de diciembre de 2001, tras más de dos siglos de tormentosa historia. Pero el calendario no se cumplió porque "las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa" lo permitieran, sino porque la realidad social se impuso. En su último año de vigencia, sólo 7.000 jóvenes se incorporaron a filas, una cifra al menos diez veces inferior a la de los objetores.

Cuando se redactó la Constitución, la objeción de conciencia era todavía un fenómeno relativamente exótico, iniciado bajo el franquismo por los testigos de Jehová, a quienes se sumaría en 1971 Pepe Beúnza, primer objetor no religioso. La ley que desarrollaba este derecho constitucional no se aprobó hasta 1984, y todavía hubo que esperar hasta 1989 para que se pusiera en marcha la Prestación Social Sustitutoria (PSS), un servicio civil de mayor duración que la mili que debían cumplir quienes se negaban a empuñar las armas. Quizá ayudada por estos retrasos, la objeción ganó popularidad en España, hasta convertirse en un fenómeno de masas sin parangón en ningún otro país. La cifra de objetores superó la barrera de 10.000 anuales en 1988, los 20.000 en 1990, los 50.000 en 1993 y los 100.000 en 1997. Al final del proceso, más de un millón de jóvenes se habían acogido a esta fórmula.

En 1989 apareció un nuevo fenómeno: la insumisión; es decir, la negativa a cumplir no sólo la mili, sino también la PSS. Aunque nunca alcanzó las dimensiones de la objeción, tuvo un gran impacto social, pues por vez primera en democracia volvieron a existir presos de conciencia en España. En junio de 1996 había 348 insumisos en las prisiones.

La presión social empujó a los partidos a tomar una decisión que, por otra parte, era inevitable y acabarían adoptado casi todos los países europeos: la profesionalización total de las Fuerzas Armadas. Pero la transición no sólo fue precipitada, sino que se hizo en el peor momento, cuando la caída de la natalidad empezaba a restringir drásticamente la cantera del reclutamiento. Muy pronto se vio que la cifra de efectivos prevista en la Ley del Personal de las Fuerzas Armadas de 1999 (entre 102.000 y 120.000 soldados profesionales) resultaba inalcanzable. Defensa recurrió a todo tipo de procedimientos para atraer soldados: desde acudir a Suramérica para reclutar a hijos de españoles hasta volver a permitir el ingreso de extranjeros en unidades como la Legión. Pese a ello, los ejércitos sólo cuentan en la actualidad con 70.000 efectivos de tropa, y el objetivo máximo para el próximo año se ha reducido a 80.000.

La otra cara de la moneda es que la mitad de la población ha podido al fin ejercer "el derecho y el deber de defender a España" que reconoce a todos los ciudadanos el apartado 1 del artículo 30. A partir de 1988, primero tímidamente y luego en condiciones de plena igualdad, las puertas de los cuarteles se han abierto para las mujeres. Ya son más del 10% de los militares, aunque, dada la duración de la carrera castrense, aún pasarán algunos años antes de que la primera mujer se ponga las estrellas de general.