De amenaza interior a instrumento exterior

Durante años se le llamó, eufemísticamente, el "supuesto constitucional máximo"; aunque era claramente inconstitucional: la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder para defender la unidad de España o la propia Constitución de una presunta amenaza. Dicha hipótesis, alentada desde la ultraderecha, pretendía basarse en el artículo 8 de la Carta Magna, que encomienda a los ejércitos de Tierra, la Armada y el Aire la misión de "garantizar la soberanía e independencia de España, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Este texto figuraba ya en el primer borrador de la Constitución, filtrado en noviembre de 1977, y no se alteró durante la negociación, si bien experimentó un sustancial avance, pasando del artículo 123 al 8 e incorporándose así al Título Preliminar de la Carta Magna, donde se sientan las bases de la Monarquía parlamentaria.

ARTÍCULO 8, 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional

Fue una concesión de las fuerzas políticas hacia la institución a la que el general Franco había encomendado el papel de cancerbero del régimen surgido de la Guerra Civil. La visualización del engarce de las Fuerzas Armadas heredadas del franquismo en el nuevo Estado democrático se plasmó en junio de 1978, cuando el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado acudió por primera vez de uniforme al Congreso para votar la Constitución. El 23 de febrero de 1981, la resistencia del propio general Gutiérrez Mellado a doblegarse ante los golpistas salvó al Ejército del descrédito al que le arrastraban un puñado de nostálgicos salvapatrias, espoleados por un terrorismo que se cebó con particular crueldad en los militares.

La llegada del PSOE al poder, el 28 de octubre de 1982, sólo un mes después de que se desarticulara la última intentona, puso fin a más de un siglo de asonadas y pronunciamientos militares. Pero la definitiva subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil llevó más tiempo. Requirió de una serie de reformas, como la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, de 1984, modificación de la de 1980, en la que se dejaba claro que la dirección de la política militar corresponde al presidente del Gobierno, y por delegación, al ministro de Defensa, relegando a la Junta de Jefes de Estado Mayor al papel de órgano asesor de los anteriores, y acabando así con las ilusiones de los defensores de la llamada autonomía militar: la subordinación directa de los ejércitos al Rey, al margen del Gobierno.

Sin embargo, más allá de los cambios legales, fueron las nuevas misiones las que obligaron a las Fuerzas Armadas a dejar de mirar hacia la situación interna para volcarse en la política exterior. El referéndum de 1986 confirmó la pertenencia de España a la OTAN, en la que Calvo Sotelo la metió a toda prisa en mayo de 1982, y en 1989 los primeros oficiales se incorporaron a una operación de la ONU en Angola. Desde entonces, más de 50.000 militares españoles han estado en Namibia, Centroamérica, Kurdistán, Bosnia, Kosovo o Irak. Aunque estas misiones no figuraban en el artículo 8, se han convertido en la principal actividad del Ejército, que tuvo que cambiar una estructura basada en la ocupación del propio territorio por otra dirigida a la proyección exterior.

Del Ejército de masas de principios de los ochenta (con más de 330.000 efectivos) se pasó a otro reducido (120.000 en la actualidad), que, aunque no con la rapidez que esperaban los militares, ha ido dotándose de los medios más avanzados: los cazas F-18 o Eurofigther, las fragatas F-100 o los carros de combate Leopard. Pese al ingreso en la OTAN, EE UU mantuvo sus bases en España -reducidas a Rota y Morón tras la dura negociación del convenio de 1988-, que jugaron un papel fundamental en las guerras del Golfo de 1991 y 2003.

Un cuarto de siglo después, el artículo 8 sigue vigente, pero ya nadie discute que la responsabilidad sobre el papel que jueguen las Fuerzas Armadas, como instrumento de política exterior o incluso como baluarte último de la integridad territorial, depende en exclusiva del Gobierno. El Ejército, en palabras de uno de sus ex jefes, José Faura, es "un servidor de la Constitución, no su intérprete".