Permeabilizar los Pirineos

Alcanzada la convergencia nominal impuesta por Maastricht y dentro de un marco de estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible, con bajos tipos de interés, en donde la política monetaria es competencia de la Unión Europea, las infraestructuras se han convertido en un importante instrumento de política económica española, cuyos objetivos principales son alcanzar la convergencia real respecto a nuestros socios comunitarios y el pleno empleo, superando los retrasos históricos que en infraestructuras hemos ido acumulando a lo largo de los años y respetando siempre las restricciones presupuestarias que imponen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el marco de este nuevo modelo, las infraestructuras constituyen un elemento desencadenante de importantes efectos económicos que contribuyen al crecimiento sostenido de la economía y que en momentos de crisis pueden actuar como instrumento de estabilización anticíclica.

En este contexto se está desarrollando la política del Ministerio de Fomento, cuyo Plan de Infraestructuras de Transporte para el periodo 2000-2007, con horizonte presupuestario y de puesta total en servicio el año 2010, pretende cancelar nuestro déficit histórico de infraestructuras y dotar al país de una red integrada que permita la vertebración de todo el territorio nacional, la cohesión económica y social y la conexión con la Red Transeuropea de Transportes, con el fin de mejorar el acceso al mercado interior. Todo ello, manteniendo la estabilidad del modelo económico y respetando los compromisos adquiridos con la UE.

Para España, dada su condición de país periférico, la estructura de su actividad productiva y la importancia del turismo, la conexión de sus infraestructuras a la Red Transeuropea de Transportes, definida en el Tratado de Maastricht, adquiere gran relevancia, ya que los estrangulamientos existentes en las interconexiones con Francia suponen un serio obstáculo para la circulación de bienes y servicios y la plena integración en el mercado interior. Por consiguiente, conseguir la total conexión de nuestro sistema de transportes con las redes francesas a través de la barrera pirenaica constituye una prioridad estratégica de cara a garantizar el desarrollo económico, incrementar nuestra competitividad y aumentar el bienestar de la colectividad.

Dentro de la Red Transeuropea de Transportes, la UE ha venido impulsando, con escaso éxito, la realización de 14 proyectos prioritarios, aprobados en 1994 en el Consejo Europeo de Essen, que, por su carácter estratégico constituyen el soporte básico de la Red Transeuropea. El ferrocarril de alta velocidad Madrid-frontera francesa, en sus dos ramales por Figueras hasta Perpignan y Hendaya hasta Dax, constituye uno de estos proyectos.

La realidad es que, hasta el momento presente, España está realizando un enorme esfuerzo económico por acercarse a la frontera francesa, por carretera y ferrocarril, para integrarse en la Red Transeuropea y vencer las dificultades que presenta la travesía de la barrera pirenaica, cuyos problemas de saturación y congestión de tráfico son manifiestos.

Frente a esta posición, Francia nunca ha mostrado gran interés por facilitar las conexiones terrestres con España y ha ido dilatando en el tiempo el cumplimiento de los acuerdos bilaterales que implicaban la realización, por su parte, de algunos enlaces concretos (acondicionamiento de la línea ferroviaria Pau-Canfranc, tramo de la línea de alta velocidad Perpignan-Montpellier, carretera Somport-Pau, etc.). Esta posición, a pesar de las negociaciones y encuentros que a nivel de conferencias intergubernamentales están teniendo lugar, se ha visto endurecida recientemente como consecuencia de su situación económica.

La realidad es que no existe una clara voluntad política por parte del Gobierno francés por establecer las conexiones con España, ya que la permeabilización de los Pirineos que, por otra parte pretende impulsar tímidamente la UE por medio de un nuevo ferrocarril para mercancías por la parte central, no constituye un objetivo prioritario para la Administración francesa, que ha apostado por la potenciación de los ejes E-O, entre los que incluye el eje Atlántico-Mediterráneo (Burdeos,Toulouse-Marsella), que pasaría a ser la nueva frontera hispano-francesa.

Partiendo de esta situación, y ante la próxima revisión de las "Orientaciones comunitarias para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes", que constituyen el marco regulador de la Red Transeuropea de Transporte, el Ministerio de Fomento ha venido desplegando una intensa actuación ante la UE para acelerar la terminación de los proyectos transfronterizos que están todavía pendientes de ejecución e incorporar nuevos proyectos prioritarios a los propuestos por la Comisión en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes y, recientemente, por el Grupo van Miert.

La construcción de un gran corredor central mixto, autopista-ferrocarril, a través del túnel de Somport y Canfranc, respectivamente; la mejora de las actuales conexiones terrestres con Francia, a través de los ejes mediterráneo y atlántico; las nuevas conexiones por carretera Barcelona-Toulouse, Lleida-Toulouse (por Vielha), Zaragoza-Pau (por Somport) y Pamplona-Orthez (por Roncesvalles), constituyen el paquete de actuaciones que propone España para alcanzar la plena conexión de nuestras redes a las europeas y poder rentabilizar el esfuerzo económico que estamos realizando.

Ante la reticente posición francesa, el Gobierno debería tomar las medidas oportunas, y la Comisión, asumir más responsabilidades en los proyectos transfronterizos y disponer de algún mecanismo jurídico (introducir el concepto de riesgo-país) o económico (fomentar la aplicación del sistema concesional) que permita impulsar la realización de los proyectos prioritarios, los cuales no deben quedar en manos de los países directamente afectados, con el riesgo de que la falta de voluntad de uno de ellos dé lugar a la paralización del mismo a pesar de haberse estimado conveniente a escala europea.

Rafael Izquierdo es catedrático de la UPM, profesor Jean Monnet y presidente del Foro de Infraestructuras y Servicios.